Los Teques, 12 de mayo de 2017.- Debido a la insuficiencia de recursos para honrar todos los compromisos pendientes, los gremios que agrupan a los trabajadores de Miranda acordaron una equiparación de sueldos de todo el personal activo y jubilado, además de un ajuste del bono de alimentación a 108.000 bolívares a partir de mayo.
Dicha norma fue aprobada luego de una reunión sostenida este jueves entre representantes sindicales y del Ejecutivo regional, en la que se discutió la distribución de un crédito adicional aprobado por el Gobierno nacional a la entidad, cuyo monto, por un poco más de 13.600 millones de bolívares, no alcanza para cancelar los ajustes del salario mínimo y tabulador.
El secretario general del Gobierno de Miranda, Juan Fernández, recordó que tras los aumentos del gobierno nacional por concepto de sueldo y bono de alimentación de enero y marzo, respectivamente, se acumuló un déficit de más de 22.000 millones de bolívares y que aunque los representantes de las distintas dependencias gubernamentales centrales, están en pleno conocimiento de tal situación, hasta la fecha no se han asignado los recursos completos para cancelar dichos compromisos.
“El primero, por un poco más de 6.100 millones ya se hizo efectivo, y el segundo, cuya distribución se acordó por consenso gremial este jueves, para tratar de ser lo más justo posible con nuestro capital humano activo y jubilado; pese a que fue publicado en Gaceta Oficial el día 02/05/2017, aún no se cuenta con la disponibilidad financiera del mismo, ya que no se ha hecho la transferencia a las arcas de la entidad. Pero lo cierto de todo esto, es que la suma de ambos es insuficiente para pagar completo”.
Fernández rechazó el retraso en el envío de recursos, más en un momento de tanta conflictividad social en el país. “No puede haber trabajadores de primera y de segunda. Sabemos que el Gobierno paga puntualmente a los empleados nacionales, pero a los de las gobernaciones y alcaldías siempre los hace esperar. Es perentorio entender que todos los trabajadores necesitan sus ingresos para cumplir con la prioridad que es el alimento. Esperamos que desde el Gobierno nacional entiendan que el hambre no tiene color político”.
El funcionario precisó que también están a la espera de los recursos que deben ingresar por los anuncios que se hicieron el primero de mayo. “Es una obligación constitucional del Estado aprobar y transferir esos créditos”. En el caso específico de Miranda, para pagar estos compromisos se requieren más de 24.000 millones de bolívares.