Sandra Flores: Decisión del TSJ le da un duro golpe a la reconciliación nacional


Barinas, 12 de abril de 2016.- Desde el 2 de julio de 2014, la diputada suplente a la Asamblea Nacional por Barinas, Sandra Flores y su esposo Hernando Garzón, dirigente de Primero Justicia, están en libertad bajo régimen de presentación cada 15 días, por lo que, reaccionaron ante la declaratoria de inconstitucional de la Ley de Amnistía, por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Los esposos Garzón Flores, llevan un año nueve meses y 10 días, esperando que el gobernador de Barinas, Adán Chávez y la ex secretaria de gobierno y excandidata a la AN del PSUV, Keissy Gómez, presenten las pruebas de su culpabilidad, de haber causado una explosión en la oficina de Energía y Minas en la entidad, tal y como lo prometieron en diversas ruedas de prensa.

El proceso judicial sigue contra ellos en el Tribunal Penal Segundo de Juicio de Barinas, sin autorización para salir del país y califican de “irónico” que también se les haya prohibido “explotar” alguna institución pública.

Sandra Flores y Hernando Garzón sostienen que durante 99 días fueron “presos políticos de Adán Chávez”, y tenían cifradas sus esperanzas en la Ley de Amnistía para finalizar de una vez por todas, el juicio que restringe parte de sus derechos.

“Adán Chávez y Keissy Gómez, no han aportado ni aportarán al juicio penal en contra nuestra ni un solo elemento probatorio de los delitos que ellos señalaban tener en su poder y, de esto se trata la Ley de Amnistía, de dar fin a procesos como éste, donde el sentenciador es un gobernador, presidente u otro funcionario ajeno al sistema de justicia, y donde no existen pruebas contra los imputados”, dijo Sandra Flores.

Para la diputada suplente, la declaración del TSJ representa también “un acto cobarde por parte del presidente Nicolás Maduro, quien pretende silenciar y chantajear a todos aquellos ciudadanos que luchamos por el retorno de la democracia y la igualdad de oportunidades en nuestro país”.

Considera que con esta decisión del TSJ se le un duro golpe a la reconciliación nacional, porque el objetivo de la Ley de Amnistía “es dejar sin efecto los juicios penales, sin pruebas fehacientes, que se están llevando a cabo en este momento contra personas totalmente inocentes”.

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