Yaracuy, 23 de noviembre de 2014.- Trabajadores del Estado consideran insuficiente el último incremento de 15% de la escala de sueldos y salarios de la administración pública, decretado por el presidente Nicolás Maduro, y que entrará en vigencia el 1° de diciembre. “Un aumento siempre es bienvenido, pero por más que saco cuentas no puedo cubrir los gastos de mi familia”, expresó una joven funcionaria que solicitó no mencionar su nombre. Es técnico superior universitario y labora desde hace cinco años en el organismo, sin embargo la mantienen en el primer tramo del tabulador. Agregó que pese a la oportunidad de hacer mercado en las ferias campesinas del ministerio es difícil rendir el sueldo hasta finales de mes.
Otro trabajador que estaba en una cola para comprar detergente en un supermercado del centro de la ciudad, que pidió no citar su identidad, dijo: “El sueldo no me alcanza aun con el nuevo aumento. Vivo en Charallave y solo en pasaje hasta Caracas gasto 50 bolívares diarios que suben a 100 bolívares con mi esposa, también funcionaria del Estado”.
Contó que el ingreso familiar llega a 15.000 bolívares mensuales, incluido el sueldo de su conyugue, para cubrir gastos de alimentación, servicios y de dos hijos que están en bachillerato y otro en la universidad. “El alquiler se lleva la mitad de mi salario”, afirmó.
Otra trabajadora, de 20 años de edad, señaló que vive en el apartamento de sus padres junto con su esposo y el bebé. “Con los salarios de los dos no reunimos lo suficiente para alquilar una vivienda y menos comprar una”. Ambos son bachilleres con poco tiempo en el organismo por lo que devengan sueldo mínimo.
Todos manifestaron su temor de que la inflación le gane al incremento, sobre todo, con las experiencias anteriores de que les cancelaron con retraso el nuevo salario y el pago del retroactivo no compensó el alto costo de la vida.
Tabla distorsionada. El tabulador del sector público contiene 5 cargos —3 para bachilleres y profesionales universitarios, respectivamente, y 2 para técnico superior— en el que los salarios se distribuyen en 7 niveles, los cuales establecen las remuneraciones de 500.000 y 1,4 millones de obreros y funcionarios de ministerios, institutos autónomos, fundaciones y empresas del Estado, exceptuando Petróleos de Venezuela, Guayana y eléctricas, entre otras.
Serbando Carbone, dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público y coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores, informó que los sueldos en la administración pública son bajos porque no se aplica correctamente el instructivo que rige el tabulador. “A la mayoría de los trabajadores se les deja en la primera casilla de sueldos”, dijo.
Añadió que otro problema es que los incrementos decretados por el Ejecutivo al salario mínimo, punto de partida del tabulador, en 2009 y 2010 no fueron trasladados al resto de la tabla, con lo cual se achataron los demás sueldos de la escala.
A partir de 2011 se ajustó toda la tabla, pero persistió la cancelación a destiempo de la obligación. “El decreto con el incremento de enero y mayo de 2014 salió publicado en la Gaceta Oficial en julio”, recordó.
Carbone agregó que todavía hay instituciones que no han pagado ese concepto porque el gobierno nacional no ha transferido los recursos.
José Matute, del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Parques, refirió que aún les deben el aumento salarial correspondiente al decreto de julio.
El nuevo tabulador de sueldos, en vigencia desde el 1° de diciembre próximo, coloca los salarios de los obreros/bachilleres entre 4.889,11 bolívares (igual que el mínimo) y 10.448,69 bolívares mensuales, mientras que los TSU y profesionales universitarios pasarán a devengar mensualmente de 5.405,68 y 5.750,79 a 11.158,57 y 12.031,35 bolívares, respectivamente.
Antonio Suárez, presidente de la Federación Nacional Unitaria de Empleados Públicos, aseguró que “nunca antes se había dado un ajuste al tabulador en diciembre”. Señaló que esa medida es producto de la negociación del contrato colectivo marco 2014-2016 del sector público, iniciada el 3 del presente mes en la que participan Fedeunep, Fentrasep y la federación de trabajadores jubilados. “Sabemos que hay distorsiones, pero se hace un esfuerzo por lograr un salario social que permita a los trabajadores, además del sueldo, acceder a los programas de vivienda propia, educación y salud”, indicó.
Suárez precisó que el contrato, el cual se firmará pronto, prevé mecanismos para llegar progresivamente a un sistema único de remuneraciones en la administración pública con la finalidad de corregir, por ejemplo, la situación actual en que un profesional en un ministerio gane menos que el de un instituto autónomo.
Auditar fondo de jubilación
La situación de los haberes de los trabajadores en el fondo de jubilación y pensiones de la administración pública, creado en 1986 en el gobierno del presidente Jaime Lusinchi, continúa siendo una caja negra por lo que es necesario realizar una auditoría, señaló el dirigente sindical Serbando Carbone.
“El monto del fondo es milmillonario tomando en cuenta que desde 1986 cada trabajador del sector público aporta 3% de su salario mensual, además de otro porcentaje que deposita el patrono-Estado. Hasta el presente a ningún funcionario en condición de retiro le han otorgado la pensión correspondiente”, dijo el coordinador de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público
El dirigente de Fentrasep explicó que con la finalidad de capitalizar los depósitos colocados en el fondo se estableció, al momento de su constitución, no tocarlos hasta que pasaran 20 años. “Es hora de que el gobierno rinda cuentas sobre ese dinero, el cual puede utilizarse para que el jubilado perciba la homologación de su pensión equivalente a la totalidad de su último salario”, añadió.
Carbone refirió que actualmente los recursos para pagar las jubilaciones provienen de créditos adicionales. Agregó que el fondo ahora es parte de la Tesorería de la Seguridad Social y queda la interrogante de si los recursos han sido desviados, de allí la importancia y la urgencia de la auditoría. La medida, consideró, sería una buena muestra de la voluntad de aplicar la reforma de la ley anticorrupción decretada el jueves por el presidente Nicolás Maduro.
Fuente: Noticias Yaracuy