Caracas, 09 de enero de 2024.- Sacrificar a los trabajadores del sector público y a los pensionados y jubilados venezolanos es la herramienta que esgrime Nicolás Maduro para intentar desacelerar la inflación, situación que ha profundizado la crisis económica en detrimento de la mayoría de la población.

A la fecha, van 662 días sin aumento salarial ni de pensiones, manteniéndose estas en Bs.130, equivalente a $3,6 al cambio oficial. Esto apunta a que el poder adquisitivo de los venezolanos es prácticamente inexistente, situación que se refleja en la caída de su capacidad de compra.

La reducción en la tasa de inflación en Venezuela, pasó de 305% en 2022 a 192% en 2023. No obstante, esta cifra no se traduce en mejora de la calidad de vida de la población y mucho menos en crecimiento económico para el país. La situación monetaria continúa siendo crítica, especialmente para los trabajadores públicos y pensionados.

2023 transcurrió entre protestas por reivindicaciones salariales, pero Maduro prefiere seguir ignorando la necesidad de los docentes y de todo el país. Apenas comienza 2024 y representantes del sector educación están organizando protestas para exigir mejoras salariales y condiciones laborales adecuadas; las cuales ya han sido menospreciadas por voceros del régimen.

Los formadores de futuro devengan sueldos de hambre que no les permite siquiera adquirir los productos de la canasta alimentaria y mucho menos pagar los costos de los servicios públicos ni de la salud. Solamente en diciembre del año recién finalizado, la tasa de inflación se situó en 3,9%, por encima del 1,9% de noviembre.

Cada día aumentan la necesidad y el hambre en Venezuela, mientras Maduro aplica la política más cruel de todas: congelar el sueldo y aprobar bonos sin ningún tipo de incidencia salarial.

El descontento y la crisis social se evidencia, no solamente en las protestas de calle organizadas por los trabajadores que dependen de la administración pública, sino también en el aumento de las actividades ligadas a la economía informal, como vía para la obtención de ingresos extra.

A pesar de la aparente estabilización del tipo de cambio, la economía venezolana sigue enfrentando desafíos significativos. La apreciación real del bolívar ha abaratado las importaciones en detrimento de la producción nacional, pero al mismo tiempo ha afectado negativamente las cuentas fiscales y las exportaciones no petroleras.

Todos los venezolanos reclaman un ajuste salarial que les permita vivir dignamente. La precariedad de sus ingresos, combinada con el aumento en el costo de vida, deriva en una situación insostenible para los trabajadores públicos y pensionados, pero fundamentalmente para los educadores, los profesionales esenciales para el desarrollo del país.

La crisis salarial agudizada bajo el régimen de Nicolás Maduro, refleja la urgente necesidad de una reforma económica que priorice el bienestar de los trabajadores y fomente un crecimiento económico inclusivo y sostenible. La lucha de los maestros venezolanos por salarios justos es un llamado a la acción, no solo para quienes ostentan el poder sino también para la comunidad internacional, en busca de soluciones que garanticen los derechos fundamentales de todos los ciudadanos en Venezuela.