Caracas, 18 de septiembre de 2017.- El partido político opositor Primero Justicia (PJ) informó este domingo de la muerte de su concejal Carlos Andrés García, quien se encontraba encarcelado desde diciembre de 2016, y responsabilizó al Gobierno de su fallecimiento al denunciar que no permitió que recibiera atención médica.

En una serie de mensajes publicados en la red social Twitter, PJ dijo que García “fuedetenido ilegalmente por los cuerpos de seguridad” que le sembraron “una suma de dinero en efectivo” en el marco de unas protestas que se registraron en diciembre de 2016 en el estado Apure.

Según medios locales, García se encontraba recluido en la sede regional del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia), después de que funcionarios de este cuerpo de seguridad allanaran su vivienda.

“Estando detenido ilegalmente a Carlos Andrés le dio un ACV (Accidente Cerebro Vascular) y le fue negado cualquier tipo de atención médica”, aseguró el partido, que además afirmó que “solo fue trasladado a un centro de salud cuando ya no había posibilidades de hacer nada para mejorar su salud”.

Además, denunció que hace dos días le habían otorgado “casa por cárcel” y que la orden “no fue ejecutada por los cuerpos de seguridad”.

“Denunciamos al mundo que la muerte de Carlos Andrés es responsabilidad del Gobierno y se suma a violaciones de DDHH”, agregó PJ.

Esta denuncia por parte de PJ, en el que militan los líderes opositores Julio Borges y Henrique Capriles, surge cuando el Gobierno venezolano está en el ojo del huracán de una serie de audiencias internacionales que pretenden determinar si hay motivos para denunciarle ante la Corte Penal Internacional (CPI) por violar derechos humanos.

Murió concejal de Apure, Guasdualito, Carlos Andrés García, detenido desde diciembre del 2016, por no recibir atención médica, según informó el partido político en el que militaba, Primero Justicia (PJ).

A través de su cuenta en Twitter, la tolda amarilla responsabilizó al Gobierno del fallecimiento de García. Al mismo tiempo informó que el dirigente "fue detenido ilegalmente por los cuerpos de seguridad" que le sembraron "una suma de dinero en efectivo" en el marco de unas protestas que se registraron en diciembre de 2016 en el estado Apure (oeste).

Según medios de comunicación, el dirigente político se encontraba recluido en la sede regional del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), después de que funcionarios de este cuerpo de seguridad allanaran su vivienda.

"Estando detenido ilegalmente a Carlos Andrés García le dio un ACV (accidente cerebrovascular) y le fue negado cualquier tipo de atención médica", aseguró el partido, que además afirmó que "solo fue trasladado a un centro de asistencia médica cuando ya no había posibilidades de hacer nada para mejorar su salud".

Además, denunció que hace dos días le habían otorgado "casa por cárcel" y que la orden "no fue ejecutada por los cuerpos de seguridad".

"Denunciamos al mundo que la muerte de Carlos Andrés es responsabilidad del Gobierno y se suma a violaciones de derechos humanos (DDHH)", agregó PJ.