Caracas, 10 de febrero de 2022.- Es indudable, la dolarización de facto en la economía venezolana ha representado un verdadero respiro para muchos sectores del país. Aunque desordenada y desigual, al dejar al margen a una gran parte de los venezolanos que no han logrado transformar sus ingresos en divisa extranjera; sin la dolarización no hubiese sido posible, por ejemplo, que los anaqueles de supermercados se abastecieran nuevamente, en gran parte con productos importados, pero también con producción de empresas venezolanas que vieron en esta “nueva etapa” de la economía nacional una oportunidad para producir sin las pérdidas que los controles de precios y las políticas inquisidoras del Estado les habían ocasionado durante años.

Pero también fue precisamente la dolarización la que obligó a otra gran parte del país a salir del sistema de empleo formal. Algunos llaman a esta estampida “reinvención”, pero para la mayoría este proceso está lejos de representar un paso bien pensado o planificado, sino puro instinto de supervivencia. De acuerdo a cifras del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la UCAB, ocho de cada diez trabajadores se encontraban en el sector informal en 2021. Una situación que lejos de ser motivo de orgullo, debería generar profunda preocupación, no solo por el estado de vulnerabilidad actual de millones de trabajadores, sino también por lo que que representa para un país que al menos el 80% de su población activa no pueda de cotizar a un sistema de previsión social que les permita vivir, una vez decidan pasar a retiro, una vejez dignamente.

En esta ola de liberalización, también se montaron quienes teniendo fondos de dudosa procedencia, al verse impedidos de disfrutar ese dinero en el exterior tras el efecto de sanciones de la comunidad internacional, decidieron blanquear sus millones en Venezuela. Vemos entonces como una nueva clase económica ha emergido de la nada en los últimos años, abriendo bodegones, tiendas por departamentos, supermercados, restaurantes y hasta falsas franquicias piratas internacionales.

Algunos pudieran pensar al constatar este estado de cosas que el proceso de dolarización en Venezuela es irreversible, que es imposible retroceder a niveles de control de cambio y de precios equiparables a esos que nos trajeron a la crisis actual. Lamentablemente, no estaría tan seguro de tal afirmación, al final un respiro no deja de ser algo muy fugaz, como será fugaz cualquier proceso de reforma económica que no se apoye sobre un marco jurídico claro y estable. Para que haya crecimiento y prosperidad económica, lo hemos dicho muchas veces, se necesita seguridad jurídica y eso solo se logra un Estado de derecho sólido, algo que jamás podrá garantizar una dictadura.

Las últimas medidas adoptadas por la Asamblea Nacional chavista son prueba de ello, no hay certeza para nadie en una dictadura. El chavismo sabe que al mantener la dolarización en las actuales condiciones, se juega su permanencia en el poder, necesitan beneficiarse de la burbuja económica y ya no solo a través de sus testaferros, sino imponiendo un impuesto a las transacciones que le permita al Estado todopoderoso recuperar su capacidad de gasto público. Hoy mermada producto de la destrucción de la industria petrolera.

Quienes no entienden nada, quizás lo hagan recordando lo peligroso que puede ser para una dictadura totalitaria que cada vez menos ciudadanos dependan del Estado, que haya empresas prósperas capaces de ofrecer salarios dignos, que el trabajo sea el motor de desarrollo de un país y no la mano del Estado “benefactor”. Sin posibilidad de chantaje el chavismo terminará desapareciendo, ellos lo saben, por eso revertirán todo aquello que ponga en riesgo su hegemonía. Ya lo saben, guerra avisada no quiebra bodegón.