La ley es el origen y el límite del poder público. La Constitución es un marco para el gobierno democrático que protege las libertades fundamentales de los ciudadanos frente a las mayorías circunstanciales, al tiempo que permite que los ciudadanos se gobiernen a si mismos de manera efectiva. Un sistema de justicia independiente, accesible y eficiente es la única defensa que tienen los derechos ciudadanos ante la prepotencia y las arbitrariedades del poder.

Reivindicamos la separación de poderes como mecanismo de contrapeso y transparencia en el ejercicio de la autoridad. Planteamos la selección de las máximas autoridades del sistema de justicia con base en la meritocracia y no en el servilismo.