Maracaibo, 23 de junio de 2017.- “No quiero ver un Guardia Nacional más cometiendo una atrocidad en la calle. El que se aparte de la línea de Estado, de la preeminencia de los derechos humanos, del respeto a los derechos humanos y que se comporte no como un profesional, tiene que asumir su responsabilidad”. Estas son palabras huecas del Ministro de la Defensa que, desde mi perspectiva, buscan constituirse en una especie de coartada para justificar su propia responsabilidad en la represión que ha ido incrementándose día a día, de manera cruenta, desde hace más de ochenta días cuando se inició una jornada de protestas pacíficas y constitucionales que se mantendrán hasta que Venezuela pueda resolver esta crisis generada por un gobierno convertido en dictadura.

La protesta está en la esencia de la democracia y, en nuestro caso, está respaldada por el artículo 68 de la Constitución Nacional. ¿Qué ha movido a éste régimen a tratar de impedirla y ante su fracaso, a reprimirla de manera salvaje? Creo que la respuesta está en el miedo. Maduro y sus cómplices en esta afrenta en contra de la civilidad, saben que perdieron definitivamente el apoyo popular. Saben que al no tenerlo, han desarrollado acciones que reflejan una gravísima violacion del orden constitucional. Saben que para impedir que la voluntad popular dirija el presente y futuro de este país, han tenido como cómplices necesarios al Tribunal Supremo de Justicia, al Consejo Nacional Electoral y a la Fuerza Armada Nacional, cuyas cabezas, la mayoría designada írritamente por el dictador en ejercicio, actúan como comparsa en esta farsa de democracia que nadie en Venezuela y el mundo cree.

Las agresiones de la represión han cobrado ya cerca de 80 vidas, miles de heridos, detenidos y perseguidos. La forma de agresión comienza con la imposibilidad de concentrarnos para marchar, luego el lanzamiento de gas pimienta, bombas lacrimógenas, perdigones, metras y balas. La Guardia Nacional se deshonra con funcionarios que dan órdenes de agredir al pueblo y efectivos que cumplen esas órdenes sabiendo que no están obligados a ello. Los Padrino, Reverol, Benavides y otros, muchos más, tendrán que asumir la responsabilidad de estas muertes y heridas que han enlutado o afectado a miles de familias venezolanas. Las atrocidades están a la vista de Venezuela y del mundo.

Cómplices de estas atrocidades son los gobernantes de diversos países de la Organización de Estados Americanos que han tomado la decisión de hacerse indiferentes ante el clamor de justicia que sale de las entrañas del pueblo venezolano. El pasado lunes hubo una importante votación para aprobar un documento en favor de la paz y la justicia en nuestro país. Aunque logramos como pueblo la votación favorable mayoritaria, hicieron falta tres votos para lograr la mayoría calificada necesaria. Debemos agradecer a los cancilleres de Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Uruguay. Veinte de los 34 países que forman parte de la OEA, estuvieron a favor de los ciudadanos de Venezuela. Esos veinte países representan al 93,32% de la población de los paises de América y el 97,76% de su Producto Interno Bruto, lo cual refleja que es casi unánime el apoyo que recibimos de nuestros hermanos americanos. No estamos solos en esta lucha por la democracia, la república y la dignidad. Habría sí que revisar en la OEA la creación de instancias que representen a los Estados y otras que representen a la población. Eso sería básico para lograr decisiones acordes con el sentir de los pueblos.

Lamentamos que algunos países de Centroamérica y del Caribe hayan preferido recibir regalos del régimen venezolano, antes que actuar de acuerdo a los principios universales de la democracia. Esperamos que en la Asamblea Anual de la OEA pueda discutirse de nuevo el tema venezolano y contemos con los 18 votos necesarios en esa instancia. Que se acaben las atrocidades aquí y allá.