Caracas, 07 de junio de 2014.- “Toda persona se presume inocente mientras se pruebe lo contrario”. No es una frase célebre, es una garantía constitucional recogida en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Desde nuestra primera constitución hasta nuestros días la presunción de inocencia ha estado presente en el espíritu del legislador, en nuestra carta fundamental de 1811 se establecía “Todo hombre debe presumirse inocente hasta que no haya sido declarado culpable con arreglo a las leyes, y si entre tanto se juzga indispensable asegurar su persona, cualquier rigor que no sea para esto sumamente necesario debe ser reprimido”.

Con la Constitución de 1999 se reconoce como un derecho supremo el principio de la presunción de inocencia, convirtiéndose conjuntamente con el derecho de defensa,  en uno de los cimientos fundamentales del derecho procesal penal moderno venezolano. Pero algunos se olvidaron de la carta magna que antes defendían y hoy no respetan ni una sola letra.

Este derecho quedó gravemente vulnerado tras aquel triste episodio de nuestra historia en el que un exjefe de Estado ordenó en cadena de radio y televisión condenar a treinta años de prisión a una jueza que liberó a un enemigo político suyo. El expresidente, Hugo Chávez Frías, hablaba y por otro lado la jueza Afiuni era detenida junto a sus alguaciles ¿Su delito? Cumplir con una resolución de la ONU que demandaba juicio en libertad para un banquero detenido.

Aquí aunque condenamos el fondo de la acción por lo que implica que el presidente actué impartiendo órdenes expresas al poder judicial, las formas resultan más aberrantes. Lo que se buscaba se logró, el efecto que causó en los jueces venezolanos la decisión están a la vista. Por miedo o subordinación, aquí ningún juez se atreve a decidir contra el gobierno. 

Además, aquella nefasta práctica fue adoptada por su predecesor y séquito, hoy desde presidente hasta la Fiscal General adelantan opinión sobre casos emblemáticos, condenando a los señalados antes de iniciar juicio. Se les acusa, juzga y condena desde la televisión, donde el acusado es sometido las 24 horas del día a campañas de desmoralización y linchamiento mediático por el sistema de medios al servicio del gobierno.

Hoy Venezuela se solidariza con Leopoldo López porque como muchos venezolanos es víctimas de la injusticia roja. Lo fue Henrique Capriles Radonski en su momento, lo son los cientos de estudiantes imputados y condenados. Mientras una persona sufra injusticia nos afecta a todos.

No es posible mantenerse indiferente frente a tanta injusticia. Los juicios políticos confirman que en Venezuela ser opositor se convirtió en delito y eso debe tenerlo claro todo el mundo. He manifestado públicamente mis diferencias con algunas formas de protesta, pero jamás guardaré silencio frente a lo que considero un obsceno acto de terrorismo judicial. La justicia en nuestro país es el brazo político del gobierno para perseguir, sembrar miedo y terror. Acobardarnos no es la opción, porque es más difícil arrasen con un bosque cuando todos los árboles tienen raíces firmes y se mantienen en pie ¡Unidos contra la barbarie!