Barinas, 15 de mayo de 2014.- En la presentación del acto conclusivo por el caso que se le sigue en Barinas a los esposos Hernando Garzón y Sandra Flores, dirigente de Primero Justicia, la Juez Vanessa Parada no contempló delitos de terrorismo entre los cargos que se les imputan.

El acto conclusivo fue presentado el pasado lunes, en presencia del grupo de tres abogados defensores, quienes ahora esperan la fecha y hora de la audiencia preliminar para conocer si los esposos Garzón Flores continuarán detenidos o les concederán la libertad.

Las conclusiones de las investigaciones realizadas por la Fiscalía de Barinas, se dieron a conocer al Juez, los detenidos y sus abogados, tras haberse cumplido el lapso de 45 días que establece la ley.

Durante este tiempo, Hernando Garzón, dirigente nacional juvenil de Primero Justicia y su esposa, han permanecido privados de libertad teniendo primero como lugar de reclusión, la comandancia de policía estadal y luego el comando rural del municipio Obispos, en las afueras de la ciudad de Barinas.

El viernes de la semana pasada, los detenidos fueron trasladados al Circuito Judicial Penal de Barinas, sin haber sido notificados los abogados ni haber una boleta que justificara el procedimiento, lo que motivó la presencia de dirigentes nacionales y regionales de Primero Justicia, en rechazo al trato que se les ha dado a sus compañeros.

Hernando Garzón y Sandra Flores, se encuentran privados de libertad desde el pasado 26 de marzo, luego de que en horas de la madrugada se procediera con un allanamiento a su residencia en la urbanización Don Samuel de Barinas, que las autoridades justificaron dentro de las investigaciones a un incendio en instalaciones del Ministerio de Energía y Minas en la entidad, que calificaron en primera instancia de tratarse de terrorismo.

La detención de los esposos originó movilizaciones frente a diferentes organismos, como por ejemplo, en la Defensoría del Pueblo, donde reclamaron un pronunciamiento por los derechos de ambos y de su hijo de nueve años, a quien consideraban los manifestantes una tercera víctima de este caso.