Caracas, 10 de julio de 2017.- El coordinador nacional electoral adjunto de Primero Justicia, Reinaldo Aguilera, aseguró este lunes que la consulta popular convocada por la Unidad Democrática y aprobada en plenaria por la Asamblea Nacional para el próximo 16 de julio “se mantiene”, pese a las amenazas de la rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Socorro Hernández, según las cuales quien propicie consultas sin el aval del organismo colegiado, usurpa funciones y podría ser penado conforme a lo establecido en la legislación electoral.

El representante de la tolda amarilla aclaró que esta decisión se fundamenta en los artículos 62, 70, 333 y 350 de la Constitución Nacional y, considerando que fue activada por el poder legislativo, no requiere de la intervención del poder electoral para su ejecución.

Al igual que lo han expresado otros abogados constitucionalistas como José Ignacio Hernández, Aguilera aclaró a las rectoras del CNE que ésta es una consulta popular sobre una decisión política, no jurídica.

Y amparado en el artículo 70 de la Carta Magna según el cual “Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo social y económico: las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad”, el parlamento llamó a los venezolanos a pronunciarse sobre lo que a todas luces es un fraude constitucional: el llamado a una Asamblea Constituyente comunal, violatoria del artículo 5 que establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo.

“Tanto las rectoras del poder electoral como el propio Nicolás Maduro han dicho que la consulta del 16 de julio carece de validez, mas todos sabemos que quienes están violando flagrantemente la principal normativa venezolana son ellos. Recordemos que el ejercicio de la soberanía popular se lleva a cabo por medio del derecho a la libre participación ciudadana prevista en el artículo 62 constitucional, a través de cualquiera de los mecanismos enunciados en el artículo 70”, explicó el también abogado.

Para Aguilera es primordial no perder el foco sobre la consulta en momentos en que el gobierno busca la manera de desviar la atención del 16J. “Justamente cuando vamos a llevar a cabo la consulta popular, ellos deciden hacer un simulacro de la elección pautada por el organismo electoral para el 30 de julio. Como están desesperados intentan confundir al electorado, pero lo que no han medido aún es la magnitud del rechazo que tienen en la población venezolana”.

Aun cuando el gobierno alegue que la consulta no es vinculante, ésta sí lo será para la Asamblea Nacional, instancia que al final preguntará a los venezolanos: 1. ¿Rechaza y desconoce la realización de una Constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo de Venezuela?; 2. ¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional? y; 3. ¿Aprueba que se proceda a la renovación de los Poderes Públicos de acuerdo a lo establecido en la Constitución y a la realización de elecciones libres y transparentes, así como a la conformación de un Gobierno de Unión Nacional para restituir el orden constitucional?

“Que nadie olvide que hace 100 días, Venezuela se levantó ante el golpe de Estado que Nicolás Maduro urdió a través del Tribunal Supremo de Justicia, el cual se ha venido profundizando en estos más de tres meses”, recordó el jurista.

El voto es un derecho no una obligación

El dirigente justiciero también advirtió sobre los anuncios hechos por el propio Maduro en tanto en cuanto los empleados públicos estarían “obligados” a votar para la Asamblea Nacional Constituyente.

A su parecer, Maduro desconoce la legislación venezolana en su totalidad. De acuerdo con el artículo 63 de la Constitución “El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas…”. Es decir, que para obligar a un venezolano, sea funcionario público o no a votar, habría que modificar la propia Carta Magna. La obligatoriedad del voto quedó eliminada en la Constitución aprobada en 1999.

Pero además, esta decisión arbitraria de Maduro, contraviene la Ley Orgánica de Procesos Electorales en sus artículos 126 y 128, que establecen la voluntariedad del sufragio y su ejercicio individual. Aguilera demandó a las rectoras Tibisay Lucena, Tania D’Amelio, Socorro Hernández y Sandra Oblitas a fijar posición al respecto. “Lo que está haciendo Maduro es completamente ilegal, inconstitucional”, aseveró.

“Ellas son muy buenas para aplicarle el alicate a la oposición, pero fingen demencia cuando la violación de la ley viene del lado del Psuv. La misma LOPE establece en sus artículos 215 y 217 las causales para anular una elección: “Cuando hubiere mediado fraude, cohecho, soborno o violencia, en la formación del Registro Electoral, en las votaciones o en los escrutinios y dichos vicios afecten el resultado de la elección de que se trate” (numeral 2 del 215) y “Por ejecución de actos de coacción contra los electores y las electoras de tal manera que los o las hubiesen obligado a abstenerse de votar o sufragar en contra de su voluntad” (numeral 5 del 217)”, señaló el coordinador nacional electoral adjunto de PJ.

Ya el rector principal del CNE Luis Rondón, fijó posición al respecto y aclaró que los funcionarios públicos deben respetar que el voto es un derecho y como tal nadie puede ser coaccionado para ejercerlo.