Caracas, 19 de enero de 2023.- La organización política Primero Justicia acompaña las exigencias y luchas que adelantan en las calles del país los educadores venezolanos desde octubre de 2022 y que se han intensificado desde el 9 de enero de 2023, cuando debieron iniciarse las actividades escolares tras el receso decembrino.

Al respecto, el miembro de la dirección nacional José Antonio Mendoza, dijo que la tolda amarilla alza su voz para solidarizarse con los reclamos que educadores activos, pensionados y jubilados hacen por sus justas reivindicaciones salariales.

“Es una humillación, una tragedia lo que viven los educadores, que no pueden cubrir su alimentación porque los salarios de hambre, salarios inexistentes, no alcanzan para cubrir el 2% de la canasta básica. Ni siquiera para trasladarse a los centros educativos”, refirió el también diputado a la Asamblea Nacional legítima.

Es por eso que, enfatizó, vemos a los docentes desertando de sus puestos de trabajo y dedicándose a actividades extracurriculares para obtener ingresos que les permita satisfacer sus necesidades básicas y las de sus grupos familiares.

De hecho, manifestó que hay una profunda preocupación en la mayoría de los venezolanos, por la imposibilidad de hacerle frente a aspectos tan elementales como comer, movilizarse, educarse. “Es una tragedia que vive el venezolano en general. La inflación galopante vuelve sal y agua cualquier ingreso. Tenemos meses, tenemos años con esta discusión y no hay solución”.

Mendoza recordó que Primero Justicia lleva años poniendo sobre la mesa la propuesta de dolarizar el salario, para que las familias venezolanas puedan paliar la aguda crisis que nos azota desde hace una década.

“Hay que buscar una solución para que la inflación no termine por comerse ese salario. El régimen anunció una vez que el salario estaría anclado al Petro y hoy el Petro no existe”, porque “sencillamente, la única moneda que existe en el Venezuela es el dólar, porque nuestro bolívar, ya sabemos la realidad del bolívar”.

Para el también presidente de la comisión permanente de Desarrollo Social Integral de la AN, los docentes están movilizados por una justa razón, y se comprometió a hacer lo necesario para seguir acompañando a maestros y profesores universitarios, a los pensionados y jubilados, a los trabajadores públicos en sus reclamos. Por tal motivo, llamó a los venezolanos a movilizarse y a acompañar estas exigencias, porque la realidad golpea con rudeza a todos.

“Debemos encontrarnos en las calles de Venezuela para ejercer la presión necesaria. Que el régimen entienda que debe darse una solución cuanto antes al conflicto político, que debe haber elecciones libres para, en definitiva, darle solución a los múltiples problemas que aquejan al país”, agregó Mendoza.

Levantar la bandera de la justicia

Los educadores han resistido y seguirán resistiendo, alzando la voz de la Venezuela formada académicamente, que sigue trabajando para moldear hombres y mujeres libres y de pensamiento crítico.

Al respecto, la también dirigente de Primero Justicia Dinorah Figuera, se mostró solidaria con los educadores, maestros, profesores universitarios que decidieron salir a las calles y defender el derecho a la educación, pero también sus reivindicaciones sociales.

“No se justifica que Venezuela haya perdido su bono demográfico, un país que aseguraba invertiría en educación para el desarrollo de los jóvenes”, apuntó.

Figuera puntualizó que así como el Fondo de Población de Naciones Unidas y la encuesta Encovi señalan con preocupación la deserción escolar, también advirtió sobre la deserción de maestros. Decisión que adoptan porque los sueldos no alcanzan para cubrir algo tan elemental como el pasaje para ir a trabajar. “No tienen como comer, como administrar la vida básica. Los educadores venezolanos levantan la bandera de la justicia, de la lucha indeclinable para garantizar el derecho a la educación”.

La dirigente justiciera, quien además preside la legítima Asamblea Nacional, insiste en la necesidad de que todos los venezolanos trabajemos unidos y mancomunadamente para allanar el camino democrático y rescatar el valor del voto como única vía para salir democráticamente de la dictadura.

“Tenemos que brindar fe y esperanza a los maestros, a los estudiantes, a la familia venezolana. Debemos dejar la diatriba política, porque cuando nos enfrentamos hoy, hay un docente que no tiene cómo pagar la comida o un alumno que no tiene el pasaje para ir a la escuela”.

Finalmente, Figuera dijo que es el momento para “asumir democráticamente, y en positivo, las riendas con vigor y responsabilidad, para acompañar este movimiento y unir a todas las fuerzas políticas, institucionales y gremiales”.

Y repudió públicamente la persecución que la dictadura de Maduro hace al sector educación a través de sus grupos parapoliciales.

¿Qué piden los docentes?

Cabe destacar, que esta semana, el director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Carlos Calatrava, aseguró que alrededor de 96 mil docentes han emigrado del país desde 2015, cifra que enciende todas las alarmas pues actualmente quedan en ejercicio cerca de 300 mil. Y Venezuela, indicó, requiere por lo menos 256 mil nuevos docentes para atender a la actual población en edad escolar, que se calcula en 11 millones.

El personal docente, administrativo y obrero adscrito al sector educación, viene exigiendo desde diciembre de 2021 la discusión y firma de su contratación colectiva, contentiva de 70 cláusulas y beneficios para cada trabajador, que favorecerían a los tres sectores. La última se venció en 2020.

Desde entonces, desaparecieron los beneficios. El salario social no existe. El HCM para los trabajadores obreros, administrativos y docentes, desapareció; a partir de 2022, cuando pagaron el aumento del decreto presidencial, les aplanaron los sueldos, y las primas fueron eliminadas en 50%; la prima de profesionalización fue eliminada entre 30 y 60%; la maestría, el doctorado, las especialidades, prima de antigüedad, pago por niños especiales y las primas de la económica fueron disminuidas.

Además, desde el año pasado, el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) eliminó todos los beneficios contemplados en la contratación colectiva, minimizando el ingreso mensual de los docentes que hoy se ubica en $7 mensuales, en promedio.

De esta manera, el Estado venezolano viola el artículo 89 de la Constitución que refiere que los beneficios son irrenunciables; así como el artículo 91, que prevé que el salario devengado debe ser suficiente para permitir a los trabajadores vivir con dignidad y cubrir para sí  y sus familias las necesidades básicas.

Hoy el magisterio venezolano no tiene nada que celebrar, porque el Estado vulnera de manera sistemática sus derechos establecidos en la Constitución, en la Ley Orgánica del Trabajo, en Ley de Educación, en el Reglamento de Ejercicio de la Profesión Docente y en las convenciones colectivas.

Desde que llegó Hugo Chávez a la presidencia de la República y le sucedió Nicolás Maduro, la educación venezolana viene sufriendo un ataque sistemático, porque estos regímenes no quieren hombres libres de pensamiento crítico. Para ellos, la formación académica no tiene valor.