Caracas, 03 de diciembre de 2014.- Ante la imposibilidad de acuerdo entre las cabezas del Consejo Moral Republicano para iniciar el proceso de renovación de los órganos del Poder Ciudadano, la Asamblea Nacional tomó la palabra de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, y juramentó ayer el Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, instancia que se encargará de elaborar la lista de aspirantes a los cargos de Defensor del Pueblo, Contralor y Fiscal General de la República. Ahora la AN tiene 30 días para designar las autoridades.
La semana pasada Ortega Díaz dijo que quedarían en manos del Parlamento todos los pasos para la elección de las nuevas autoridades del Poder Ciudadano, pues "no se logró un consenso" con la defensora Gabriela Ramírez y la contralora encargada Adelina González.
Ante esto el presidente de la AN, Diosdado Cabello dijo: "(...) como dice la Constitución la AN deberá tomar esa decisión ante el vencimiento de los lapsos".
En la sesión Cabello presentó a los 15 diputados formarán el Comité, de los cuales 11 serán principales (6 del PSUV y 5 de la MUD) y los otros suplentes. El Comité estará presidido por Darío Vivas (PSUV) y en la vicepresidencia tendrá a Stalin González (UNT). El resto de los titulares son: José Sánchez Montiel (UNT), Liz María Márquez (AD), Homero Ruiz (Copei), Dinorah Figuera (PJ), Marlenys Contreras (PSUV), Argelio Pérez (PSUV), Julio Chávez (PSUV), Betty Cróquer (PSUV), y Juan Carlos Alemán (PSUV).
De acuerdo con el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, la AN cuenta ahora con no más de 30 días continuos para la designación de los titulares en los tres cargos. Sin embargo, la norma no especifica si el Comité debe abrir un proceso de postulaciones (como ha sucedido con los comités electoral y judicial), o la propuesta que votará el Parlamento saldrá unilateralmente por parte del Comité. Se espera que dicha precisión la haga el Comité en los próximos días.
Los poderes deben renovarse con el voto de los dos tercios de la AN, es decir, 99 votos. De no haber acuerdo en el lapso de 30 días, la decisión pasaría a consulta popular.
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