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Caracas, 12 de enero de 2026.- Nicolás Maduro ha sido destituido, pero la dictadura que dirigió persiste. Si este período de tutela estadounidense se prolonga demasiado, será una receta para el desastre tanto para Venezuela como para Estados Unidos.

El momento político actual de Venezuela es una paradoja de tutela: una ruptura parcial con el autoritarismo que no se ha traducido en control democrático. La destitución de Nicolás Maduro marca el fin de un largo y asfixiante ciclo autocrático centrado en un solo gobernante. Sin embargo, la forma en que se ha producido dicha ruptura —mediante la intervención externa y en coordinación con remanentes del antiguo régimen— ha generado un panorama político que es a la vez post-Maduro y aún antidemocrático. La liberación ha comenzado, pero sigue siendo parcial, controvertida e insuficiente para restaurar el autogobierno venezolano.

El régimen del chavismo o "socialismo bolivariano" no ha sido destruido, sino simplemente decapitado: le han quitado la cabeza, mientras que su cuerpo permanece prácticamente intacto. La operación militar estadounidense se llevó al dictador, pero no la desmanteló. En cambio, parece que las fuerzas democráticas podrían verse marginadas, en medio de un enfoque estricto en la estabilidad, la necesidad estratégica y la reconstrucción económica (es decir, especialmente en la reactivación de la industria petrolera). La "solución" que parece estar gestándose y que cuenta con el respaldo del poder coercitivo es el ejercicio de una tutela estadounidense sobre Venezuela que buscará ejercer una influencia de ocupación, que se justificará con apelaciones al pragmatismo y que relegará las preocupaciones sobre la democracia a un segundo plano.

La situación es cambiante, y parte de lo que escribo podría verse superado por los acontecimientos. Sin embargo, la estrategia democrática no debe esperar la certeza. En momentos de ruptura y posibilidad, lo mejor que puede hacer el análisis político es señalar los principios que deben defenderse y los límites que deben respetarse antes de que sea demasiado tarde.

En la madrugada del 3 de enero de 2026, Venezuela entró en uno de los momentos más trascendentales e inquietantes de su historia. Personal militar y policial de los Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa y los sacó del territorio venezolano. Fueron trasladados a un buque de guerra y luego transferidos a la ciudad de Nueva York, donde enfrentaron un juicio por los cargos enumerados en una acusación formal del gran jurado federal. La operación fue impecable en su ejecución, bajo la lógica de la Responsabilidad de Proteger, entendida en el derecho internacional público como una justificación excepcional para la acción destinada a poner fin al gobierno criminal a gran escala. Encontró cierta resistencia desesperada (55 soldados cubanos y venezolanos murieron tratando de defender a Maduro), pero ninguna que fuera efectiva. Y se desarrolló con una precisión que dejó pocas dudas sobre la incapacidad militar del estado venezolano. Cualquiera que sea el poder coercitivo que el régimen reivindicó a nivel nacional, se mostró incapaz de disuadir, o incluso impugnar significativamente, una intervención externa decisiva. No hubo caos.

De forma aislada, la destitución de Maduro podría haber parecido marcar el esperado colapso de una de las autocracias más arraigadas del hemisferio occidental. Sin embargo, desde sus primeras horas, las consecuencias políticas de la operación complicaron —de hecho, distorsionaron— cualquier argumento directo sobre la liberación democrática.

Tras la salida de Maduro, la secuencia de acontecimientos fue la siguiente:

El presidente Donald Trump declaró a la prensa en directo por televisión que Estados Unidos "gobernaría" Venezuela y elogió públicamente a la presidenta interina (exvicepresidenta) Delcy Rodríguez —con quien el secretario de Estado Marco Rubio había hablado por teléfono— como una interlocutora pragmática y cooperativa que estaría "dispuesta a hacer lo que consideremos necesario para que Venezuela vuelva a ser grande". Prácticamente la impuso —una funcionaria chavista de larga trayectoria y, al menos nominalmente, la número dos del régimen— como la cara visible del cambio. Al mismo tiempo, trató con desprecio a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

Este contraste no fue casual ni meramente retórico. Machado no solo es la líder indiscutible de la oposición democrática venezolana; es la figura política que cuenta con el apoyo popular más amplio y consistente dentro del país. Aunque Maduro le había prohibido postularse y un colega ganó en su lugar, ella encarna el mandato democrático expresado en las elecciones del 28 de julio de 2024, cuyo resultado Maduro negó. La postura inicial de Trump produjo así una sorprendente inversión de la legitimidad democrática: los remanentes del régimen autocrático fueron elevados como socios de gobierno, mientras que el liderazgo democrático legítimo fue relegado a un segundo plano.

Las implicaciones morales y políticas de esta inversión, de mantenerse, son profundas. El ascenso de Rodríguez se basa en la premisa cínica de que su familiaridad con el sector petrolero y su presunta capacidad para ejercer control sobre el fracturado aparato estatal venezolano son suficientes para justificar que se le conceda el poder. Este razonamiento confunde la conveniencia gerencial con la legitimidad política. El conocimiento del negocio petrolero (Rodríguez ha sido ministro de Petróleo), o incluso la capacidad de imponer el orden, no pueden justificar que se aleje a los venezolanos —y a la oposición legítima— de la liberación democrática y la democratización. La eficiencia administrativa no puede sustituir a la soberanía.

Poco después de que el presidente Trump respaldara su liderazgo, Rodríguez (que se había convertido en vicepresidenta en 2018 por nombramiento de Maduro, como es práctica en Venezuela) declaró públicamente que Nicolás Maduro había sido “secuestrado”, exigió su “liberación inmediata” e insistió en que seguía siendo el único presidente legítimo de Venezuela.

En su conferencia de prensa original, Trump ya había dicho que Rodríguez "realmente no tiene opción" de cooperar con los planes estadounidenses. Un día después, lanzó una amenaza explícita, advirtiendo que, si Rodríguez "no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente mayor que Maduro". Fue franco sobre la lógica coercitiva detrás del nuevo acuerdo: la autoridad para gobernar no emanaría de la soberanía popular ni del consenso constitucional, sino de la imposición externa respaldada por amenazas de castigo.

Rodríguez respondió entonces en un tono que contrastaba marcadamente con su desafiante discurso sobre el “secuestro” de apenas un día antes, escribiendo en inglés en Instagram: “Invitamos al gobierno de Estados Unidos a colaborar con nosotros en una agenda de cooperación orientada al desarrollo compartido en el marco del derecho internacional para fortalecer la coexistencia comunitaria duradera”.

El 6 de enero, Trump escribió en redes sociales que las "Autoridades Provisionales" de Venezuela entregarían entre treinta y cincuenta millones de barriles de petróleo sancionado por Estados Unidos para su venta a precios de mercado, y que Trump administraría las ganancias en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos. La República Popular China había sido el mayor comprador de petróleo venezolano, cuyo volumen se extrae aproximadamente una cuarta parte del que se extraía antes de que Hugo Chávez llegara al poder en 1998 y comenzara a socavar a PDVSA (la petrolera estatal) para financiar sus planes de "socialismo bolivariano" y dar empleos inexistentes a sus seguidores políticos. Sin embargo, eso va a cambiar.

Las cuatro demandas estadounidenses que Trump habría planteado a Rodríguez son: 1) dejar de permitir el flujo de drogas a través del territorio venezolano, 2) expulsar a todos los agentes de potencias hostiles como Cuba e Irán; 3) cesar la venta de petróleo sancionado a adversarios estadounidenses; y 4) eventualmente celebrar elecciones libres y estar listo para dar un paso al costado en función de sus resultados.

Vale la pena detenerse a señalar que, durante todo este proceso, el Tribunal Supremo de Venezuela emitió una sentencia escrita que autorizaba a Rodríguez a asumir la presidencia interina. Este gesto de continuidad institucional requiere un escrutinio riguroso. El propio Tribunal es un órgano totalmente subordinado a la dictadura, despojado de independencia desde hace tiempo y reconvertido en herramienta de control político. Rodríguez, además, no es una vicepresidenta legítima de la República, sino una supuesta funcionaria designada por un gobernante ilegítimo que robó los resultados de las elecciones de 2024 y, por lo tanto, secuestró la soberanía popular. No ejerce una autoridad arraigada en un mandato constitucional ni en un genuino consentimiento democrático, sino que es la persona designada por un sistema autocrático que separó la legalidad de la legitimidad hace años.

Estos primeros acontecimientos aclararon la naturaleza del momento pos-Maduro en Venezuela. Lo que había comenzado no era una transición democrática liderada por Venezuela y apoyada por socios internacionales, sino un orden interino supervisado externamente —una forma de tutela—, ejercido en coordinación con elementos del antiguo aparato autoritario, y justificado principalmente en términos de suministro de petróleo y seguridad regional. Las fuerzas democráticas no fueron incorporadas a la toma de decisiones ni reconocidas como contrapartes políticas legítimas.

Esta realidad plantea a la oposición democrática venezolana un dilema histórico. La destitución de Maduro puede marcar la apertura de un camino hacia la liberación democrática, pero actualmente esta apertura es meramente parcial y está sujeta a la gestión externa. Corre el riesgo de conducir no a la democracia, sino a una nueva y más cínica forma de autocratización en la que los autócratas se aferran al poder actuando como guardianes de intereses económicos y estratégicos externos.

La élite chavista ya no podrá permitir que China, Cuba, Rusia, Hezbolá y su patrocinador, Irán, ni los cárteles de la droga, utilicen a Venezuela y su Estado como nexo. Pero, suponiendo que se mantengan dentro de los límites de la administración Trump, ¿permitirán los chavistas la libre competencia democrática por el poder? Ese es el último punto de la lista de demandas de Estados Unidos (según lo transmitido a la prensa por "funcionarios estadounidenses" anónimos), pero no tiene una fecha límite estricta, y la oposición se mantiene a distancia. Maduro se ha ido, pero ¿se desmantelará el régimen corrupto que lo sostuvo?

Hacia lo desconocido

El momento actual de Venezuela no se ajusta al modelo de transición democrática que la tercera ola popularizó. No se trata de un pacto negociado entre gobernantes autoritarios y rivales democráticos, ni de una alternancia electoral limpia, ni de una ruptura revolucionaria. Se trata, en cambio, de una coyuntura singular, producto de la intersección de un atrincheramiento autocrático extremo, la intervención externa, el colapso institucional y el desplazamiento —en lugar del empoderamiento— de la iniciativa democrática.

Lo que Venezuela vive no es un orden posliberación, sino una liberación parcial. Maduro ha sido derrocado, pero el régimen no ha sido derrotado. Esta ruptura incompleta alimenta la expectativa de una mayor liberación, que aún podría dar lugar a la instauración democrática y, eventualmente, a su consolidación, siempre y cuando se desmantele el aparato autoritario en su conjunto.

Durante más de una década, Venezuela evolucionó de un autoritarismo competitivo a una autocracia cerrada y resiliente. Esta evolución no fue accidental. Fue impulsada por estrategias deliberadas de vaciamiento institucional, gobernanza gangsterizada y represión selectiva. Las instituciones formales se preservaron, pero se reorientaron. Los tribunales se convirtieron en herramientas para imponer la disciplina política. Las autoridades electorales no apoyaron la competencia, sino la exclusión. La administración pública impuso la dependencia en lugar de la neutralidad. La ley no desapareció; se convirtió en un arma.

Con el tiempo, el régimen consolidó lo que solo puede describirse como un estado mafioso. Las economías ilícitas, el crimen organizado y el poder político se fusionaron en un único sistema de protección mutua. Las fuerzas de seguridad, las agencias de inteligencia y los órganos judiciales se integraron en redes de extracción de rentas y control coercitivo. Esta fusión altera fundamentalmente la lógica de la transición. El desafío ya no se limita a reabrir la competencia política, sino que se extiende al desmantelamiento de los arraigados sistemas de coerción e ilegalidad sin precipitar un mayor colapso.

La represión en Venezuela adquirió un carácter estructural. La detención arbitraria, la desaparición forzada, la tortura y la persecución selectiva dejaron de ser respuestas excepcionales a la crisis y se convirtieron en instrumentos rutinarios de gobierno. El miedo se institucionalizó. La confianza social se erosionó.

Las expectativas políticas se desplomaron. Estas dinámicas generaron no solo apatía política, sino también estrategias adaptativas de supervivencia que complican la tarea de movilizarse por la democracia para aprovechar la decapitación del régimen autoritario.

Antes de su ascenso a la presidencia de facto, Rodríguez, de 56 años, y en su larga trayectoria como burócrata chavista, supervisó el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la Policía Nacional Bolivariana, las Fuerzas de Acciones Especiales y el Sistema de Defensa Territorial. Todos estos organismos han sido identificados por la Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas como autores de violaciones de derechos humanos. Rodríguez ha estado bajo sanciones impuestas durante años por Canadá, la Unión Europea, México y Estados Unidos por su importante papel en los excesos del régimen "socialista bolivariano" fundado por Hugo Chávez y dirigido desde su muerte en 2013 por su sucesor, Nicolás Maduro.

La presencia de redes criminales y terroristas transnacionales complica aún más el panorama. Bajo el gobierno de Maduro, la soberanía no se ejercía como una responsabilidad pública, sino como un activo transaccional. Hezbolá, así como grupos guerrilleros de izquierda de Colombia, se arraigaron en Venezuela con la ayuda del Estado chavista, generando flujos de dinero ilícito y economías criminales transfronterizas. Isla Margarita ha pasado de ser un atractivo turístico a ser un centro del narcotráfico y una base para Hezbolá. Los grupos armados privados son potenciales actores con poder de veto. Si se les deja solos, podrían frustrar cualquier transición que consideren una amenaza para sus intereses, independientemente de los acuerdos políticos formales.

Las alianzas externas agravaron estas dinámicas internas. Las potencias autoritarias proporcionaron apoyo en materia de seguridad e inteligencia, cobertura diplomática y asistencia financiera. Venezuela se integró a un ecosistema autoritario más amplio, resistente a las normas democráticas. Por lo tanto, cualquier transición debe sortear no solo la resistencia interna, sino también un entorno geopolítico controvertido en el que la democracia ya no es la aspiración por defecto.

La incorporación de la tutela externa a esta configuración ya compleja produce algo cualitativamente nuevo. Venezuela ya no es simplemente una autocracia arraigada que enfrenta un desafío democrático. Es una autocracia arraigada, parcialmente desplazada por el poder extranjero, sin fuerzas democráticas que controlen el proceso. Esto no es una mera incertidumbre sobre los resultados. Es una situación apenas imaginada en las teorías existentes sobre la transición democrática.

En el centro de esta dificultad reside la naturaleza del Estado del que se alejaría una transición. La teoría clásica de la transición presupone Estados que, si bien autoritarios, conservan un mínimo de coherencia institucional y un monopolio funcional de la coerción. Venezuela no cumple con este criterio. El Estado mafioso no es simplemente autoritario; está fragmentado organizativamente, criminalizado económicamente y vaciado normativamente. La autoridad se encuentra dispersa entre actores formales e informales cuyos intereses están alineados no solo con la supervivencia política, sino también con la preservación de las rentas ilícitas y la impunidad.

Esta distinción es importante. En tales contextos, el colapso de un régimen no genera automáticamente una apertura democrática. Genera un vacío. Y la política, como la naturaleza, aborrece el vacío. Grupos y personas, no interesados en ideas, sino en la supervivencia, el lucro y el poder, se esforzarán por llenarlo. La presencia de tutela externa en este vacío no resuelve el problema, sino que lo reconfigura. El poder no se reconstruye según criterios liberal-democráticos, sino que solo se desplaza.

Lo que está sucediendo en Venezuela no es —o al menos no todavía— una transición del autoritarismo a la democracia. En este punto, se trata de una lucha por determinar quién dominará el vacío posautoritario. Las fuerzas democráticas entran en esta lucha con desventajas inherentes. Carecen de influencia coercitiva o control sobre los recursos. Están aferradas a normas que sus adversarios no comparten. Imponer tutela, en lugar de igualdad de condiciones, es arriesgarse a consolidar estas asimetrías hostiles a la democracia. Esta no es una situación que los venezolanos deseen, y Estados Unidos tampoco debería desearla: los cambios que Washington desea —la salida de los actores estatales y no estatales malignos, y la entrada de las enormes inversiones necesarias para reactivar la vital industria petrolera— solo pueden ser duraderos y seguros si se obtiene el libre consentimiento del pueblo venezolano. La democracia no es un lujo aquí; es una necesidad.

¿Puede la teoría democrática ayudar? Carece de una explicación sólida de las transiciones desde estados gangsterizados bajo supervisión externa. Ni la reconstrucción posconflicto ni los marcos clásicos de democratización son plenamente aplicables. Lo que emerge, en cambio, es una condición híbrida en la que la soberanía está fragmentada, la legalidad no se restablece y la iniciativa democrática sigue siendo contingente. Esto es «lo desconocido».

Reconocer la transición como algo desconocido tiene implicaciones prácticas. Advierte contra la audacia institucional y la impaciencia política. Donde la autocracia ha alcanzado este nivel de arraigo, la principal tarea democrática no es la reinvención, sino la reconstrucción de la autoridad, la legalidad y la confianza mínima. La prudencia, en este contexto, no es timidez. Es una exigencia impuesta por la realidad.

Los pilares estratégicos de la oposición democrática

En condiciones de liberación parcial y supervisión externa, el papel de la oposición democrática venezolana se vuelve decisivo. La oposición debe enfrentar un proceso que se presenta como estabilizador y temporal, pero que excluye la participación democrática y corre el riesgo de consolidar una nueva forma de dominación. El objetivo democrático no es simplemente la destitución de un dictador, sino la derrota de la dictadura. Los principales desafíos son impulsar el desmantelamiento de la dictadura y crear lo antes posible las condiciones políticas e institucionales que promuevan la restauración de la democracia.

Es crucial desmantelar el aparato autoritario que sostuvo a Maduro: su control sobre la coerción, las instituciones, los recursos y la impunidad. No se puede confiar en este aparato, y su continua presencia amenazará con convertir las elecciones en gestos procesales en lugar de actos de soberanía. No se puede permitir que la apertura a una transición se derrumbe en una continuidad controlada, plagada de remanentes chavistas corruptos.

Quienes apoyan la democracia deberían optar por un compromiso condicional, no por la retirada ni la aquiescencia. El método consiste en interactuar con quienes ostentan el poder, preservando al mismo tiempo la voz democrática, la autoría política y la capacidad de imponer límites.

Cinco pilares estratégicos sustentarán esta postura

El primer pilar es la Constitución de 1999. Restablecer el Estado de derecho es crucial. La Constitución es el único marco legítimo capaz de consolidar la autoridad durante un período de liberación parcial. Restablece la legalidad tras una arbitrariedad prolongada, limita el poder y proporciona la base normativa de la soberanía popular. Ninguna transición puede reivindicar la legitimidad democrática si el orden constitucional se considera opcional o se aplica selectivamente. La Constitución vincula a todos los actores, tanto nacionales como externos, y sirve simultáneamente como marco de la soberanía popular y fundamento de la soberanía nacional y territorial.

El segundo pilar es la soberanía popular, expresada mediante elecciones. La legitimidad democrática emana del pueblo, no de la competencia gerencial ni de la conveniencia geopolítica. Esto requiere respetar los resultados de las elecciones de 2024 (en cuyo caso Edmundo González debe juramentar como presidente) o convocar nuevas elecciones generales para cubrir la presidencia, la legislatura nacional y las gobernaciones. Posponer indefinidamente una votación libre con el argumento de mantener la estabilidad es ceder a la lógica autoritaria y, además, contraproducente, ya que una estabilidad duradera jamás puede surgir de una situación así. Sin elecciones libres y honestas, la tutela nunca terminará, solo podrá administrarse.

El tercer pilar es un cronograma definido. El fin de la tutela no debe alejarse como el horizonte ante un viajero siempre esperanzado pero iluso. En cambio, debe mantenerse en la mira una conclusión democrática. Las elecciones generales deberían celebrarse en un año o menos. Actualmente, alrededor de ocho millones de venezolanos han emigrado para escapar de la dictadura chavista que ha desgobernado su país durante décadas. Esto les dará a quienes deseen regresar (presumiblemente la mayoría) meses que podrán usar para regresar a casa y participar en la organización y movilización política democrática dentro de Venezuela. Fijar una fecha segura consolidará las expectativas, disciplinará a los funcionarios interinos y establecerá la instauración de un gobierno democrático como un punto final visible y ejecutable, en lugar de una promesa aplazada.

El cuarto pilar es la plena reivindicación de los derechos humanos. Ninguna transición democrática puede avanzar si no se abordan las violaciones sistemáticas. Liberar a los presos políticos, detener la persecución y restablecer las libertades civiles y políticas fundamentales no son complementos humanitarios; son clave para la reconstrucción democrática. La presencia sostenida de mecanismos internacionales de derechos humanos, organismos de vigilancia y organizaciones multilaterales es indispensable, no como sustitutos de la soberanía, sino como garantía contra la recaída, las represalias y la impunidad durante un período de fragilidad institucional.

El quinto pilar se refiere a la soberanía y seguridad territorial. Ningún orden democrático puede instaurarse sin un control efectivo del territorio y la coerción. Venezuela debe desmantelar las redes criminales y terroristas que prosperaron bajo la dictadura y expulsar a las potencias autoritarias extranjeras que operan dentro de sus fronteras. La soberanía no puede invocarse selectivamente para excluir a los ciudadanos de la toma de decisiones políticas, mientras se favorece a actores ilícitos y a ejecutores externos. La autoridad democrática no puede reconstruirse sobre la base de una coerción fragmentada o privatizada.

Pero operar bajo tutela impone costos estratégicos acumulativos a los movimientos de oposición democrática; costos que rara vez son visibles al principio, pero que se profundizan con el tiempo. El efecto más inmediato es el desplazamiento de la iniciativa política. Cuando las decisiones cruciales se toman fuera del ámbito nacional, los actores nacionales se ven obligados a asumir roles reactivos. La política se convierte en una secuencia de respuestas a demandas externas en lugar de un proceso de autoría. Esta erosión de la capacidad de definir la agenda no solo debilita el liderazgo, sino que gradualmente normaliza la exclusión como una condición de la vida política.

Si persiste la tutela, esta pérdida de iniciativa se verá agravada por una distorsión más sutil: la reorganización de los incentivos dentro de la propia oposición. La proximidad al poder externo amenazará con desplazar la legitimidad interna como fuente de relevancia política. El acceso al poder extranjero reemplazará el mandato popular interno. Actuar como intermediario de ese poder reemplazará la representación de los venezolanos. El liderazgo se volverá transaccional, la rendición de cuentas se debilitará y la función representativa de la oposición se erosionará. Estas dinámicas no prepararán el terreno para la consolidación democrática. Por el contrario, producirán élites e instituciones dependientes cuya autoridad no será arraigada, sino prestada.

El tiempo apremia. La tutela acorta los horizontes temporales políticos y pospone las decisiones democráticas. Se pueden invocar preocupaciones urgentes sobre la estabilidad para justificar el retraso, pero "no nos atrevamos a agitar las aguas" puede convertirse en un argumento permanente contra las elecciones. Cada aplazamiento recalibrará las expectativas a la baja. Cada excepción sentará un precedente. La democracia rara vez se niega por completo; se aplaza gradualmente, hasta que el aplazamiento mismo se convierte en la norma. Lo que inicialmente se impuso como supervisión temporal comenzará a convertirse en un modo alternativo de gobernanza, uno que podría gobernar eficientemente (aunque esto está por verse), pero sin el consentimiento que le dé una base sólida.

Estas dinámicas amenazan con resultar particularmente corrosivas en sociedades que emergen de regímenes autoritarios prolongados. Tras años de represión, exilio y fragmentación organizacional, las fuerzas democráticas deben arreglárselas con recursos escasos y vínculos sociales debilitados. La tutela puede exacerbar estas vulnerabilidades al fomentar la acomodación individual en lugar de la reconstrucción colectiva. El pluralismo político puede dar paso a una toma de decisiones informada por poco más que un estrecho círculo de interlocutores aceptables, mientras que las fuerzas democráticas más amplias quedan excluidas.

Por esta razón, la estrategia de oposición democrática bajo tutela debe priorizar la preservación del tiempo democrático y el significado constitucional. El diálogo con el poder tutelar nunca puede sustituir el diálogo con la sociedad. Este diálogo tampoco debe diluir la capacidad de la oposición para expresar su desacuerdo, exigir rendición de cuentas y mantener la expectativa popular de que la democracia está en camino. El objetivo no es gobernar bajo supervisión, sino transitar el período de supervisión sin renunciar a los principios que posibilitan el autogobierno.

Este marco también aclara la distinción entre oposición leal y disidente. La madurez democrática no consiste en el apoyo incondicional a ningún proceso que se precie de posautoritario, ni en el rechazo reflexivo de toda interacción. Consiste en la cooperación condicional: apoyo donde se respetan el orden constitucional, los plazos electorales y las garantías de los derechos humanos; resistencia no violenta donde no se respetan. Esta postura no es obstruccionista. Es conservadora. Busca mantener la instauración democrática a la vista en un contexto que, de lo contrario, amenaza con alejarla indefinidamente.

El futuro de la agencia democrática

El momento actual de Venezuela obliga a reconsiderar algunos de los supuestos más arraigados de la tercera ola de democratización. La teoría clásica de la transición suponía que los actores nacionales impulsarían principalmente las aperturas democráticas, que la influencia externa sería de apoyo, no central, y que la destitución de un gobernante autocrático tendería, aunque de forma imperfecta, a ampliar el espacio para la soberanía popular. Ninguno de estos supuestos se cumple con comodidad en el caso venezolano: el país se encuentra fuera del "mapa" habitual de la democratización.

La tentación, en tales circunstancias, es normalizar la tutela como un correctivo necesario: argumentar que, dada la profunda decadencia institucional y la naturaleza gangsterizada del Estado, el control externo es la única vía realista para la estabilización. Sin embargo, si no se controla esta lógica, corre el riesgo de transformar los medios en fines. La tutela justificada como temporal puede volverse permanente. La sustitución justificada como pragmática puede volverse excluyente. La democracia postergada en nombre del realismo puede ser sustituida discretamente por un orden gestionado, estable, funcional y fundamentalmente posdemocrático.

Esto plantea un dilema normativo más amplio. Si la democracia se reduce a un resultado que debe obtenerse en lugar de una práctica que debe ejercerse, su contenido se vuelve negociable. Las elecciones se vuelven opcionales. La soberanía se vuelve condicional. La iniciativa democrática se vuelve residual. En ese punto, la democracia deja de funcionar como un límite al poder y se convierte en una etiqueta adherida a los mecanismos de gobernanza considerados aceptables por actores externos.

El caso venezolano también invita a la reflexión sobre la evolución de la relación entre democracia y poder en el sistema internacional. En el auge de la tercera ola, las transiciones democráticas solían presentarse como expresiones de un impulso histórico. Hoy en día, se las trata cada vez más como problemas de gestión. Este cambio refleja no solo cambios en la política global, sino también un mayor malestar ante la incertidumbre democrática. Donde antes la democracia simbolizaba resolución, ahora se presenta como riesgo.

La tutela surge en este contexto como respuesta al miedo: miedo a la inestabilidad, a la migración, a la perturbación económica, a las repercusiones geopolíticas. Sin embargo, el miedo es un mal arquitecto del orden democrático. Cuando las transiciones se diseñan principalmente para minimizar los costos externos en lugar de restaurar la legitimidad interna, pueden lograr una calma a corto plazo, pero a costa de inducir fragilidad a largo plazo. En otras palabras, si se busca una «estabilidad estable» en lugar de «estabilidad solo cuando el poder tutelar observa», es necesario introducir el principio del consentimiento democrático.

En este contexto, la insistencia en los límites —constitucionales, temporales y políticos— adquiere una renovada relevancia. Los límites no son obstáculos para la eficacia; son salvaguardias contra la erosión silenciosa del significado democrático. Garantizan que la tutela, si existe, siga siendo un puente en lugar de un obstáculo.

Por eso el tiempo y la soberanía popular son tan importantes en el caso venezolano. No son principios abstractos. Son los únicos límites disponibles para un proceso que, de otro modo, carece de control interno. El tiempo no funciona como una demora, sino como una salvaguardia contra la normalización, la habituación y la erosión de las expectativas democráticas. Las elecciones no son un fetiche procesal, sino el único mecanismo mediante el cual se puede poner fin definitivamente a la tutela.

La distinción entre oposición leal y disidente adquiere especial relevancia aquí. La madurez democrática no consiste en la gratitud por la liberación, sino en la vigilancia de sus términos. La cooperación condicional no es traición; la aquiescencia incondicional sí lo es. La tarea del liderazgo democrático es preservar la iniciativa democrática en condiciones diseñadas para disolverla.

Venezuela se convierte así en algo más que un caso nacional. Se convierte en una prueba de resistencia para la democracia en una era de autocracias resilientes y una geopolítica asertiva. Se pregunta si las democracias están dispuestas a aceptar resultados que quizás sean eficientes, pero seguramente ilegítimos; posiblemente ordenados, pero ciertamente excluyentes; y temporalmente estables, pero políticamente vacíos. Se pregunta si se espera que los actores democráticos agradezcan la liberación, incluso cuando esta se produce a costa del autogobierno.

La respuesta a estas preguntas afectará no solo el futuro de Venezuela, sino también la credibilidad de la democracia como proyecto global. Si la democracia puede suspenderse cuando sea inconveniente o la soberanía desplazada cuando complique la estrategia, entonces el lenguaje del compromiso democrático se derrumba en «ruido y furia, sin significado alguno».

Venezuela se convertiría entonces en un modelo desastroso: derrocar al dictador, pero mantener su maquinaria en marcha, gestionar el país, posponer las elecciones y llamar al resultado «estabilidad». Este modelo prosperaría —porque parece eficiente, porque es tentador, porque reduce el costo para la potencia o potencias intervinientes—, pero también sembraría las semillas de la próxima crisis.

La tutela sin reloj, sin elecciones y sin oposición democrática no producirá una toma de posesión democrática, ni mucho menos una consolidación democrática, porque deja intacto el régimen autoritario bajo una fachada post-Maduro. Generará dependencia, resentimiento y una política de humillación. Esto —repito— no será una receta para la estabilidad.

La única salida defendible es, por lo tanto, explícita y ejecutable: si la prudencia dicta un período de supervisión provisional, que su duración sea lo más breve posible, con una fecha de finalización clara. Que ese calendario sea público, no secreto. Y que se celebren elecciones libres y competitivas sin demoras indebidas para que los venezolanos puedan volver a ser los artífices de su propio orden político. La democracia constitucional es el camino más seguro y eficaz hacia la estabilidad y la recuperación nacional. Venezuela debe encaminarse hacia esa vía cuanto antes. Sin el consenso democrático materializado en las urnas, la tutela se convertirá en un mero eufemismo para designar el gobierno de los fuertes.

Este artículo se publicó originalmente en inglés en el sitio Journal of Democracy . Traducción automática por Google Translate.