Los Teques, 22 de julio de 2014.- Cerrar calles completas sin previo aviso, desviar el tráfico vehicular hacia vías alternas inseguras y acordonar manzanas completas con operativos especiales para vender productos o para actos protocolares, es para los dirigentes opositores Roberto Rojas y Sergio Graffe, un “muy mal ejemplo” que vienen dando las autoridades municipales.

Para Graffe, desde hace mucho tiempo los habitantes de Los Teques están siendo “maltratados” por quienes han estado al mando de la Alcaldía de Guaicaipuro quienes, desde su punto de vista, por cualquier motivo partidista o gubernamental cierran calles sembrando caos en la capital.

“Este mal ejemplo oficial está siendo copiado por personas desadaptadas que generan ruidos molestos y consumen licor en las vías públicas o privadas causando extrema incomodidad al resto de los vecinos”, reseña.

Por su parte el concejal de la unidad Roberto Rojas recuerda que desde el año 2.008, el Concejo Municipal de Guaicaipuro sancionó la Ordenanza de Convivencia Ciudadana para regular las relaciones humanas de los habitantes del municipio, pero jamás se han aplicado los 51 artículos de la misma, especialmente los relacionados con los ruidos molestos y consumo de licor en la vía pública a pesar de que están causando graves problemas de convivencia vecinal.

El artículo 3 de esta Ordenanza establece que los funcionarios competentes para aplicarla son el alcalde, los integrantes de la policía municipal y regional, Cuerpos de Bomberos y Protección Civil, Defensoría del Pueblo y los Jueces de Paz; “pero ninguno ha tenido la voluntad política y administrativa para proteger los derechos de las víctimas que son sometidas a la zozobra nocturna y diurna por la violación permanente de esta norma”.

La Ordenanza es bastante completa porque no sólo establece la precisión de las conductas de los infractores sino las sanciones correspondientes, porque tipifica las que se relacionan con los que realicen necesidades fisiológicas en lugares públicos (art. 11), los que arrojen objetos que causen daños a personas y bienes (art. 12), los que perturben la paz social bajo los efectos de estupefacientes (art. 13), los que consumen licor en lugares públicos (art. 14), los que ofrezcan servicio sexual públicamente (19), o incluso los que generen ruidos molestos desde vehículos estacionados o en circulación (art. 27) o los que excedan los límites sonoros permitidos, tanto en espacios públicos o privados. “Pero todo este articulado referente a los infractores es letra muerta porque ninguno se aplica”.

Incluso, el título VII tiene un capítulo dedicado especialmente al tipo de infracciones que se deben aplicar a los que violen esta Ordenanza; que van desde leves a graves y del tipo de multa de acuerdo a la categoría de la infracción; y son de entre 10 a 15 Unidades Tributarias (UT) para las leves (1.270 Bs a 1.905) o trabajos comunitarios por 72 horas; y de entre 20 a 30 UT para las graves (2.540 Bs a 3.810); incluso se eleva la sanción cuando existe simultaneidad o reincidencias.

La Ordenanza también contempla que cuando los infractores son niños o niñas, la  sanción recaerá sobre sus padres o representantes; y cuando se trate de adolecentes, deben ser remitidos e programas de concientización y educación ciudadana, en compañía de sus padres o representantes (art. 10).

“La convivencia ciudadana es un tema de orden público, por tanto entra en la competencia de actuación del alcalde del municipio y es el principal responsable no solo que se aplique la Ordenanza sino de dar el ejemplo para que pueda tener la moral de su aplicación porque hay vecinos que aplican la falsa premisa de que si las autoridades son las que la violan, ellos también pueden hacerlo; y esa circunstancia hace que el problema sea más complejo”, detalla Graffe.

Argumenta que el municipio Guaicaipuro, especialmente su capital, se ha vuelto un caos donde la anarquía está a la orden del día. Hay talleres callejeros, avisos de “no estacionar” al frente de los negocios y residencias privadas que ocupan más del 30% de las calles, la alcaldía permitió que se volvieran a ocupar  los espacios públicos que habían quedado libre cuando la gobernación reubicó a mas de 400 trabajadores informales; pero últimamente han crecido exponencialmente las denuncias sobre ruidos molestos y las “barras de calle”, que generan la intranquilidad vecinal en zonas como El Trigo, Kendall, La Quinta, El Paso, Lagunetica, El Barbecho, la Urbanización Simón Bolívar, Los Nuevos Teques y otras; pero en los sectores populares también está sucediendo lo mismo, porque no sólo se trata de ruidos molestos y consumo de alcohol al aire libre o en espacios privados sino que esas zonas se vuelven más inseguras porque también consumen droga y atracan y asaltan a los vecinos, especialmente por las noches y los fines de semana.