Caracas, 22 de agosto de 2013.- El diputado al Consejo Legislativo del estado Miranda y miembro de la dirección nacional de Primero Justicia, Richard Guevara, acudió a la Contraloría General de la República (CGR), para exigir a la encargada de este despacho, Adelina González, que investigue “con seriedad y responsabilidad”, las denuncias de corrupción contra el presidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Diosdado Cabello.

A través de una comunicación escrita, el dirigente de Primero Justicia, respondió a las declaraciones de la Contralora en relación al caso del denominado “Expediente Negro” que contiene 90 casos y 17 denuncias de corrupción en contra del actual presidente de la AN, durante su gestión como gobernador del estado Miranda.

En la comunicación Guevara indica que “en mi condición de legislador regional ante el Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Miranda, actuando en representación del pueblo de Miranda, de conformidad con lo consagrado en el artículo 11 de la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los Estados, concatenado a lo dispuesto en los artículos 51,197 y 201 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, hoy concurrimos ante la Contraloría, para hacer un llamado de atención a la ciudadana Adelina González quien recientemente indicó a los medios de comunicación social que "las auditorias concluyeron y que no había nada irregular en la gestión de Cabello en Miranda”.

Continúa la misiva entregada por el parlamentario regional: “como es del conocimiento público  a principios  del año 2009, la Procuraduría del estado Miranda, presentó ante el Ministerio Público, 17 denuncias contentivas de más de 90 casos por la presunta comisión de delitos contra del patrimonio público del estado Bolivariano de Miranda durante la administración del ex gobernador Diosdado Cabello Rondón. Una vez presentadas las denuncias, a finales del mes de mayo de 2009, la Procuraduría del estado fue notificada por el Ministerio Público de que las mismas habían sido asignadas a la Fiscal Sexta del Ministerio Público con competencia nacional, la ciudadana María Alejandra Pérez. Posteriormente, en el mes de febrero de 2010, fuimos informados por el asistente de la mencionada Fiscal, que la misma había sido relevada de conocer sobre las 17 denuncias referidas, siendo asignados los casos a la Fiscal Sexagésima Quinta (65º) del Ministerio Público con competencia plena nacional, la ciudadana María Teresa Cortés. A la presente fecha la mencionada ciudadana continúa siendo la Fiscal competente para conocer de las denuncias, pero no se han obtenido respuestas al respecto”.

Según Guevara “a los mirandinos nos causa sorpresa y nos llena de indignación ver como la Contralora General de la República haya dicho que el caso fue cerrado y que todos los Poderes Públicos se laven las manos en un asunto tan sensible para nuestro pueblo de Miranda, que sigue preguntándose ¿Qué ocurrió con estas denuncias?”.

Dijo el dirigente nacional de la tolda amarilla que “la Fiscalía nunca nos dio respuesta y ahora estas declaraciones de la Contralora. Ante esta situación en la cual pareciese que está actuando una “mano peluda”, le estamos solicitando en nuestro escrito se nos suministre el acta conclusiva de estas supuestas investigaciones, que realizó esta instancia para constatar si efectivamente se investigaron los 90 casos contenidos en las 17 denuncias que fueron consignadas ante la Fiscalía General de la República”

A su juicio “la supuesta lucha contra la corrupción que planteó el gobierno Nacional, sólo tiene como propósito la criminalización de la disidencia y el aniquilamiento moral de quienes pensamos distinto al gobierno, si hubiese sinceridad, esta situación de impunidad, complicidad y silencio no se hubiese generado y se habría investigado al presidente de la AN. Aquíel principal enemigo de la lucha contra la corrupción es la complicidad y la omisión de los poderes”.

“Se trata de 90 casos puntuales y dudamos que hayan sido investigados con la objetividad e imparcialidad que indica la Contralora”, al tiempo que recordó que la institución que dirige González “está acéfala, toda vez que la Contralora es interina y de acuerdo con la Constitución de la República, a los treinta días debe nombrarse una comisión para que se elija un sucesor con el voto de las dos terceras partes de la AN. Si quisieran luchar contra la corrupción, lo primero sería nombrar un contralor independiente y no se ha hecho, simplemente, porque así le sirve al oficialismo para utilizar los Poderes Públicos como garrote contra los opositores”, aseveró Guevara.

“Aquí se ha armado toda una alharaca, a Richard Mardo se le despojó, injustamente, de su inmunidad parlamentaria con unos argumentos pobres, y en el caso contrario, a Cabello, a quien se ha denunciado por estos 90 casos, no se le ha tocado ni con el pétalo de una rosa. Antes se hablaba de ladrones de cuello blanco, ahora podemos hablar de ladrones de cuello rojo”, señaló el parlamentario mirandino.

En la comunicación el diputado regional de Primero Justicia exige que:

1)    Se sirva informarme, si todos y cada uno de los casos enunciados fueron investigados por esta Contraloría General de la República, en caso de ser afirmativa su respuesta, hágame saber si poseen informe conclusivo alguno y cuál fue el resultado. Para ello, solicito copia certificada de estos actos conclusivos.

2)    En caso que la competencia de la investigación hubiere sido única y exclusivamente de la Contraloría General del Estado Bolivariano de Miranda, se sirva informar si tiene conocimiento de la conclusión de cada uno de ellos, si la conoce, si esta Contraloría General de la República, coincide con el dictamen (si lo hubiere) de la Contraloría General del Estado Bolivariano de Miranda. En caso contrario, se sirva indicarnos los pasos o acciones que esta Contraloría General de la República ha tomado al respecto, si no ha tomado ninguna o si piensa hacerlo, para lo cual solicito copia certificada de cada uno de ellos.

3)     Por último, se sirva informar, si ha sido recabado de parte del Ministerio Público, por Autoridad Judicial alguna o por la Asamblea Nacional o cualquiera de sus Comisiones, en alguno de los casos arriba indicados, los antecedentes Administrativos de los casos mencionados.

Por último, el dirigente nacional de Primero Justicia reiteró que “siendo que el flagelo de la corrupción destruye la democracia y sus valores, atenta contra la pobreza y la incrementa, evita su superación y le quita obras de importancia radical a la ciudadanía, conspirando contra el desarrollo y el progreso de la Nación, comprendiendo la naturaleza de los casos enunciados y su gravedad y complejidad, es que hemos venido hasta aquí para exigir respuestas inmediatas”.