Caracas, 16 de mayo de 2016.- El economista y diputado de la Asamblea Nacional, José Guerra, aseveró durante una entrevista para el programa Vladimir a la 1, que la situación económica del país “ha empeorado” considerablemente desde la aplicación del Decreto de Emergencia Económica que solicitó el presidente Maduro.

El parlamentario relató que el presidente Maduro le solicitó a la Asamblea Nacional a principios de enero que le aprobara el Decreto de Emergencia Económica por 60 días y pese a que el Parlamento decidió no ejecutarlo, el Tribunal Supremo de Justicia pasó por encima de las competencias legislativas y no solo lo aprobó, sino que lo extendió por 60 días más.

“El Decreto de Emergencia Económica es un estado de excepción y han pasado 120 días en los que el presidente esta gobernado por decreto en materia económica. Ahora, en los artículos 338 y 339 de la Constitución se establece que estados de excepción tienen una duración de 60 días y pueden ser prolongados una sola vez por 60 días más“, detalló Guerra.

En este sentido, informó que para poder extender el Decreto, se tendría que redactar uno nuevo con otra motivación y presentarlo ante la Asamblea Nacional para que ésta lo evalúe y decida aprobarlo o no.

“EL GOBIERNO QUIERE GASTAR SIN QUE LA AN LO AUTORICE”

“Pero también tenemos que preguntarnos, ¿la situación mejoró con la aplicación del decreto en 120 días? Cuando el Presidente planteó el Decreto a comienzos de enero la tasa de inflación anual estaba en 180%, hoy en día está en 400%. El índice de escasez se encontraba en 25% a principios de año, hoy está en 40% en algunos rubros. La economía caía un 5,7% y hoy la tenemos en casi 8%. Las reservas internacionales estaban en 16.000 millones de dólares, hoy se ubican en 12.000 millones“, enfatizó el economista.

Guerra considera entonces que el Decreto de Emergencia Económica tuvo dos objetivos, “más allá de todo el adorno discursivo”, el primero es permitir que el gobierno pueda gastar sin que la AN lo autorice y en segundo lugar tiene que ver con instaurar la toma de empresas con eso de: “planta parada, planta tomada”.

Al ser consultado por la posibilidad de que el TSJ apruebe la extensión de un nuevo decreto, Guerra aseveró que cualquier acto de administración que implique una decisión financiera de cualquier naturaleza en el marco de ese decreto sería nulo.

“El gobierno estaría actuando por fuera de la Constitución. Aquel ministro que se atreva a estar firmando un acuerdo para el decreto, no siendo éste aprobado por la AN, esas decisiones serán nulas y podría enfrentar juicios y penas de cárcel”.