26 de septiembre de 2025.- Pablo Escobar fue elegido representante suplente al Congreso de la República de Colombia en 1982. Al recibir la noticia de su victoria, le dijo a su esposa: “Prepárate para ser la Primera Dama… las puertas del palacio presidencial se abrirán para nosotros”. El narcotraficante más notorio de la historia soñaba con convertirse en presidente de su país.
Para hacer realidad ese sueño, Escobar dirigió un régimen de terror que incluyó atentados con bombas, asesinatos de jueces, policías y candidatos presidenciales, y secuestros masivos. Se desconoce el número exacto de víctimas, pero se estima que ronda las 50.000. El capo colombiano de la droga pretendía doblegar la autoridad del Estado, transformándolo en escudo y plataforma para sus negocios.
Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no lo logró. El marco institucional colombiano actuó como un baluarte contra sus incursiones. La Corte Suprema, las fuerzas armadas, los medios de comunicación y la ciudadanía se enfrentaron a Escobar e impidieron que el crimen organizado se apoderara del país. La democracia prevaleció.
Sin embargo, cuarenta años después, la visión de Escobar se hizo realidad en Venezuela. Nicolás Maduro logró lo que Pablo Escobar nunca pudo. El 25 de julio de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó al dictador venezolano como líder del Cártel de los Soles , una red de militares y funcionarios de alto rango que exportaba toneladas de cocaína.
Maduro es el jefe de la mafia en esta historia. Ha logrado fusionar el poder político con el poder criminal en un solo aparato. Colonizó el Estado venezolano y lo ha sometido al servicio del crimen organizado internacional, destruyendo así la democracia de su país.
La relación entre el chavismo-madurismo y el narcotráfico comenzó hace más de dos décadas. Fue inaugurada por Hugo Chávez, quien creó las condiciones institucionales que permitieron la degradación del Estado venezolano y lo puso al servicio del crimen organizado nacional e internacional.
Quizás el paso más importante en este sentido fue la expulsión de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). El 5 de agosto de 2005, Hugo Chávez anunció: «La DEA está utilizando la lucha contra el narcotráfico como una máscara, para apoyar el narcotráfico y para realizar operaciones de inteligencia en Venezuela contra el gobierno».
Este evento le permitió a Chávez profundizar su relación con grupos no estatales, especialmente colombianos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Fuentes venezolanas e internacionales informaron sobre el despliegue de estos grupos en Venezuela y el consiguiente aumento de la actividad criminal en la frontera.
Para 2020, estos vínculos se consolidaron. En marzo de ese año, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Nicolás Maduro de narcoterrorismo. Se le acusó de liderar, junto con otros catorce altos funcionarios, una red que había enviado más de 200 toneladas de cocaína a Estados Unidos desde 1999.
En junio de 2025, Hugo “El Pollo” Carvajal, exjefe de la inteligencia militar venezolana, se declaró culpable ante un tribunal federal de Nueva York de conspiración para importar cocaína y otros delitos relacionados. Reconoció su papel en la estructura del Cártel de los Soles y confirmó la participación de los más altos mandos militares en operaciones de narcotráfico a escala continental.
Un mes después, en julio de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos sancionó al Cártel de los Soles, vinculándolo con redes como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa. En agosto, el gobierno estadounidense aumentó la recompensa por la captura de Maduro a 50 millones de dólares. Esta es la cantidad más alta jamás ofrecida por Estados Unidos por la captura de un criminal. Durante el mismo período, Estados Unidos comenzó a intensificar su campaña militar contra las operaciones de narcotráfico vinculadas al régimen de Maduro: en agosto, el Comando Sur de Estados Unidos comenzó a desplegar buques de guerra, aeronaves y fuerzas en el Caribe, y desde el 2 de septiembre, las fuerzas estadounidenses han atacado varios supuestos barcos cargados de drogas que salían de Venezuela, matando a diecisiete personas.
El círculo más cercano de Nicolás Maduro se encuentra en el corazón del crimen organizado, tanto en Venezuela como a nivel internacional. Estos vínculos han transformado las instituciones estatales formales en estructuras que facilitan las operaciones nacionales e internacionales del Cártel de los Soles. Los generales supervisan las rutas y los envíos de tráfico; ministros y gobernadores controlan puertos, aeropuertos y fronteras; los oficiales de inteligencia salvaguardan las operaciones y eliminan obstáculos, y los diplomáticos facilitan las conexiones con redes criminales internacionales, a la vez que brindan protección política. Pero este es el punto más esencial: Nicolás Maduro ha puesto al Estado venezolano al servicio de organizaciones criminales con alcance global.
El caso de los "narcosobrinos" expuso esta dinámica. En 2015, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la primera dama Cilia Flores, fueron arrestados en Haití. Agentes de la DEA los interceptaron cuando intentaban contrabandear más de 800 kilogramos de cocaína a Estados Unidos.
Los hombres fueron juzgados y condenados en Nueva York en 2017. Durante el juicio, revelaron cómo utilizaron instalaciones oficiales, pasaportes diplomáticos y protección de los más altos niveles del gobierno para llevar a cabo sus operaciones.
Este episodio demostró la conexión directa entre el círculo familiar de Maduro y el narcotráfico. El incidente no dejó lugar a dudas: la corrupción y la complicidad llegan hasta la médula del poder dictatorial venezolano.
El Cártel de los Soles, una corporación político-militar-criminal, cuenta con rutas marítimas, aéreas y terrestres que operan de forma segura y libre en diferentes regiones. Sus cargamentos viajan en vehículos con insignias oficiales del Estado venezolano.
La Armada venezolana garantiza la salida de los cargamentos del cártel hacia Estados Unidos y Europa, y los vuelos a Centroamérica y México despegan desde pistas regulares e irregulares que operan bajo protección militar. Puertos, aeropuertos, rutas fluviales y zonas fronterizas han sido militarizados para facilitar la logística criminal. De esta manera, funcionan como refugios seguros para el narcotráfico y otras actividades ilícitas.
La pérdida de soberanía territorial es evidente: regiones enteras están bajo la influencia de redes criminales asociadas a la estructura estatal. Las zonas fronterizas y los municipios del Arco Minero, en particular, sobresalen. En estos espacios, no se aplica la ley venezolana; en cambio, prevalecen las normas impuestas por el tráfico de cocaína. La geografía del país se ha convertido en una vía abierta para el tránsito de drogas, armas y capitales ilícitos.
Además, el impacto del Cártel de los Soles trasciende fronteras. Su capacidad de coordinación con grupos como el Tren de Aragua le permite llevar a cabo operaciones violentas en otras regiones. En estas operaciones, prácticas delictivas como secuestros, extorsiones y asesinatos se entrelazan con motivaciones políticas.
Tomemos como ejemplo el asesinato de Ronald Ojeda, un exsoldado venezolano de 32 años. El 21 de febrero de 2024, un grupo de hombres que se hicieron pasar por agentes de seguridad del Estado chileno irrumpieron en su domicilio en Santiago de Chile y lo secuestraron. Días después, el joven fue encontrado muerto dentro de una maleta enterrada bajo una losa de hormigón. Investigaciones posteriores revelaron que había sido torturado y enterrado vivo, muriendo finalmente por asfixia.
El caso conmocionó a la sociedad chilena. Con testigos que declararon durante la investigación penal que las autoridades venezolanas estaban detrás del brutal asesinato, el alcance violento del régimen de Maduro se hizo evidente, junto con la cultura morbosa de la mafia y los cárteles de la droga.
La investigación reveló cuatro hechos cruciales: primero, el crimen tuvo motivaciones políticas. Ojeda, teniente del ejército, había sido expulsado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en 2017 por presunta participación en una conspiración militar para instigar un golpe de Estado. segundo, fue el segundo al mando del régimen de Maduro, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, quien ordenó el asesinato. tercero, miembros del Tren de Aragua con base en Chile perpetraron el asesinato. y, finalmente, el pago por el asesinato se realizó en Perú.
Esto ilustra el vasto alcance de las operaciones del régimen. La dictadura narcocriminal de Maduro no respeta fronteras territoriales y alinea eficientemente objetivos políticos con mecanismos criminales.
Cada cargamento que cruza el Atlántico y llega a Europa es una extensión de la amenaza criminal. El Cártel de los Soles abastece a las mafias que operan en España, Italia, Francia, Bélgica, Países Bajos y el Reino Unido, incrementando la violencia urbana, el blanqueo de capitales y la corrupción política en todo el continente. Por ello, los tentáculos del Cártel de los Soles representan una grave amenaza para la seguridad de Europa: sus puertos y ciudades han sido infiltrados por una red criminal transnacional respaldada por un estado latinoamericano.
Los mecanismos occidentales para contener la expansión criminal y autoritaria han demostrado ser claramente insuficientes. Estados Unidos, sin prejuicios ideológicos —porque el narcotráfico no entiende de ideologías—, ha tomado la iniciativa en la persecución y sanción de los responsables. Sin embargo, la mayor parte de América ha mostrado una capacidad de respuesta limitada, y el silencio europeo ha proporcionado una vía de escape para Maduro y sus cómplices, quienes han encontrado formas de traficar drogas en Europa para eludir los controles estadounidenses.
Los países de la Unión Europea deberían, en cambio, cerrar los canales financieros que el régimen de Maduro utiliza para el lavado de dinero, fortalecer la cooperación judicial, policial e incluso militar con los países latinoamericanos y apoyar la formación de una alianza de fuerzas armadas latinoamericanas para combatir el narcotráfico.
El narcoestado de Nicolás Maduro cuenta entre sus principales aliados a las autocracias mundiales, especialmente a Rusia. El Cártel de los Soles mantiene una relación directa con Moscú, posicionando a Venezuela como su principal enclave en Latinoamérica.
La presencia militar, tecnológica y de inteligencia de Rusia en Venezuela tiene al menos tres propósitos: suministrar al régimen de Maduro armas y herramientas que le permitan resistir la presión occidental, brindar protección estratégica a sus operaciones criminales e integrarlo a un eje internacional que le otorgue un lugar en la comunidad internacional.
Esta relación ha convertido a Venezuela en una plataforma geopolítica para Moscú. Desde allí, Vladimir Putin proyecta su creciente influencia sobre el continente americano. El 5 de mayo de 2025, por ejemplo, en Moscú, Maduro y Putin firmaron un acuerdo de cooperación estratégica centrado en la energía.
Los estrechos vínculos entre Moscú y Caracas son profundos y visibles. Por ello, la OTAN debe dirigir su mirada hacia Caracas, pues la lucha contra el narcotráfico y la defensa de la seguridad hemisférica son una misma batalla. Sin duda, reconocer esta conexión podría ser un primer paso crucial para contener a un estado narcoautoritario aliado con Vladimir Putin.
La dictadura de Nicolás Maduro no es una autocracia tradicional. Todos los niveles jerárquicos del régimen participan en un sistema en el que el Estado está al servicio del narcotráfico. La administración pública se ha degradado hasta convertirse en un engranaje más de la maquinaria del comercio criminal internacional.
¿Cómo impacta todo esto la lucha de los venezolanos por la democracia? No es una pregunta sencilla, pero en mi opinión es la que debe guiar los análisis del cambio político en el siglo XXI. Las teorías de la democratización del pasado simplemente no pueden afrontar los desafíos actuales.
El pueblo venezolano, por su parte, continuó construyendo una vía electoral hacia la democracia con la vista puesta en las elecciones de 2024, a pesar de las amenazas del régimen criminal de Nicolás Maduro. Esta decisión no fue ingenua y estuvo motivada por al menos dos preocupaciones estructurales.
En primer lugar, los venezolanos están profundamente comprometidos con la democracia y tienen una larga trayectoria de paz. A finales de la década de 1960, cuando América Latina era un polvorín, las fuerzas guerrilleras venezolanas depusieron voluntariamente las armas y se incorporaron a la vida política en un exitoso proceso de paz liderado por el presidente Rafael Caldera.
En segundo lugar, el compromiso democrático de los venezolanos ha impulsado el trabajo político centrado en los partidos políticos y las elecciones. En nuestra cultura política, la democracia se alcanza mediante el voto. Por eso, los venezolanos estamos preparados para las batallas electorales. Y cuando estas representan una verdadera oportunidad de cambio, las enfrentamos con especial entusiasmo.
Así, el 28 de julio de 2024, los venezolanos votaron abrumadoramente por el cambio político y la recuperación de la república. La mayoría de los ciudadanos eligió a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo. Sin embargo, ese mandato fue negado y usurpado por la dictadura de Maduro.
La voluntad popular de cambio fue reprimida por un poder cuya supervivencia depende del tráfico de cocaína, el lavado de dinero y la protección de redes criminales internacionales. La decisión soberana del pueblo venezolano fue neutralizada por una maquinaria que combina represión interna, propaganda y alianzas con el crimen organizado.
Restaurar la democracia en Venezuela no será simplemente cuestión de desmantelar una autocracia tradicional ni de reconstruir instituciones dominadas por una élite política convencional. El reto será desmantelar un sistema en el que el poder político y el poder criminal se han fusionado en un solo marco. La transición que nos espera exigirá creatividad e innovación si queremos derrotar definitivamente a los actores criminales transnacionales con una enorme capacidad de violencia y corrupción. Para remediar los males y afrontar los desafíos que presenta la autocracia gangsteril venezolana, tendremos que idear fórmulas completamente nuevas.
La prioridad después de Maduro debe ser la reconstrucción integral del Estado. Esto implica restaurar sus capacidades esenciales, especialmente el monopolio legítimo de la violencia. Sin un ejército subordinado al poder civil y al servicio de la democracia, no será posible derrotar al crimen organizado ni reafirmar el control soberano del territorio. El crimen organizado —el narcotráfico— es un cáncer que solo puede erradicarse mediante el uso legítimo de la fuerza. Antes de iniciar cualquier proceso de restauración de la democracia, Venezuela debe restituir sus fronteras, puertos, aeropuertos y zonas actualmente militarizadas con fines ilícitos bajo la autoridad del Estado. Sin este paso, todo intento de reforma institucional o apertura económica estará condenado al fracaso, ya que el Estado seguirá siendo rehén de redes criminales que operan bajo su propia lógica y en contra de los intereses de una república.
Venezuela también debe sanar las heridas culturales y morales dejadas por este prolongado período de degradación. El narcoestado ha devastado tanto la economía como el Estado, al tiempo que ha inculcado patrones culturales basados en la impunidad, la corrupción y la violencia como medios de "ascenso" social. El país debe emprender un profundo proceso de regeneración moral para que podamos reaprender lo que significa ser ciudadanos. La educación cívica, la reconstrucción del tejido social y la creación de "anticuerpos" culturales contra el crimen organizado serán tan importantes como las reformas legales, institucionales y económicas. La democracia perdura solo cuando los ciudadanos son conscientes de su responsabilidad de defender el bien común.
Finalmente, los desafíos del cambio político en Venezuela trascienden nuestras fronteras. Nuestro caso es una advertencia de alcance universal: cuando el crimen organizado se apodera de un Estado, amenaza todo el orden liberal. Las rutas, los flujos de capital y las alianzas que sustentan el régimen de Maduro no conocen límites territoriales. Países de América y Europa ya han sentido el impacto de estas redes en forma de violencia, corrupción y desestabilización política. La lucha democrática en Venezuela, por lo tanto, no es solo una causa nacional, sino parte de una batalla global por la democracia y la seguridad internacional.
Por lo tanto, la solidaridad entre las naciones libres debe profundizarse y traducirse en mecanismos de expresión más eficaces. La construcción de una nueva democracia venezolana exigirá la voluntad y el sacrificio de sus ciudadanos, así como el compromiso activo de los aliados internacionales. Derrotar su autocracia gangsteril será tanto una victoria para Venezuela como un triunfo para todos los que creen que la libertad, la dignidad humana y el Estado de derecho son más fuertes que el crimen organizado y su violencia. La causa es urgente. Y nos pertenece a todos.
Este artículo fue publicado originalmente en inglés en el sitio web Journal of Democracy https://www.journalofdemocracy.org/online-exclusive/how-venezuela-became-a-gangster-state/
Nuestro Facebook 
Nuestro twitter @pr1merojusticia
Canal Youtube primerojusticiatv
Nuestro Instagram pr1merojusticia