Caracas, 27 de enero de 2026.- Cada vez que el chavismo habla de «reforma» petrolera conviene recordar una verdad incómoda: no hay industria más destruida por la corrupción que la petrolera venezolana, ni pueblo más empobrecido por ella. Hoy, cuando Delcy Rodríguez intenta vender una nueva reforma de la Ley de Hidrocarburos como señal de apertura y pragmatismo, lo que en realidad estamos viendo es un intento de supervivencia política de un régimen sin cabeza, sin legitimidad y sin credibilidad.
Caracas, 26 de enero de 2026.- Ante el debate sobre el proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, el movimiento Primero Justicia fijó posición: Venezuela requiere una industria petrolera recuperada para reactivar la economía y reconstruir el país, no para reconstruir redes de corrupción. Por ello advirtió que cualquier apertura será ineficaz si esta no se acompaña de seguridad jurídica y un marco institucional legítimo.
Caracas, 26 de enero de 2026.- La historia política moderna conoce bien las dictaduras clásicas: el caudillo, el partido único, la ideología totalitaria, la represión visible. Conoce también las ocupaciones: la bota extranjera, el gobierno impuesto, la administración directa. Pero hay una figura más ambigua, más corrosiva y, por ello mismo, más peligrosa para el porvenir de los pueblos: el autoritarismo o la dictadura tutelada. Y en Venezuela hoy se asoma esa figura histórica.
Caracas, 26 de enero de 2026.- Desde la extracción de Nicolás Maduro el 3 de enero —justificada de más— han ocurrido muchas cosas dentro y fuera de Venezuela. La atención de Estados Unidos, de las autoridades de facto que hoy controlan el país y de buena parte de la opinión pública se ha desplazado casi por completo hacia lo económico —y, en particular, hacia lo petrolero.
Maracaibo, 23 de enero de 2026.- A propósito de conmemorarse este 23 de enero los 68 años de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en Venezuela, sectores de la sociedad civil, políticos y gremios del estado Zulia emitieron un pronunciamiento conjunto que articula una serie de demandas centradas en la reinstitucionalización del país, la recuperación económica y el respeto a los derechos ciudadanos, a partir del mandato expresado el 28 de julio de 2024.
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