Caracas, 18 de febrero de 2025.- El 10 de enero Nicolás Maduro anunció una reforma constitucional en Venezuela. El supuesto objetivo buscaría “reestructurar el sistema político y redefinir los fundamentos de la economía nacional”. Sin embargo, esta propuesta no es un esfuerzo legítimo por democratizar el país ni por solucionar sus problemas estructurales. Se trata, en realidad, de una estrategia calculada para consolidar su poder autoritario, eliminar el Estado democrático de derecho y de justicia, y de aniquilar el sistema federal venezolano para instaurar un modelo comunal.

La reforma propuesta por Maduro no es una simple pretensión de reestructuración del sistema político. Es un ataque directo contra los principios fundamentales de la Constitución de 1999 para enterrar la soberanía popular. Su verdadero propósito también apunta a la eliminación del pluralismo político, la concentración absoluta del poder y la disolución de los últimos vestigios de institucionalidad que aún resisten.

Estado comunal y democracia representativa

La Constitución de 1999 establece con claridad el carácter democrático, representativo y descentralizado del Estado venezolano. El artículo 6 consagra que “el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables” (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999). La reforma promovida por Maduro atenta contra estos principios. Principalmente porque propone un modelo basado en el Estado comunal, una estructura paralela que no responde a los criterios del sufragio universal ni de la representación democrática.

El concepto del Estado comunal ha sido promovido desde la presidencia de Hugo Chávez. Una suerte de sueño frustrado. Pero, bajo Maduro, ha cobrado una nueva dimensión. Se busca sustituir por completo la estructura constitucional vigente, eliminando la descentralización y el poder de los gobiernos locales y regionales elegidos por el pueblo. En otras palabras, la reforma avizora pretender reemplazar la democracia representativa por un sistema de control político absoluto sin origen popular del poder.

Uno de los pilares de esta maniobra es la supresión de la autonomía de los estados y municipios. Según el artículo 164 de la Constitución, los estados tienen competencias exclusivas en materias fundamentales como la administración de sus recursos, la organización de sus instituciones y la gestión de su desarrollo económico. Sin embargo, el modelo comunal propuesto elimina estos niveles de gobierno. Los subordina a una estructura centralizada controlada por el Ejecutivo, en la actualidad a través del Ministerio del Poder Popular para las Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana. La intención es clara: desmantelar el sistema federal y reemplazarlo por un esquema en el que el poder fluya únicamente desde la cúspide del régimen.

Supresión del Estado de Derecho

La reforma constitucional impulsada por Maduro también atenta contra el principio de separación de poderes, piedra angular de cualquier Estado de derecho. La Constitución vigente establece en su artículo 136 que “el Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional” y que cada uno de estos poderes tiene funciones específicas, que deben ejercerse con autonomía. Sin embargo, en la práctica, el chavismo ha desmontado progresivamente esta separación, concentrando todas las decisiones en el Ejecutivo.

El Estado comunal consolidaría esta erosión institucional. Crearía un sistema donde el poder no emana de la soberanía popular ejercida a través del sufragio directo, sino de estructuras organizativas controladas por el régimen. Se trata de un retroceso que aniquilaría cualquier posibilidad de alternancia en el poder. Pues la representación popular dejaría de tener un papel determinante en la conducción del Estado.

El artículo 333 de la Constitución establece el deber ciudadano de defender la Carta Magna en caso de que sea desconocida por el poder. En este contexto, la reforma de Maduro constituye un golpe de facto a la Constitución. Principalmente porque intenta sustituir su marco de derechos y garantías por una estructura diseñada para perpetuar su control totalitario. Por tanto, la resistencia a esta reforma no es solo un acto político, sino un deber constitucional de los ciudadanos venezolanos.

Artículo 333 Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Constitución de Venezuela.

La implicación internacional

La consolidación del Estado comunal no es un proyecto aislado, sino parte de un entramado geopolítico en el que Maduro cuenta con el respaldo de regímenes autoritarios como los de Rusia, China, Irán, Cuba y Nicaragua. Estos gobiernos no solo han apoyado políticamente al régimen venezolano, sino que han facilitado asistencia económica y militar para garantizar su estabilidad.

El régimen que lidera el PSUV ha utilizado el Estado venezolano como un aparato al servicio de actividades al margen de la ley. En este contexto, la reforma constitucional permitiría blindar estas operaciones al eliminar cualquier vestigio de institucionalidad que pueda ser utilizado para investigar y sancionar estos delitos.

La consolidación del Estado comunal en Venezuela no solo representaría la aniquilación definitiva de la democracia en el país, sino que fortalecería la influencia de regímenes autoritarios en la región, con implicaciones directas para la seguridad hemisférica.

Resistencia constitucional

La reforma constitucional de Maduro en Venezuela no es una iniciativa de cambio legítimo. Sino, una estrategia para destruir el orden constitucional vigente y consolidar una estructura de dominación absoluta. A través de la eliminación del Estado federal y democrático de derecho, busca instaurar un sistema donde el poder se concentre exclusivamente en el Ejecutivo, sin controles ni mecanismos de rendición de cuentas.

El artículo 350 de la Constitución consagra el derecho del pueblo venezolano a desconocer cualquier régimen que contraríe los principios democráticos y los derechos fundamentales. En este sentido, la defensa de la Carta Magna no es solo una cuestión política, sino un mandato constitucional que debe ser asumido con firmeza.

Artículo 350 El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos. Constitución de Venezuela

a Constitución de 1999 sigue siendo el único marco legítimo para la reconstrucción del país y para transitar pacíficamente a la democracia. Defenderla es el único camino para recuperar la libertad y la soberanía nacional.

Este artículo fue publicado originalmente en Diálogo Político https://dialogopolitico.org/agenda/estado-comunal-venezuela/