Caracas, 01 de febrero de 2026.- España aprendió que el “atado y bien atado” funciona mientras el miedo funciona; cuando cambia el clima moral de un país, el nudo se afloja y nada vuelve a ser como antes.
Este viernes 30 de enero de 2026, Delcy Rodríguez anunció ante el Tribunal Supremo de Justicia una amnistía general para los hechos políticos desde 1999. Lo presentó como reconciliación, pero el diseño —una ley lenta, una comisión ad hoc, excepciones que ya empiezan a asomarse— delata la intención real: controlar la transición, administrarla, decidir quién entra y quién queda fuera. Nuestro reto es seguir empujando para abrir la puerta de la democracia de par en par.
Para los que no han visto el acto de Delcy en el Tribunal Supremo de Justicia, se los describo: fue menos un acto de autoridad y más un gesto de administración del pánico. La jerarquía del madurismo sin Nicolás Maduro estaba allí, completa, pero con una expresión que no se puede fingir: rigidez, rostros desencajados, el lenguaje corporal de quien se sabe desarmado y observado. Eran unos maniquíes hieráticos. Solo faltó Zapatero para tener el elenco completo de quienes instrumentalizan las violaciones de los derechos humanos. En cuanto a Delcy, su discurso de Delcy no tuvo nada de improvisación: fue leído de principio a fin, como quien no se atreve a respirar fuera del guion.
El anuncio, en sí, puede sonar “histórico”: una amnistía para presos políticos y para casos acumulados durante décadas, acompañada de la promesa de convertir El Helicoide —símbolo de represión— en un centro social. Pero el diablo está en la letra pequeña. Lo que se juega no es un gesto, sino el rumbo. Pero hay que partir de una precisión que debe ser el paradigma de todo: la dictadura no está para perdonar sino para pedir perdon de rodillas por millones de violaciones a los derechos humanos. Eso no se vio por ninguna parte y debe ser la premisa de cualquier transición sana y verdadera.
La primera pregunta es tan sencilla como reveladora: si realmente quisieran liberar y desactivar la persecución, ¿por qué no lo hacen ya? Delcy podría ordenar en horas sobreseimientos, excarcelaciones y levantamientos de medidas cautelares. Podría desmontar la arquitectura de expedientes fabricados que nos mantiene a miles bajo amenaza. Sin embargo, optó por un camino deliberadamente lento: una “ley” que será redactada por una “comisión por la paz” designada por ella misma, y no —o no directamente— por la Asamblea dominada por el oficialismo.
Esa elección no es técnica: es política. Una ley compra tiempo, permite introducir excepciones, filtrar nombres, condicionar libertades y repartir costos. Un decreto libera; una ley administrada controla. El madurismo sin cabeza no ha renunciado a su instinto principal: controlar.
Delcy añadió una condición que, por fin, pone el foco donde debe estar: dijo que no puede haber amnistía para violaciones graves de derechos humanos, homicidios y narcotráfico. Si esa frase fuese tomada en serio —si fuese real y no cosmética— la pregunta inmediata es: ¿qué ocurre con el núcleo represivo del régimen?
Porque cuando hablamos de violaciones graves no hablamos en abstracto. Hablamos de cadenas de mando, de policías políticas, de torturadores, de responsables de desapariciones, de quienes dirigieron el aparato de terror contra civiles y militares. Hablamos de figuras centrales del poder, entre ellas Diosdado Cabello y Alexander Granko Arteaga y la jerarquía que convirtió el Estado en una maquinaria de persecución.
La amnistía, si quiere tener algún contenido democrático, no puede ser un borrón y cuenta nueva que deje intacto el aparato que violó derechos. Aquí aparece la contradicción más importante que debemos vigilar: ¿cómo van a excluir a los violadores de derechos humanos si esos violadores han sido el sostén del sistema? Esa es la prueba de autenticidad del anuncio. Ellos no pueden auto perdonarse.
La segunda señal de alerta llegó rápido. Antes incluso de que exista borrador de ley, Indira Urbaneja empezó a sembrar la idea de los “excluidos”: señaló a María Corina Machado, Leopoldo López y a mí como personas que no podrían volver o que quedarían fuera del perdón.
Esto no es un detalle de opinión televisiva. Es el anticipo de una táctica: usar la amnistía como herramienta de selección política, premiando a unos, castigando a otros, y manteniendo el chantaje como mecanismo de control.
Si la amnistía nace con listas negras, no es amnistía: es otra forma de persecución, pero con lenguaje “institucional”.
Veamos la perspectiva grande: el régimen está cediendo terreno.
Sin embargo, no perdamos el hilo principal: este gesto confirma que el régimen está cediendo terreno. Delcy no anuncia una amnistía general desde el TSJ porque se siente fuerte. Lo hace porque la presión internacional se convirtió en una fuerza real y porque, dentro de Venezuela, el miedo empezó a moverse: ya ha habido marchas por la libertad de Juan Pablo Guanipa o salida de los estudiantes en muchas universidades del país. La amnistía, entonces, no es el final del ciclo. Es un síntoma: se derrite el piso.
España sabe —por experiencia histórica— que el paso decisivo no es el anuncio, sino el calendario; no es la retórica, sino las garantías. Una transición no es un discurso: es un método y el método empieza por devolver la palabra al pueblo con elecciones libres, árbitro nuevo, partidos legalizados, prensa sin mordaza y justicia independiente.
Venezuela entró en una dinámica irreversible. No porque esté “todo atado y bien atado”, sino porque el miedo cambió de bando y porque la sociedad volvió a oler la posibilidad.
Nada está garantizado. Todo exige presión. Pero la dirección es clara: o transición democrática real, o el madurismo reciclado y maquillado: esa diferencia —como en todas las transiciones— no la decide el régimen: la decide un pueblo que ya perdió el miedo y que siente que el piso de la historia volvió a moverse.
Este artículo fue publicado originalmente en El Mundo
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