Bolívar, 29 de julio de 2016.- El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, afirmó este jueves que la oposición continuará realizando acciones de calle si el Consejo Nacional Electoral (CNE), no anuncia el próximo lunes la fecha de la recolección del 20% de firmas para activar el referéndum revocatorio presidencial.

“Si el Consejo Nacional Electoral el lunes sigue mamándole gallo a la gente, que se atenga a las consecuencias”, enfatizó el mandatario regional durante una caminata en el municipio Heres del estado Bolívar.

Capriles señaló que el recorrido nacional que adelanta la Unidad,  además de preparar a la población para el 20% busca organizar al país para una movilización popular denominada  “La Toma de Caracas”.

“Está planteado que la próxima semana muy probablemente tengamos que movilizarnos desde todos los rincones del país a Caracas. Estaremos haciendo los anuncios en las próximas horas. No podemos permitir que nos roben la solución electoral a la crisis. Más del 80% del país quiere cambio y quiere que haya Revocatorio”, dijo.

Capriles recordó que solo falta un solo paso para el referendo. “Hoy más que nunca tenemos que presionar para tener un cambio político este año”. Asimismo, aseveró que Venezuela es el único país del mundo, donde las personas tienen que protestar para exigirle al ente comicial la realización de un proceso electoral.

Apuntó que si se impide el Referéndum Revocatorio, se podría desarrollar una explosión social. “Sigue corriendo el rumor que dictarán una sentencia contra el revocatorio, una sentencia para robarle la esperanza al pueblo. Ojalá no comentan esa acción temeraria. La paciencia del pueblo venezolano tiene un límite. Nosotros no queremos violencia, pero el estallido social es algo que está presente en todos los rincones de nuestro país, donde la gente está muriendo por falta de medicinas y la desnutrición se profundiza”.

Con respecto, a la resolución 9855 publicada en Gaceta Oficial, la cual establece que las empresas públicas y privadas deben insertar transitoriamente a sus trabajadores al sector agroalimentario del país, el Gobernador de Miranda consideró que es una acción “violatoria” de los derechos humanos, tratados internacionales y de la Constitución venezolana.