Caracas, 04 de febrero de 2026.- La Fuerza Armada Nacional existe para proteger a todos los venezolanos con profesionalismo, disciplina y absoluta subordinación a la Constitución. Su deber es con la Nación, no con un partido, una ideología o una camarilla. La Constitución Nacional es clara: la institución militar debe ser independiente, sin militancia política y al margen de cualquier parcialidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 328.

Por eso repudiamos las declaraciones que en el marco de la celebración del golpe de Estado del 4F de 1992, hizo el ministro Vladimir Padrino López que, como siempre, no hablan desde el espíritu institucional, sino desde la afinidad y lealtad a un régimen que durante décadas ha violentado derechos civiles y políticos, ha perseguido la disidencia, se ha robado miles de millones de dólares y ha degradado deliberadamente la función militar para convertirla en instrumento de control interno.

Lo ocurrido el 3 de enero de 2026 dejó en evidencia una realidad dolorosa: quienes han dirigido a la Fuerza Armada Nacional en estos años han destrozado sus capacidades, la han aislado del país real y han demostrado una alarmante incapacidad para proteger la paz y la estabilidad. En cualquier democracia del mundo, una actuación de ese calibre implicaría separaciones inmediatas del cargo y juicios de rendición de cuentas rigurosos: por negligencia, por abuso de poder, por ineptitud, por corrupción y por su responsabilidad en graves violaciones a los derechos humanos que deben ser investigadas y juzgadas con seriedad y debido proceso.

Venezuela necesita una transición auténtica, y eso solo será posible con una Fuerza Armada imparcial, sometida a la ley, comprometida con la defensa del ciudadano —no con la intimidación del ciudadano— y dispuesta a contribuir a un nuevo pacto nacional de convivencia.

Por ello, desde Primero Justicia exigimos:

1. Imparcialidad real y cumplimiento estricto del mandato constitucional de no militancia política (Artículo 328).
2. Cese de la represión y de cualquier colaboración con estructuras irregulares o grupos armados que amedrentan a la población.
3. Garantías institucionales para la transición: respeto a los derechos, apoyo a elecciones transparentes y subordinación plena al poder civil legítimo.

La Fuerza Armada no puede ser trinchera de una facción. Debe ser lo que el país necesita: una institución al servicio de la República, de la paz y de la dignidad de todos.

Caracas, 04 de febrero de 2026