Caracas, 25 de febrero de 2015.- La fracción opositora del Parlamento Latinoamericano en Venezuela presentó un acuerdo para rechazar la detención del alcalde mayor Antonio Ledezma, el supuesto golpe de Estado y la persecución política contra la alternativa democrática, así como el acoso al coordinador nacional de Primero Justicia, Julio Borges. Sin embargo, luego de discutirse la propuesta esta fue negada por la fracción oficialista de la instancia legislativa.

El diputado al Parlatino, José Ramón Sánchez, explicó que el acuerdo parte de que el gobierno de Nicolás Maduro es el responsable de la crisis que padece Venezuela, lo que ha ocasionado que los ciudadanos pasen horas en interminables colas en la búsqueda de productos básicos que se encuentran desaparecidos de los anaqueles. Además de la situación precaria en materia de seguridad, salud, educación, infraestructura, electricidad y aguas, y producción nacional.

Todas estas variables, aunadas a la incapacidad de Maduro de resolver la crisis política y económica que sufren todos los venezolanos, le han llevado a “transitar por los caminos de la represión contra la oposición y la protesta social, como un mecanismo de contención de la caída del apoyo popular a Maduro y su gobierno”, señala la propuesta de acuerdo.

Frente a este escenario insostenible y la urgencia de cambio para el pueblo venezolano, los diputados democráticos proponen acordar el rechazo a los señalamientos esbozados por Maduro de un supuesto golpe de Estado, que acusan directamente al coordinador de la tolda amarilla, Julio Borges, y que con estas invenciones pretenden  vulnerar sus funciones y derechos como legislador.

Además, legisladores de oposición destacaron el rechazo enérgico a la detención arbitraria y agresiva del alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, hoy recluido en Ramo Verde.

La alternativa democrática del Parlatino, Grupo Venezolano, acordó remitir la propuesta a la Junta Directiva del Parlatino, con sede en Panamá, y también a Unasur, Parlasur, Mercosur, Celac, OEA, Parlamento Europeo y al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con el objetivo de que se pronuncien sobre la grave persecución a la disidencia iniciada por Maduro.