Caracas, 15 de febrero de 2014.- No hablamos del monopolio de la violencia legítima, que por contrato social, en teoría, debería ejercer el Estado para protegernos. Hablamos de la violencia que se auspicia contra la disidencia, contra quienes no nos asimilamos a la ideología oficial y reclamamos nuestro derecho a la protesta. Escucho de manera frecuente que la violencia es condenable venga de donde venga, coincido, pero cuando viene auspiciada desde las autoridades no con la intención de proteger, sino de perseguir, estamos frente a hechos muy graves que no podrían más que calificarse como terrorismo de Estado.

Siempre defenderé la protesta pacífica, porque es un derecho que la constitución nos otorga en su artículo 68 “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establece la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”. Los derechos se tienen o no se tienen, jamás se ejercen de manera limitada. La prohibición del gobierno de manifestaciones públicas a través del uso de sus fuerzas represivas vulnera no solo las garantías de quienes protestan ahora, sino que establece un precedente muy grave para el futuro.

La responsabilidad del Estado también es por omisión, para no hablar de complicidad. Nos referimos específicamente a los colectivos armados, quienes representan bandas parapoliciales que se han encargado a lo largo y ancho del país de hacer el “trabajo sucio”: Disolver las protestas a tiros. El saldo es lamentable, estudiantes caídos que salieron defendiendo unas ideas, que uno puede apoyar o no, pero que no merecen ser ajusticiados a manos de grupos irregulares. La principal célula de estas organizaciones delictivas opera a pocas cuadras de Miraflores, allí han logrado establecer un territorio liberado, donde el Estado no entra, ellos tienen el control.

No se puede hablar de paz cuando el gobierno no es capaz de desarmar a su propia gente. No quiero pensar que no estén interesados en hacerlo, no quiero pensar que en la mente de una persona pase la idea de enfrentar a los venezolanos en una confrontación criminal. Frente a este escenario no estaríamos frente a una guerra civil, donde los dos grupos enfrentados están armados, estaríamos frente al exterminio de una parte del país. En derecho internacional se conoce como genocidio, crimen de lesa humanidad. Muerte por razones políticas. Que nada lo permita, que reine la sensatez.

Llamamos a la responsabilidad del gobierno en este momento del país, el mundo mira cada paso que dan. La violencia del Estado o terrorismo de Estado debe terminar y permitir canales de expresión para quienes no encuentran otra manera de hacerlo que a través de las calles. Ustedes mismos se encargaron de reducir cada espacio, de conculcar libertades, de silenciar medios. Ahora la gente ve que el único canal para hacer escuchar su voz es la protesta.

Como joven no puedo más que identificarme con esta lucha de los estudiantes, que una vez más demuestran con valentía que este país no se rinde, no se entrega. El reto es encausar estas protestas hacía objetivos claros, que no se difuminen, que permitan seguir sumando apoyos, en lugar de restar. Organización debe ser la consigna en estos tiempos donde nadie está dispuesto a dejarse acorralar.