Caracas, 27 de febrero de 2015.- El concejal metropolitano y dirigente de Primero Justicia Caracas,  Ali Mansour, rechazó el incremento en el número de casos en los que jóvenes han perdido sus vidas a mano del hampa, en el Área Metropolitana de Caracas, además de deplorar la muerte de estudiantes producto de la actuación “desproporcionada” de la Policía Nacional Bolivariana, por lo que pidió el Ejecutivo nombrar un nuevo Ministro de Interior y Justicia y la destitución del director de la PNB.

“38 menores de edad han sido asesinados en La Gran Caracas, durante este 2015, esta es una cifra realmente alarmante, además de que el país conoció esta semana la muerte de cinco jóvenes asesinados brutalmente y no vemos acciones concretas. Si la ministra Meléndez no es capaz de dar seguridad a todos los venezolanos debe renunciar a su cargo, al igual que el director de la Policía Nacional Bolivariana”, sentenció el concejal.

Mansour manifestó que tanto la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, como el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, deben intervenir. “Queremos exigirle a la Fiscal General de la República y al Defensor del Pueblo  sea aclarado al país los hechos suscitados recientemente en la Universidad de Los Andes, en los que estudiantes han sido atacados por los cuerpos de seguridad de una forma totalmente desproporcionada, lo que además ha dejado estudiantes heridos”.  

Asimismo, se refirió al asesinato del estudiante Kluiverth Roa, en el Táchira, indicando que la privación de libertad del PNB no es suficiente para esclarecer este caso. Aclaró que el funcionario no usaba una escopeta con perdigones de plástico sino con perdigones de plomo. “Quién lo autorizó para llevar esa escopeta, que no era de perdigones plásticos, como ustedes quieren hacer ver, era de perdigones de plomo, un arma letal que está prohibida por convenciones internacionales” manifestó el concejal dirigiéndose a los organismos de seguridad nacional.

Señaló que en los próximos días entregarán un documento a la Fiscal Luisa Ortega Díaz para que se realicen, de una manera transparente, las investigaciones correspondientes a tales sucesos, se aclare cuál es la intervención que debe ejercer la Policía Nacional Bolivariana en resguardo a los Derechos Humanos de los venezolanos en protestas pacíficas y “la nulidad inmediata” de la resolución 8610.