Caracas, 23 de noviembre de 2014.- Hace un mes dos funcionarios de la Policía Nacional le dispararon a otro efectivo de ese mismo cuerpo de seguridad para despojarlo de su arma de fuego en la avenida Río de Janeiro. La víctima pudo defenderse del ataque y lesionó a sus compañeros que fueron capturados cuando intentaban huir.
Esta semana detuvieron a dos efectivos de la Policía Nacional por su presunta vinculación en el homicidio de Georgette Arvelo, escolta del director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Estas situaciones son solo pequeñas muestras de las irregularidades en las que han incurrido en los últimos meses un nutrido grupo de funcionarios que llegan a estos organismos con vicios o que delinquen para obtener algún beneficio. Aunque no se obtuvieron cifras de cuántos funcionarios de la Policía Nacional han sido destituidos por malas prácticas policiales o por la práctica de algún delito o cualquier otra falta que ponga en entredicho su comportamiento, entre Policaracas, Polibaruta, Polihatillo, Polichacao y Polisucre, más de 100 funcionarios fueron despedidos por irregularidades graves en los dos últimos años.
Antes de que la Policía del municipio Libertador (Policaracas) fuese intervenida, a través de un boletín de prensa el organismo informó que fueron sacados de ese organismo 27 efectivos como parte del proceso de transformación del ente y que otros 106 están bajo proceso de averiguación por irregularidades.
En Polisucre, entre 2013 y lo que va de 2014, un total de 38 funcionarios fueron despedidos. Según Adán Vargas, director de la Oficina de Control y Actuación Policial de ese organismo, la mayoría de los despidos responden a extorsiones en las que han incurrido los funcionarios durante el ejercicio de sus funciones. Se han reportado casos de efectivos que piden una cantidad de dinero a un ciudadano a cambio de evitar sanciones por alguna infracción de tránsito o por la comisión de un delito.
"También se ha sacado a funcionarios por presentación de reposos falsos y malas prácticas policiales. Los despidos son evaluados y están sujetos a la gravedad de la falta. Aquellos que se salvan de esta medida son sometidos a un proceso de reentrenamiento, llamado asistencia voluntaria u obligatoria, con el fin de que modifique su conducta", refirió Vargas.
En el municipio Libertador, los comerciantes del casco central con frecuencia denuncian que se ven obligados pagarles a funcionarios para que les cuiden sus negocios, cuando su función es velar por la seguridad de la zona.
Este año en Polihatillo, han sacado a 12 funcionarios. Su director, Reinaldo Mena, informó que hay otros 10 en proceso de investigación que son sometidos a un Consejo Disciplinario que decidirá sobre su permanencia en la institución. "Seha vuelto común la existencia de funcionarios que cobran dinero en los centros nocturnos para vigilarlos, que permisan la comisión de irregularidades por ciudadanos comunes y se convierten en cómplices".
Falta de valores y formación
El comportamiento irregular de estos funcionarios, de acuerdo con Mena, responde a dos factores. Uno de ellos, el entorno familiar: "Provienen de hogares desintegrados, donde hay violencia familiar o crecen sin la figura paterna y por consiguiente, no les siembran valores. Además que la mayoría de los efectivos viven en barrios, rodeados de violencia y eso promueve que tengan un comportamiento agresivo y que incurran en algún tipo de delito", explicó Mena.
A ello, Mena le sumó las fallas existentes en el proceso de captación y reclutamiento. Hay cuerpos de seguridad que por necesidad de aumentar la cantidad de funcionarios, gradúan hasta dos promociones en un año y aceptan a funcionarios que no cumplen con el perfil idóneo para ingresar.
De acuerdo con las leyes que rigen la materia policial, el efectivo debe ser bachiller y estar libre de registros policiales. Además de aprobar las pruebas y las materias del pensúm durante su proceso de formación como funcionario.
A juicio del criminólogo Fermín Mármol García, hay graves falles en el proceso de formación de los aspirantes a PNB y al Cicpc dentro de la Universidad Nacional Experimental para la Seguridad. Además de la carga ideológica, las prácticas sobre el manejo de armas de fuego es muy elemental.
Fuente: El Universal