Caracas, 26 de enero de 2021.- La Asamblea Nacional a través de la Comisión Delegada, condenó la destrucción y quiebra de PDVSA, las expropiaciones y la feroz política de control social ejecutado desde el régimen, que ha dejado sin el servicio de gas doméstico a los venezolanos, ocasionando impacto en la seguridad y estabilidad de las familias venezolanas.

Así se desprende del debate realizado este martes en la Comisión Delegada, durante el debate sobre la deplorable condición de prestación de servicio público de gas doméstico en el país y la presunta relación con explosiones que han costado la vida a habitantes del Estado Monagas, así como afecciones respiratorias y fuertes quemaduras por los improvisados fogones con leña.

Inició el debate la diputada por el estado Monagas María Gabriela Hernández, presidenta de la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea Nacional, quien indicó que este deterioro del servicio de gas, sucede en un país que tiene la octava reserva de gas natural en el mundo.

Cuenta con el oleoducto Ulé en Falcón, el criogénico José Antonio Anzoátegui en el oriente y Bajo Grande en el Zulia, tres plantas de fraccionamiento existentes en el país, sin embargo, por la negligencia y abandono del régimen desde el año 2015 solo funciona solo el criogénico de Jóse, que tiene una capacidad de producción de 220 mil barriles de gas propano y hoy solo produce menos de 15 mil.

“En el 2007 que se creó la PDVSA gas Comunal encargada de garantizar, supuestamente, al pueblo el suministro de gas licuado de petróleo su transporte, almacenamiento, envasado y distribución, pero eso no se cumplió, lo que se diseñó fue un entramado control social que involucra el gas doméstico y ejecutado desde los concejos comunales con la farsa e hipócrita concepción que el poder es transferido al pueblo”.

Indicó que desde el 2017 al 2020 se han producido fuertes protestas por la falta de gas, sobre todo en los estados, situación que empeoró este último año y que ha traído la frustración e indignación de los ciudadanos que tienen que cocinar con leña.

Destacó que esta grave situación del gas ha traído consigo otros problemas, como la devastación de bosques, morichales y árboles en las ciudades, incrementando las enfermedades respiratorias y los accidentes domésticos.

“En Monagas la indignación fue mayor, brutal tanto que la presión de la ciudadanía acorraló a las autoridades que ofrecieron solucionar el problema desde la planta de extracción de Gas Jusepín, pero esa planta, según los especialistas, no fue diseñada para producir gas licuado de petróleo, sino para extraer los líquidos de gas natural y enviarlos al criogénico de Jóse para su fraccionamiento debido y desde allí enviarlos a los llenaderos de Monagas y otros estados”, explicó Hernández

Aseguró que para producir gas licuado de petróleo se tiene que adicionar, en el caso de la planta Jusepin, con equipos cromatógrafos, personal especializado en laboratorio para asegurar la composición, para que esté libre de metano y etano, que son los elementos que hacen inestable la combinación del gas, amenazando la presión que puede soportar una bombona.

Otro de los elementos inestables que mencionó la diputada Hernández es que el gas de las bombonas en todo el territorio nacional carece del mercaptano o ácido sulfúrico, que es el que advierte cuando hay una fuga.

“Esto nos lleva al 28 de diciembre de 2020 en el estado Monagas cuando un grupo de pobladores del municipio Piar el caserío Caño de los Becerros, una comunidad humilde, se reunieron en la casa del coordinador del Consejo Comunal, que llevan meses exigiendo una bombona de gas, hicieron combustión 161 cilindros y se produjo una fuerte explosión, arrojando 46 heridos, de los cuales han muerto 6 personas entre ellos 4 menores de edad”.

Agregó que otras tres explosiones por gas doméstico se produjeron en otros sectores del estado Monagas, el 13 y el 19 de enero de este año. “A toda esta tragedia hay que añadirle la económica porque el costo de la bombona es en dólares, porque el régimen destruyó la moneda nacional el bolívar, cuando el salario mínimo de un trabajador venezolano es de 0,67 dólares mensuales”.

Por último, dijo que urge distinguir la mentira del régimen que pretende hacer ver que la desgracia se debe a la presión ciudadana, cívica legítima y no a su cruel proceder. Estima que es importante y urgente la coalición demócrata dentro y fuera del país para cristalizar la voluntad expresada en la consulta popular del pasado 12 de diciembre, de realizar elecciones libres, justas y verificables para recuperar el estado de derecho, las libertades y la prosperidad de la nación.

El régimen acabó con los servicios públicos

Mientras que el diputado por el estado Amazonas Romel Guzamana presidente de la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas, denunció que la dictadura acabó con el suministro del gas doméstico del país.

La población tiene que estar inventando y haciendo maromas para poder cocinar. Ahora los ciudadanos tienen que cocinar con leña, improvisar y depender de mecanismos de combustión muy peligrosos.

Indicó que a lo largo y ancho del país se ven a los ciudadanos cargando con cilindros tratando de adquirir el gas. Lamentó que en el país no hay ningún servicio público que funcione desde que Maduro usurpa el poder.

“La corrupción acabó con PDVSA Gas y el pueblo paga padeciendo las calamidades por culpa de la ineficiencia de este régimen. Esto es parte de la emergencia humanitaria que vive el país, por lo que reclamamos justicia”.

Alertó que el régimen de Maduro regala cilindros de gas a otros países y a los venezolanos padeciendo y cocinando con leña por la falta de gas.

Por último, afirmó que los venezolanos deben seguir protestando y luchando para lograr que se cumpla el clamor de los venezolanos de celebrar elecciones libres y democráticas para tener nuevamente servicios públicos que funcionen.