Caracas, 07 de octubre de 2013.- El régimen bolivariano debe cesar inmediatamente en el ejercicio del poder. Luego de casi década y media de destrucción cívica, republicana, democrática e institucional, ello es una auténtica premisa moral. Los venezolanos necesitamos retomar la senda de la justicia, de la libertad y de la paz para volver a ser una República democrática. Sin embargo, el mayor obstáculo para lograrlo es la propia Revolución con su naturaleza totalitaria. Y dicho más en concreto, la ilegítima presidencia de Nicolás Maduro aunada al vil entramado de corrupción y ambiciones que encarnan Diosdado Cabello, el castro-comunismo, el narcotráfico y la boliburguesía.

En los últimos meses vienen abriéndose paso dos ideas dentro la severa crisis política: el golpe de Estado y el estallido social. Es decir, las armas y la anarquía. En este punto tenemos que hablar con mucha claridad. No alentamos ni deseamos ninguno de esos escenarios. No los concebimos como cauces idóneos para devolver la justicia al pueblo venezolano. Pero también hay que decir sin titubeos que los fantasmas del golpe y del estallido han sido engendrados por el régimen. Son responsabilidad de la Revolución. Porque cuando se cultivan la injusticia y la dominación, cuando se secuestran los poderes públicos, cuando se vive de la mentira, cuando se criminalizan la disidencia y la protesta, cuando se violenta el oxígeno democrático de la prensa libre, cuando se entrega la soberanía a los intereses cubanos, cuando se saquean inescrupulosamente las arcas públicas y cuando se arrebata la posibilidad de una vida más digna, entonces se crean las condiciones sociales que explican, o por lo menos sirven de mampara, para la aventura de las armas y de la anarquía.

Frente a esta delicada situación reiteramos la necesidad de forjar un nuevo pacto de justicia para evitar que el país estalle como una bomba de tiempo, cuyas ondas expansivas arrasarían no solo al oficialismo, sino a todos los venezolanos. Y la manera de lograrlo es congregarnos en torno a los principios y valores establecidos en la Constitución. Por eso, hoy más que nunca vivimos momentos de salidas constitucionales.

¿Y cuáles son esas salidas constitucionales que pueden suscitarse separada o conjuntamente? Antes de esbozarlas, habría que señalar como cuestión previa, necesaria para cualquiera de ellas, la urgencia de forzar cuanto antes la renovación del TSJ y del CNE. Forzado lo anterior emerge, en primer lugar, la renuncia de Maduro y del gabinete ejecutivo, lo cual conduciría a nuevas elecciones presidenciales. Como segunda opción, y de ser cierta la nacionalidad colombiana de Maduro, el TSJ podría declarar la nulidad de las elecciones del 14 de abril. En ese caso la presidencia interina de la República reposaría sobre la presidencia de la AN hasta que se realicen nuevas elecciones dentro de los próximos treinta días (artículo 233 de la Constitución). En tercer lugar, se podrían convocar unas elecciones parlamentarias adelantadas, regidas por la genuina justicia electoral, de modo que se elijan nuevos diputados que representen la composición política real del país y emprendan la reconstrucción nacional. Y en cuarto lugar, la convocatoria a una Asamblea Constituyente con el propósito firme de forjar el ya mencionado pacto de pueblo y de justicia que quede cuajado en una nueva Constitución.