Caracas, 24 de mayo de 2023.- El partido Primero Justicia llevó a cabo el foro virtual “CITGO, realidad, riesgos y retos”, donde se presentó una descripción de los retos que amenazan hoy a la empresa, su origen y propuestas de soluciones, de la mano de personalidades y dirigentes justicieros conocedores de economía y finanzas como es el caso de José Guerra, Rafael Guzmán y Alfonso Marquina.

En la actividad, moderada por la justiciera Karim Vera y que estuvo abierta a la participación de medios de comunicación, se explicó la situación de Citgo evidenciando, de esta manera, el porqué de la realidad que vive actualmente esta empresa y la posición de Primero Justicia ante estos hechos.

Quien dio inicio a esta explicación fue el economista y profesor universitario, José Guerra, quien aseguró que el proceso de endeudamiento comenzó con mucha fuerza en el 2007 con el gobierno de Hugo Chávez ya que el entonces mandatario nacional llevó a cabo un programa agresivo de expropiaciones de empresas como CANTV, Electricidad de Caracas, Banco de Venezuela, entre otras, provocando que se creara un déficit en la gestión fiscal que obligó al gobierno a endeudarse.

“Se recurrió al endeudamiento externo del gobierno y eso es notorio a partir del 2007 que empieza a crecer la curva de endeudamiento. Posteriormente en el 2010 se acentúa la capacidad de endeudamiento y Chávez recurre a PDVSA. Ya el fisco estaba exhausto de deudas, las tasas que pagaba eran muy elevadas y tuvo que mutar hacia PDVSA que era una empresa que no tenía deuda hasta el 2006”, explicó el líder de Primero Justicia.

Dijo que en 2007 la deuda de PDVSA comienza el proceso de endeudamiento que culminó en 2010, cuando se emite el bono pagadero en el 2017, el cual, luego de ver que era imposible de pagar, en 2016 se plantea la renegociación del bono con el nombre de PDVSA 2020 que sería la fecha en la que se cumpliría con el pago de dicha deuda.

“Ese bono fue por 3 mil millones de dólares y fue totalmente en cabeza de PDVSA, de ese monto, mil 500 se asignaron a Rosneft con una tasa de 8.5% y el resto fue lo que se dio en garantía del 50,1 de las acciones de Citgo, ese es el origen del endeudamiento de PDVSA”, aseveró, a la vez que añadió que “lo que ocurrió es que el gobierno agotó la fuente de financiamiento porque expropió tanto que Pdvsa y el gobierno terminaron sobreendeudados y sin poder pagar la deuda.

Por su parte, Rafael Guzmán, abogado y dirigente del partido se refirió a 3 casos específicos como lo son Cristallex, PDVSA 2020 y la última sentencia de marzo de 2023 al frente del juez de la corte federal en Delaware, EE.UU. Leonard P. Stark, la cual ordenó que cuatro acreedores pudieran ir contra PDVSA holding por 2.5 millardos de dólares.

En el caso de Crystallex indicó que se origina en 2011 por decisión unilateral de la CVG de dejar sin efecto su concesión. En este orden, el CIADI otorga en 2016 a Crystallex un beneficio y ordena que la República pague 1.400 millones por daños y perjuicios por rescisión de contrato. Una vez que se toma esa decisión acuden a cortes americanas para cobrar de forma forzosa en caso de que la República no pudiera, voluntariamente, asumir estas obligaciones. La corte del Juez Stark en el 2018 declara que efectivamente hay un alterego en el caso de PDVSA y la República y, efectivamente, pueden los acreedores ir contra los activos en USA, en este caso PDVSA Holding siendo la propietaria del 100% de las acciones de Citgo.

Guzmán dijo que “como el gobierno no cumple voluntariamente el pago, y frente a la presión de la sentencia, en 2018 hizo unos pagos, pero a partir de 2019 dejó de pagar. Estos acreedores insistieron en cobrar y el juez Stark desde 2019 ha venido ordenando cómo hacer la ejecución forzosa, tratando de proteger los intereses de la República como deuda y de la empresa como acreedora”.

Acotó que “efectivamente no se ha podido cobrar ese dinero gracias a las licencias de protección que se han dado desde 2019, que prohíben cobrarse los activos de PDVSA, Citgo y otros activos que están en EE.UU”.

Explicó, además, que la figura del alterego se está manejando en vista a lo que ha venido insistiendo el juez Stark, y es que en el caso de Maduro se prueba que efectivamente PDVSA holding y Citgo son espejos en su gobierno y que dicha figura busca demostrar todas las violaciones en las que ha incurrido.

Acotó que la sentencia salió en mayo de 2019 negando la posición de la República y que, posteriormente, se intentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema que no fue admitido.
“A la fecha, hay una sentencia que no se ha podido ejecutar gracias a una licencia que, lamentablemente, ha sido modificada, instándose a negociar con estas empresas”.

En lo que respecta al caso de PDVSA 2020 dijo que es la única demanda que hace la República en cortes americanas, ya que la ley de Administración financiera permite que este refinanciamiento de deuda pueda ser realizado por PDVSA y el BCV.

“En el año 2016 rechazamos esa operación e instamos al Ministerio Público a que revisara que la garantía estaba dada y que era inviable y dañino para la República. Sabíamos que Maduro no iba a honrar”, dijo.

En el año 2019, la AN, previendo que los acreedores fueran a ejercer la garantía (50,1% de las acciones de PDVSA holding), autorizó pagar los intereses. “El gobierno interino pagó los intereses, dando plazo que se preparara la estrategia de negociación frente al eventual vencimiento del bono y se otorga la licencia de protección de activos de Citgo frente a los acreedores, por seis meses”.

Guzmán indicó que dicha licencia no fue utilizada para entrar en proceso de negociación ya que los abogados alegaron que la deuda es legítima, pero la garantía es ilegal. “Esa demanda la perdieron y en estos momentos hay una apelación en la Corte de Apelaciones de Nueva York. Si no se renuevan las licencias, los tenedores de bonos 2020 podrían activar la garantía e ir contra las acciones de PDVSA Holding”.

En el caso de la sentencia de la corte de 2023 aseguró que se demostró alterego pero por parte del gobierno interino. “El juez Stark hace un análisis extenso sobre el espejo que se crea entre Citgo, PDVSA y el gobierno interino y hace un desarrollo contrario a los intereses de la República. Lamentablemente tenemos esa decisión que está en apelación. Si esa decisión es ratificada, estaremos en presencia de acreedores que harán efectivo 2,5 millones de dólares. Son las tres decisiones que tenemos que enfrentar, deudas originadas en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. La entrega de Citgo y PDVSA Holding a los tenedores de bonos 2020 es obra y gracia de Nicolás Maduro”.

Para finalizar, Alfonso Marquina expuso la propuesta que se realizará desde la Asamblea Nacional en torno a estas decisiones, pero recordó, iniciando su intervención, que quien despilfarró la mayor y larga bonanza de precios petroleros y endeudó al país pasando a PDVSA de una deuda de 3 mil millones a más de 50 mil millones y a la República de 27 mil millones a más de 160 mil millones de dólares fue el régimen.

Marquina dijo que el régimen usó al BCV para financiar los gastos de PDVSA, y han generado una deuda soportada por vales que supera los 15 mil millones de dólares, conllevando a la gran inflación en la que se encuentra Venezuela, por generar bolívares sin respaldo.

“Los venezolanos tenemos claro que el único responsable de esta deuda y de haber entregado a Citgo como garantía a bonistas 2020 es Nicolás Maduro. El gobierno se ha robado los recursos que podían ser utilizados para aliviar la terrible carga que vivimos”, aseveró.

Añadió que “en Delawere hay demandas por el orden de 3.889 millones de dólares. Estos juicios comenzaron hace unos 14 años y la primera decisión del Juez Stark se tomó en 2019. Venir a decir que la culpa es de los diputados es mentir a los venezolanos”.

Prosiguió “el caso más reciente es de los más de 23 mil millones de dólares, entramado de la corrupción de PDVSA, en el que está involucrado El Aissami, con esa cantidad, Venezuela pudo pagar la deuda y hacerse con dos complejos refinadores como Citgo y tener la garantía plena de que el petróleo pesado y extrapesado que sale de Venezuela tenga mercado seguro. Tenemos conciencia plena de la importancia estrategia que para Venezuela tiene preservar un activo como Citgo”.

Dijo que a este tema debe dársele carácter de Estado. “A los venezolanos, indistintamente de la tendencia política, preservar la Guayana Esequiba debe ser un objetivo, así debe ser con Citgo”.

En este orden anunció las propuestas de Primero Justicia ante tal realidad y dijo que este tema se debe llevar a la Mesa de negociación de México, que es la única instancia donde se sientan gobierno y oposición para buscar solución a la crisis, para que allí ambas representaciones exhorten a PVSA holding y PDVSA ad hoc a que traten, de manera conjunta este problema y se busque una solución donde se pueda plantar y generar confianza a los hacer un proceso de renegociación y que los compromisos cumplan, independientemente de los resultados de las elecciones 2024.

“Hacemos un llamado respetuoso al gobierno de EE.UU para que extienda la protección a Citgo, para que se renegocie la deuda y que, pase lo que pase, se cumplan con los pagos. Estamos conscientes de quiénes son los responsables, y de que la AN no negocia, no puede negociar, porque si la AN se involucra también se puede alegar el alterego. Hay una cantidad de empresas que están en cola esperando que se aplique la jurisprudencia para hacerse de las acciones de Citgo. Desde PJ ratificamos que el régimen y los factores democráticos se sienten en México y se reúnan en conjunto con los acreedores. Hay que transmitir confianza y la manera de hacer es que ambos sectores puedan asumir esa responsabilidad de que se van a honrar esos compromisos que legal o ilegalmente se han contraído”, concluyó.