Caracas, 26 de octubre de 2014.- La Asociación Civil de Alcaldes por Venezuela rechaza categóricamente la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia contra el Alcalde de Sucre y miembro de la directiva de esta asociación, Carlos Ocariz. Dicha sentencia deja al descubierto el uso de la justicia venezolana, por el oficialismo, para atacar a líderes electos de la oposición y le muestra al mundo la pérdida de independencia de los tribunales nacionales.

La persecución contra el Alcalde Ocariz es solo la más reciente prueba de cómo en Venezuela las cortes de justicias se han convertido en arma política para el gobierno central. Ya en Venezuela se contabilizan aproximadamente ochenta y siete (87) presos políticos, sólo en lo que va del año 2014, entre los cuales destacamos los siguientes: Leopoldo López, detenido en la Cárcel de Ramo Verde, Daniel Omar Ceballos, Ex Alcalde electo en el Municipio San Cristóbal,  fue destituido y  condenado a doce (12) meses de prisión en la Cárcel de Ramo Verde;  Enzo Scarano, Ex Alcalde electo en el Municipio San Diego,  fue destituido y  condenado a diez (10) meses y quince (15) días de prisión en la Cárcel de Ramo Verde; acusado de desacato judicial por no haber impedido la obstaculización de las vías públicas.

Por otra parte, tenemos la sanción impuesta a la Alcaldesa del Municipio San Diego,  Rosa de Scarano donde se le prohíbe arbitrariamente las visitas a su esposo Enzo Scarano, durante treinta (30) días, la cual es una evidente violación al derecho consagrado en la Constitución Nacional y el  Código Procesal Penal.

Estas decisiones, junto a otras, muestran el resquebrajamiento del orden jurídico e institucional, el cual sólo responde a los mandatos ordenados por miembros del oficialismo y que funcionan como brazo político del partido de gobierno, violando el respeto a un Estado de Derecho, que contempla la separación e independencia de los poderes públicos, como lo indica expresamente el  artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), que garantiza que los  funcionarios públicos deben estar al servicio de los ciudadanos y no ser instrumentos para la imposición de la voluntad caprichosa de las altas esferas del poder.

En un estado con poderes autónomos, como establece la Constitución, no habría cabida para este tipo de acciones que solo demuestran la inherencia del poder ejecutivo en todos los ámbitos nacionales.

Otra evidencia más de la parcialidad de la justicia venezolana es que actualmente existen un gran número de demandas a distintas alcaldías que esperan sentencia por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), las cuales aún no han sido admitidas y casualmente están  dirigidas por Alcaldes adeptos al gobierno, siendo notorio que el tribunal no ha tenido la misma celeridad y respuesta expedita que aplicó en la demanda contra el Alcalde Carlos Ocariz.

Más allá del uso  ilegal de los tribunales nacionales para propósitos políticos, desde el oficialismo se está realizando una inmensa campaña que destina fondos y recurso humano, para sabotear las gestiones municipales, ocasionando un gran perjuicio al pueblo venezolano, sólo con el fin de cumplir decisiones políticas partidistas que se encuentran muy lejos del bien común, generando un daño emocional, económico y social a los miembros de la comunidad.

La Asociación de Alcaldes rechaza y denuncia la violación por parte del actual gobierno de los derechos previstos en nuestra Carta Magna, la negación reiterada de los derechos humanos, al igual que el lenguaje excluyente y violento utilizado por el Presidente y demás funcionarios del Gobierno contra aquellos venezolanos que no compartimos su proyecto político, en una franca trasgresión al derecho de igualdad y pluralismo político.

Exhortamos al gobierno a  respetar la independencia de la rama judicial nacional y desistir de sus esfuerzos por criminalizar la oposición política en el país.