Caracas, 30 de enero de 2017.- La diputada a la Asamblea Nacional –AN- por Miranda, Adriana D’Elia, destacó que el proyecto de Ley de Regularización de la Propiedad de Tierra Urbana y Urbanización de Barrios Populares, aprobado en primera discusión el pasado jueves por la AN en la sesión realizada en Petare, busca entregar la titularidad y optimizar la calidad de vida en los sectores populares. “Esta ley le otorga titularidad a todos los venezolanos que han construido su vivienda en barrios populares pero también se refiere a la dotación de los servicios públicos”.

“Tenemos un país que creció y se urbanizó pero la mitad de los venezolanos viven en sectores de viviendas autoconstruidas con servicios precarios y esta ley promueve que los municipios sean los que se preocupen de la regularización de la tenencia de la tierra, entregarle el título de propiedad a los venezolanos, ser dueños de la vivienda significa ser dueño del futuro y sus posibilidades”, explicó en entrevista a Anna Vaccarella en el espacio En Sintonía de Unión Radio.

Para D’Elia, este proyecto de ley ha sido muy cuestionado por el gobierno porque “lo que les interesa es tener a un pueblo sometido, chantajeado (…) Como tampoco les interesó la ley que le otorga la titularidad a los venezolanos de la Gran Misión Vivienda Venezuela porque no quieren venezolanos libres, autónomos que puedan progresar, no quieren una economía que florezca sino un pueblo abatido como nos tienen hoy”.

“Merecemos ciudades en las que no haya diferencias entre un barrio y una urbanización. Todo el mundo tiene derecho a una dirección, a que su vivienda este registrada; necesitamos que esas diferencias se acaben”, destacó.

Explicó que mediante la ley las alcaldías podrán otorgar recursos a los barrios para mejorar los servicios, registrar las viviendas, entregar los títulos de propiedad.  “Esta ley destina los recursos para poder ejecutar y establece los procedimientos a seguir”.

Denunció que, por motivos políticos, los registros de los títulos están siendo obstaculizados por el Ministerio de Interior y Justicia. “Lo vivió Baruta cuando el entonces acalde Henrique Capriles entregaba los títulos de propiedad y lo vive hoy Carlos Ocaríz en Sucre porque los registros se convierten en una traba”.

Lamento que aunque la ley sea aprobada por la AN, probablemente el TSJ la declare inconstitucional “pero aprovechamos la oportunidad para que el debate público enriquezca la posibilidad de que cuando podamos ponerla en práctica ya tengamos una ley debatida y discutida y que sea parte del sueño que nos merecemos los venezolanos”.