Caracas, 19 de enero de 2023.- Los concejales de Primero Justicia en el municipio El Hatillo del estado Miranda, aprobaron un acuerdo en apoyo a los reclamos salariales que vienen haciendo los docentes venezolanos y se sumaron a la exigencia de sueldos justos que garanticen su calidad de vida y la de sus núcleos familiares.

Asimismo, exigieron a las autoridades del Ministerio de Educación, a través de sus Zonas Educativas; y a los funcionarios de gobernaciones y alcaldías, a que respeten a los docentes y garanticen la estabilidad laboral de quienes, con razón, vienen ejerciendo su derecho constitucional a la protesta.

De acuerdo con lo dicho por el edil de El Hatillo Daniel Pérez, todos los venezolanos deben apoyar la lucha “por las justas y merecidas reivindicaciones laborales y salariales de los educadores” e invitó a sus colegas concejales de todo el país y a los diputados de los Consejos Legislativos Regionales, a aprobar acuerdos similares durante las sesiones que convoquen para honrar a quienes con mística, responsabilidad y sacrificio, hoy ejercen la docencia en Venezuela.

En este sentido, los concejales de El Hatillo exigieron al Ejecutivo Nacional “implementar mecanismos que permitan la inmediata y continua actualización del salario de los educadores, estableciendo montos que permitan la dignificación de la labor docente y que los educadores activos, así como los jubilados y pensionados, puedan cubrir sus necesidades materiales propias y las de sus familias”, para que puedan seguir cumpliendo con tan noble labor.

Según el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA), la canasta alimentaria ronda los 400 dólares o 7.988 bolívares, calculados a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Mientras que el salario de un docente ronda los 400 bolívares mensuales, monto que ha disminuido tras la aplicación del Instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), cuya derogatoria también están exigiendo los maestros y profesores universitarios al Ejecutivo Nacional.

Todas estas exigencias vienen siendo planteadas por los sindicatos del magisterio venezolano y federaciones de profesores universitarios, desde hace por lo menos dos años. Sin embargo, hasta la fecha, el régimen de Nicolás Maduro se ha hecho el sordo y ha pretendido callar la válida protesta, aprobando bonos que no superan los 600 bolívares mensuales.

“Ningún educador puede hoy cubrir la canasta alimentaria con el salario que les paga el gobierno. Ellos llevan tiempo denunciando la grave situación económica que atraviesan por la afectación de sus salarios tras la devaluación del bolívar, pero además por el incumplimiento de las demás remuneraciones de ley”, agregó Pérez.

Muchos de ellos ni siquiera devengan lo suficiente para cubrir el costo del transporte público, imposibilitando su traslado hacia sus puestos de trabajo.

Todas estas demandas insatisfechas, además de aquellas resultantes del deterioro de la infraestructura física y las fallas permanentes de los servicios públicos, han motivado a maestros y profesores a tomar las calles de manera pacífica, para reclamar el cumplimiento de las reivindicaciones laborales y sociales, entre ellas el aumento de sus sueldos ajustados a la inflación y las contrataciones colectivas firmadas por el propio Estado.

Los concejales de la tolda aurinegra exigen al régimen nacional, respeto y pronta respuesta a los justos reclamos realizados por los docentes. No pueden ni deben quienes ocupan el poder, dar la espalda a los docentes. Porque hablar de educación, es hablar del futuro de Venezuela: sus niñas, niños y adolescentes.

Y nuestro ordenamiento jurídico consagra el precepto y el principio del interés superior del niño en el artículo 78 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela; en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño; y en el artículo 8 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.