Caracas, 03 de diciembre de 2014.- Estamos a casi un año de un proceso electoral trascendental para Venezuela. Se trata de las elecciones para elegir a los 164 diputados que nos representarán en la Asamblea Nacional y definirán el rumbo de nuestro país.

Es evidente que para el gobierno de Maduro “el fin justifica los medios”, pues hemos visto como pretenden por cualquier vía apartar, dañar y liquidar moralmente a los diputados en ejercicio. Ha ocurrido que por no estar de acuerdo con las políticas del régimen, hasta los propios legisladores y dirigentes que se llamaban “chavistas”, han sido arrestados o apartados del juego, en algunos casos en dudosas circunstancias.

En fin, cuando se habla de elecciones en Venezuela, pareciera que la orden presidencial es, “dejen todo y dedíquense a hacer campaña con el dinero de los venezolanos”. Esta orden va desde Presidencia, pasando por todos los ministerios, gobernaciones, alcaldías, además de todas las instituciones públicas que dependen del gobierno nacional.

Tanto es así que el pasado 18 de noviembre, el Presidente Nicolás Maduro aprobó 28 leyes, situación denominada popularmente “El Paquetazo Rojo”. Esto como consecuencia de una ley habilitante que permite al presidente dictar leyes y hacer un traje a la medida del régimen para que, a pesar de la crisis, pueda obtener recursos únicamente para cumplir con sus compromisos políticos y seguir llevando la crisis hasta las últimas consecuencias. Son instrumentos legales que influyen directamente en el desempeño de todos los sectores de la sociedad como lo es la Reforma de la Ley de Inversiones Extranjeras, la Reforma de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y sus actividades conexas, la Reforma de la  Ley de Impuesto sobre la Renta, la  Reforma de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la  Reforma del Código Orgánico Tributario entre otras.

Del mismo modo, estos proyectos políticos antes de reconocer los errores, prefieren cambiar las normas vigentes y sacar del camino a quienes perciben como una piedra en el zapato. Lo propio acaba de suceder con nuestros diputados de la Alternativa Democrática Juan Carlos Caldera y María Corina Machado. Ambos excelentes parlamentarios electos por la bases en 2010. Caldera del partido Primero Justicia fue electo en una circunscripción que abarca la parroquia Petare del municipio Sucre con 122.847 votos de la zona más popular de todo el país y Machado lo fue por otra cuyo poder adquisitivo de sus electores es de clase media alta de los municipios Baruta, Chacao y El Hatillo con 235.259 votos.

Pues bien, a través del Presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, el oficialismo decidió revocar el cargo de Machado indicando que perdería su inmunidad parlamentaria, lo que permitió que el Ministerio Público la investigara por las protestas que se llevan a cabo contra la gestión del presidente Nicolás Maduro desde el mes de febrero de 2014. Del mismo modo, a Caldera se le tendió una trampa, o como se dice en Venezuela “Se le montó una olla”, en la cual por haber recibido una cantidad equivalente a 200,00 Usd, se le acuso de lavado de dinero. 

Esta es la realidad venezolana y es importante que el mundo sepa en detalle cómo operan los llamados “gobiernos revolucionarios y socialistas del siglo XXI”. Frente a ello, la alianza opositora  de Venezuela llamada Mesa de la Unidad Democrática, ha manifestado que su prioridad es ganar la mayoría de la Asamblea Nacional para ejercer un mayor control sobre los gastos del gobierno venezolano y a su vez, redactar leyes que permitan acabar con la enorme crisis económica que afecta al país desde hace varios años pero que se ha profundizado desde que el presidente Maduro asumió el poder.

Todo apunta a que los sectores adversos al gobierno escogerán sus candidatos a través de elecciones primarias, tal y como ya ocurrió en 2012 cuando Henrique Capriles se convirtió en el candidato que enfrentó al ex presidente Hugo Chávez en las presidenciales de ese año. En esa ocasión, más de 3 millones de venezolanos participaron en ese proceso electoral.

Sin embargo, la disidencia de nuestro país se mantiene alerta ante cualquier jugada del gobierno, pues ya en 2010, a pesar de que la oposición conquistó la mayoría de los votos (52%), el oficialismo obtuvo más diputados, pues modificaron las leyes electorales y las circunscripciones electorales que existían previamente. Pareciera que la crisis del gobierno es tan profunda, que ni esos mismos circuitos les servirán para obtener la mayoría parlamentario. ¿Volverán a hacerlo?