Caracas, 15 de marzo de 2018.- Ante la no comparecencia del Presidente de la Corporación “Alfredo Maneiro” Hugo Cabezas, la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional, aprobó citarlo nuevamente para el próximo miércoles 21 de marzo a la sede de la instancia legislativa, a fin de que explique lo relativo a la no distribución de materia prima a medios independientes.

La información la suministró el diputado Jony Rahal, Presidente de la comisión, quien señaló que de conformidad a la función contralora que tienen los diputados según lo expresado en el artículo 222 de la Constitución y del 113 del Reglamento Interior y de Debates se inició un proceso de interpelación a los integrantes de la Corporación “Alfredo Maneiro”, órgano público que tiene el monopolio, lo cual es un delito en Venezuela, de la comercialización y distribución de la materia prima para la producción del periódico en el país.

Indicó el parlamentario que hay poca transparencia en el manejo de estos recursos de los venezolanos,  y que se estima que el presupuesto durante el año 2017 fue la cantidad de 10 mil 684 millones de bolívares cuyo precio Dicom promedio durante ese año fue de 9 mil bolívares por dólar. “Estamos hablando  que ellos manejaron más de 593 millones de dólares que no sabemos como fueron distribuidos, y vemos como a la fecha han cerrado decenas de periódicos que son el instrumento fundamental para que el pueblo venezolano se entere de lo que sucede”.

Afirmó que lamentablemente estos ciudadanos no asistieron hoy ante la Asamblea Nacional porque le tienen miedo al pueblo de Venezuela, tienen miedo de declarar porque saben que están sumergidos en la corrupción, saben que están violentando y vulnerando los derechos humanos, que están cercenando la libertad de prensa, la libertad de expresión y que sobretodo están cometiendo delitos de lesa humanidad, al no permitir que los ciudadanos tengan acceso a información veraz es un crimen de lesa humanidad que no prescribe.

Recordó el diputado Rahal que estos delitos no prescriben y son perseguidos en cualquier parte del mundo, agregó que desde la Asamblea Nacional y en vista de la poca voluntad política y de la poca transparencia de ellos, de no rendirle cuenta a los venezolanos será elevada la responsabilidad política a las distintas instancias internacionales, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la OIT, y al Parlamento Europeo que está bien atento a todos los casos de corrupción en Venezuela, a fin de congelar las cuentas de todas aquellas personas que han despilfarrado y desangrado los recursos de los venezolanos.

Explicó  que se pretende investigar  quienes de estos ciudadanos que manejan de manera deliberada centenares de millones de dólares de los venezolanos tienen algunos de estos recursos metidos en Andorra por ejemplo. “Desde la Comisión lo vamos a investigar con mucha fuerza todos los integrantes de la Asamblea Nacional en defensa de la libertad de expresión y la libertad de prensa del pueblo venezolano”.

Destacó el asambleísta que durante la reunión ordinaria de la comisión se acordó emitir un oficio a la Fiscalía para que se realice una  investigación, a objeto de conocer quienes son los demás integrantes de la Junta Directiva de esta corporación, “ ya que no es posible que no se conozca quienes son los miembros de esta Directiva del Complejo “Alfredo Maneiro”, de quienes  son los que comprometen los dineros de la Nación. Agregó que también se giró instrucciones a la Subcomisión de Medios para que comience a instruir un expediente y a convocar a todos los entes involucrados y medios impresos afectados, así como a todos los trabajadores  e inclusive a todos los organismos financieros del Estado de Venezuela, para que informen la cantidad de dinero que se ha otorgado a esta empresa”.

Finalmente el diputado Jony Rahal  reiteró que aunque el Reglamento no lo establece, y se pudiera determinar ya la responsabilidad política, no obstante para seguir fortaleciendo el debido proceso, la comisión citará de nuevo para el próximo 21 de marzo al Presidente de la Corporación “Alfredo Maneiro” Hugo Cabezas, a la sede de la instancia parlamentaria en el piso 5 del Edificio José María Vargas.

Olivia Lozano:Herramienta para limitar la libertad de expresión

Por su parte la diputada Olivia Lozano Presidenta de la Subcomisión de Medios, señaló que ya en otras oportunidades la directiva de la Corporación “Alfredo Maneiro” ha sido citada a la Asamblea Nacional y no ha asistido “porque tienen miedo, porque saben que tienen una gran responsabilidad, porque están violando el derecho a la libertad de expresión, porque a través de esta corporación que fue creada para ejercer presión sobre los medios de comunicación impresos  y evitar que se publique la verdad de lo que sucede en el país, entonces proceden como esbirros del régimen a cercenar el derecho a través de ese monopolio que tienen y que está prohibido por Ley y usan como herramienta para limitar la libertad de expresión”.

Afirmó que la Subcomisión a su cargo asume la responsabilidad de completar un expediente para llevarlo a las instancias internacionales y que se sepa cómo se malversan los fondos y se utilizan para violar los derechos de los ciudadanos a estar informados.

Propuso finalmente la parlamentaria que dicho expediente sea consignado ante la Comisión de Contraloría para que investigue y proceda a denunciar a quien corresponda la situación de la Corporación Maneiro.

Diputado Jairo Bao: Medios afectados en el Zulia

El diputado Jairo Bao al hacer uso de la palabra destacó que en el estado Zulia actualmente hay tres periódicos afectados por la actuación del Complejo “Alfredo Maneiro” a quienes calificó de irresponsables al distribuir la materia prima. Afirmó que se trata de una estrategia del gobierno para que el pueblo no esté informado de lo que sucede en el país.

“Esto nos obliga a seguir investigando todo el trasfondo oscuro que hay en la Corporación Maneiro y que se sepa que es lo que sucede en el país en torno a la libertad de expresión y sobre el derecho que tiene el pueblo de estar informado”.

Aseguró que seguirán cumpliendo con la obligación que les dio el pueblo y recordó que estos delitos de lesa humanidad no prescriben.