Caracas, 02 de agosto de 2017.- El pasado 30 de julio, fuimos testigo del ejercicio de ilegalidad e ilegitimidad más grande de la historia de Venezuela. Nicolás Maduro y su grupito de enchufados lograron torcer el curso de la justicia nacional para conseguir la aprobación de la Asamblea Nacional Constituyente, violando así la voluntad de 14 millones de venezolanos que el 16 de diciembre de 2015, se expresaron y eligieron a los diputados a la Asamblea Nacional para que los representaran.
Un proceso fraudulento, desenmascarado por la propia empresa encargada de las jornadas comiciales en el país, desde hace 10 años "Smartmatic".
La Asamblea Nacional Constituyente, es una iniciativa del chavismo para reescribir la Constitución y así, supuestamente, “devolver la paz a Venezuela”. De cuál paz estamos hablando, si durante el proceso ilegítimo 16 venezolanos perdieron la vida a manos de los cuerpos represivos y grupos paramilitares que tienen sometidos a los venezolanos.
Violencia, hambre y destrucción es lo que trae consigo la constituyente. La mayor demostración de las ansias de poder de Maduro. Sed de control y autoridad, violando por completo los estatutos de nuestra identidad republicana. Gobernados por personas que han sido acusadas de narcotráfico y lavado de dinero.
Recientemente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una nueva publicación de la Lista Clinton, donde impone serie de sanciones a funcionarios venezolanos, entre los que figura Nicolás Maduro. Propiedades en la nación norteamericana, confiscadas. Cuentas bancarias en ese país, congeladas. Visa y entrada al territorio, inhabilitadas. Y toda relación con personas o empresas estadounidenses, prohibidas. Son algunas de las consecuencias que acarrean estas sanciones.
La comunidad internacional desconoce el llamado a Constituyente y en múltiples oportunidades se han expresado para denunciar lo que consideran una "consolidación de un régimen dictatorial" en Venezuela. La usurpación del poder constitucional de la Asamblea Nacional, solo demuestra el temor que le tiene Maduro al poder de la ley y la justicia. Busca tapar con un dedo el fracaso rotundo que ha tenido al frente del gobierno de Venezuela.
Perdieron el respeto del pueblo, por eso menos de 13% del padrón electoral acudió al llamado el pasado domingo a expresarse. Frente a los 7 millones y medio de venezolanos que acudimos felizmente el pasado 16 de julio a la Consulta Popular de la Unidad, donde desconocimos el llamado a Constituyente e hicimos un llamado a la Fuerza Armada Nacional a que cumplan con verdadera función de velar por los venezolanos.
Pretenden sembrarnos el miedo, la desesperanza y la frustración. Arrecian en la persecución de nuestros hermanos. Vimos cómo sembrando terror funcionarios del SEBIN se llevaron a media noche sin explicación alguna, a Antonio Ledezma y Leopoldo López, quienes tenían media cautelar de arresto domiciliario.
Pretenden meter preso a todos aquellos que discernimos y pensamos distinto a ellos. Hemos visto el acoso que tienen contra nuestros alcaldes de la Unidad. Los venezolanos tenemos derecho a protestar y exigir que las cosas se hagan bien. Es nuestra responsabilidad permitir que los venezolanos se expresen, no debemos ser castigados por ofrecerles espacios y respuestas al pueblo.
Seguiremos luchando. Seguiremos defendiendo a Venezuela, la Constitución, la verdad y al pueblo venezolano. Nada ni nadie nos detendrá en nuestros objetivos principales: elecciones libres, respeto a la Constitución Nacional, respeto a la Asamblea y demás instituciones, libertad para todos los presos políticos. La Constituyente era solo un motivo más para lucha, no es el final de la guerra.
Unas veces se gana otras se pierde. Haber perdido una batalla no es haber perdido la guerra. Seguiremos luchando hasta conseguir la libertad de Venezuela, juntos lo podemos lograr.