Caracas, 04 de julio de 2023.- La secretaria nacional de Derechos Humanos de Primero Justicia Yajaira Castro de Forero, se pronunció en torno a la reanudación de las investigaciones sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela luego de que el pasado 27 de junio, el Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, obtuvo luz verde de la Sala de Cuestiones Preliminares, para continuar con sus investigaciones de conformidad con el Estatuto de Roma.

La decisión permitirá al Fiscal Khan retomar las indagaciones y tratar de identificar a los presuntos responsables de las graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en el país.

Al respecto, Castro de Forero, quien es abogada y defensora de los derechos humanos, indicó que esta “es una victoria para las víctimas”, tras recordar las fases de un proceso que ha sido doloroso para víctimas y familiares, pero también para todo un país que clama justicia.

De acuerdo con lo indicado por la también diputada a la legítima Asamblea Nacional, dicho procedimiento inició en septiembre de 2018  cuando la Fiscalía de la CPI recibió, de un grupo de países partes del Estatuto de Roma, la solicitud de investigar la comisión de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2014.

Tras el examen preliminar, la Fiscalía decidió abrir una investigación formal para establecer la verdad sobre posibles crímenes de lesa humanidad, pero también firmó un memorándum de entendimiento para asegurar la cooperación estatal a partir del principio de complementariedad.

“Esto significa que el Estado venezolano tenía que hacer una investigación genuina, auténtica. No un simulacro de investigación, no fraudes a la ley o imponiendo penas que no son compatibles con la gravedad de los crímenes que se han perpetrado”, explicó la diputada, quien agregó que también debían investigar y sancionar a todos los responsables de cada caso concreto: autores materiales, los colaboradores y la cadena de mando.

No obstante, aseveró que la mayoría de los casos donde se han cometido violaciones graves a los DDHH y presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, “están impunes”, citando el caso del concejal Fernando Albán, asesinado bajo custodia de funcionarios de la policía política Sebin, en Plaza Venezuela y cuyos responsables quisieron hacer ver como suicidio.

“Estos funcionarios fueron condenados a 5 años y 10 meses de prisión por homicidio culposo y quebrantamiento de las normas de custodia. Pero no conforme con esto, les redujeron la pena a dos años y 8 meses. Y como el caso de Fernando Albán, están todos los casos de la mayoría de las víctimas de estos crímenes”.

Forero no dudó en señalar que en Venezuela “la justicia está parcializada y sólo recibe órdenes de quienes se mantienen en el poder”, siendo esta una de las razones por las cuales la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI ordenó que el Fiscal continúe con la investigación.

Aunque la Sala concluyó que si bien Venezuela está realizando algunas diligencias de investigación, “sus procesos penales nacionales no reflejan suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía y también determinó que las investigaciones nacionales, en general, parecen centrarse en los perpetradores directos o de rango inferior. Venezuela ha tomado medidas de investigaciones limitadas y en muchos casos parece haber períodos inexplicables de inactividad investigativa”.

Otra de las razones contundentes que llevó a la Sala de Cuestiones Preliminares a tomar esta disposición, dijo, fue la decidida participación de las víctimas cuando la Sala de Cuestiones Preliminares ordenó a la Sección para la Participación de las Víctimas y Reparaciones recopilar las opiniones e inquietudes para reanudar la investigación sobre la situación de Venezuela.

“La respuesta de las víctimas no se hizo esperar y la Sección para la Participación de las Víctimas y Reparaciones recibió 8.900 opiniones de familiares, de defensores de DDHH, de abogados, estudiantes, pensionados, periodistas y trabajadores, entre otros”, señaló.

Por ello, manifestó que la reanudación se traduce en “una victoria para las víctimas” y espera que en adelante se determine la responsabilidad específica de individuos del régimen que presuntamente han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. “Aunque este proceso en la CPI es una carrera de mucha intensidad y largo aliento, no debemos perder la esperanza de que en algún momento se haga justicia para todas las víctimas”.