Caracas, 13 de agosto de 2025.- La semana pasada, el gobierno de Gustavo Petro y el régimen de Nicolás Maduro firmaron, secretamente, un memorando de entendimiento para crear una Zona Económica Especial (ZEE) binacional en la frontera colombo-venezolana. La vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez lo celebró como un paso para «concretar el sueño del Libertador».
Pero lo que en el papel se presenta como una promesa de integración es, en realidad, una operación de alto riesgo: un acuerdo que traslada a Colombia un modelo copiado de regímenes autoritarios como China, Rusia e Irán. Un modelo donde no hay ley, ni controles, ni transparencia; solo opacidad, privilegios y economía negra.
La Ley de Zonas Económicas Especiales fue aprobada en Venezuela en 2022 por una Asamblea Nacional controlada por el Madurismo, sin participación ciudadana ni debate público. Se trata de un marco jurídico hecho a la medida del régimen, que permite otorgar concesiones sobre recursos naturales a potencias extranjeras bajo cláusulas confidenciales, sin contraloría institucional ni acceso a la información. En otras palabras: legalizar el despojo.
Hasta ahora, Maduro ha decretado cinco ZEE: Paraguaná, La Tortuga, Aragua, Puerto Cabello y La Guaira. En esta última, por ejemplo, se firmó un convenio con Irán para instalar una fábrica de fibra óptica. ¿Con qué controles? Ninguno. ¿Con qué garantías ambientales, laborales, fiscales? Ninguna. En un país sin separación de poderes ni instituciones autónomas, este tipo de acuerdos pueden encubrir desde lavado de dinero hasta operaciones de transferencia tecnológica con fines militares.
Las ZEE funcionan como territorios excepcionales donde no rige el derecho común. Son enclaves donde se diluyen los derechos laborales, se borran los estándares medioambientales y se suprimen los mecanismos de fiscalización. Son zonas diseñadas para atraer capitales que no buscan reglas, sino impunidad.
La respuesta es sencilla: supervivencia política. Con la economía destruida, las sanciones activas y sin acceso a financiamiento internacional, el régimen venezolano ha optado por hipotecar porciones del país a sus aliados estratégicos —China, Rusia, Irán y Turquía— a cambio de apoyo geopolítico. El coste no es solo económico. Es también institucional, social y moral.
Ahora bien, que este modelo pretenda ser exportado a Colombia debería encender todas las alarmas.
La frontera colombo-venezolana no es un espacio neutral. Es una de las zonas más violentas y porosas del mundo. Allí operan, según la organización FundaRedes, más de 40 grupos armados: disidencias de las FARC, el ELN, carteles transnacionales, bandas paramilitares, mega bandas. Esa estructura criminal se mueve con la anuencia —y en ocasiones la complicidad— del aparato estatal venezolano. Y lo hace a sangre y fuego: extorsiona, desplaza, asesina y controla economías paralelas basadas en contrabando, narcotráfico y minería ilegal.
Insertar una ZEE binacional en ese contexto no es un proyecto de desarrollo: es un experimento geopolítico de alto riesgo. Se trata de legalizar un territorio sin ley bajo el ropaje de «integración económica». Un escudo legal para la expansión del crimen organizado. Una puerta abierta a la convergencia entre capitales opacos, mafias transfronterizas y regímenes autoritarios.
Lo que se juega aquí no es una alianza comercial, sino una operación ideológica. La sintonía entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro no se explica por la economía, sino por la política. No se trata de levantar la frontera, sino de redibujarla según los intereses del poder.
La agenda de Maduro no es exportar inversión: es exportar su modelo. Contagiar a Colombia del virus del Madurismo. Normalizar la excepción como regla, debilitar los controles, erosionar la independencia judicial, multiplicar las zonas grises donde el Estado se convierte en cómplice de las mafias que dice combatir.
Las ZEE son solo el instrumento. El objetivo es otro: consolidar un ecosistema de poder regional donde la criminalidad organizada y la impunidad se fortalezcan bajo un relato integrador. La patria grande de la que hablan no es la de Bolívar, sino la del crimen transnacional.
Frente a esta deriva, ni Colombia puede mirar hacia otro lado, ni Venezuela puede seguir siendo un laboratorio de impunidad global. Lo que ocurre en la frontera afecta a toda la región. Las mafias no reconocen banderas. El narcotráfico no respeta soberanías. La corrupción no entiende de tratados.
Por eso insistimos: no habrá paz en Colombia mientras Venezuela no recupere su democracia. No habrá frontera segura mientras las mafias gobiernen en ambos lados. Y no habrá integración verdadera si lo que se integra es la criminalidad, no la justicia.
Es hora de hablar claro. Lo que está en juego no es un modelo económico. Es la definición misma de lo que significa tener democracia, tener ley, tener dignidad. Y eso —en Colombia, en Venezuela, en toda Hispanoamérica— debería importarle a cualquiera que defienda la libertad.
Este artículo se publicó originalmente en El Debate https://www.eldebate.com/internacional/20250801/madurismo-fronteras-como-venezuela-quiere-contaminar-colombia_321407.html
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