Puerto La Cruz, 15 de octubre de 2013.- La ciudad de Puerto la Cruz, registra en la actualidad un censo de 400 mil habitantes distribuidos en todos los estratos sociales. Adicionalmente, recibe un importante número de visitantes no sólo en temporadas vacacionales, sino también en el transcurso del año.

El crecimiento de la población porteña, ha incrementado significativamente la demanda de los servicios hospitalarios  en un municipio donde el sistema de salud pública, no ha logrado desarrollarse en los términos necesarios para la atención de los habitantes de la localidad.

La Organización Mundial de la Salud establece para América Latina, un promedio de 30 camas por cada 10 mil habitantes. Con una simple regla de 3, se vuelve evidente que Puerto La Cruz está muy lejos de alcanzar las 1200 camas que corresponden según el número de habitantes.

Y es que lejos de construir nuevos  hospitales y repotenciar la infraestructura ya existente, el sistema de salud porteño enfrenta el colapso de los servicios en el IVSS César Rodríguez, el posible cierre técnico de la clínica Jesús de Nazareth por parte de Saludanz, y la incertidumbre de la inauguración de la clínica municipal Paul Harris cuya construcción se ha prolongado durante muchos años en la avenida 5 de julio de Puerto la Cruz.

En el caso de los ambulatorios y módulos de Barrio Adentro la falta de insumos y de personal, la avería y hurto de los equipos médicos y aires acondicionados y el deterioro de la infraestructura comprometen y limitan la atención de las consultas y las emergencias.

Resulta cuando menos irónico que un municipio bajo la tutela de un alcalde médico, presente los niveles de precariedad que presenta Puerto la Cruz en su sistema de atención sanitaria. ¿A dónde han ido los recursos municipales destinados a la salud? ¿Por qué la Alcaldía no ha hecho de la atención sanitaria una prioridad?

Vale la pena recordar, que la imposibilidad de ofrecer servicios de salud gratuitos y de calidad, viola la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece en el Artículo 83: “La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios".