Caracas, 28 de octubre de 2014.- Los recursos que el Tribunal Supremo de Justicia empleará en 2015 para pagar sueldos y salarios a los 32 magistrados aumentarán 48,9%. De acuerdo con el proyecto de ley de presupuesto para el próximo año esta partida será de 19,5 millones de bolívares.
Durante 2014 se destinaron al pago de altos funcionarios del Poder Judicial 13 millones de bolívares y en 2013 la asignación fue de 9,4 millones de bolívares.
En el proyecto presentado la semana pasada por el Ministerio de Finanzas ante la Asamblea Nacional se establece un presupuesto de 8,6 millardos de bolívares para el TSJ para el próximo año. Este monto representa un incremento de 9% respecto a los recursos previstos para 2014. En el fortalecimiento de las dependencias judiciales de todo el país se emplearán 2,3 millardos de bolívares.
Para el fortalecimiento de la función judicial se calcula 1,7 millardos de bolívares. En el proyecto de presupuesto se indica que el objetivo es consolidar la administración transparente de la justicia, sobre la base de los principios de autonomía, gratuidad, imparcialidad, independencia, responsabilidad y celeridad “para garantizar el Estado democrático y social de derecho y de justicia” y buscar mejor la calidad del acceso a la justicia.
Al área de previsión y protección social se asignó 1 millardo de bolívares.
Sedes óptimas. La partida reservada para la adecuación, equipamiento y mantenimiento de la infraestructura física y tecnológica del TSJ subió de 54 millones de bolívares en 2014 a 129,8 millones de bolívares para 2015.
La construcción, el mantenimiento y las mejoras de las sedes judiciales y administrativas en todo el país se llevarán 457,2 millones de bolívares. La cifra representa un incremento significativo: este año le fueron asignados al TSJ 129,9 millones de bolívares para lograr “sedes óptimas” y trabajar en la estructura física con las características apropiadas para la reorganización de la administración de justicia.
Se destinarán 2,9 millones de bolívares para la inclusión del poder popular en la administración de justicia. Para desarrollar este objetivo, se proyecta instruir a 280 voceros de consejos comunales.
En el plan operativo anual del máximo tribunal se plantea continuar con la formación de jueces y otros funcionarios del sector, así como el mejoramiento institucional de la Inspectoría General de Tribunales.
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