Caracas, 07 de noviembre de 2014.- El interrogatorio que formularon los expertos que integran el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas a los representantes del Estado venezolano cerró el paso a respuestas evasivas o retóricas. Las debilidades estructurales del sistema de administración de justicia quedaron al descubierto ante la comunidad internacional y se exigieron explicaciones en términos numéricos, información desagregada por casos y medidas específicas para cumplir con las obligaciones voluntariamente contraídas por Venezuela al firmar la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Venezuela deberá contestar hoy.
Jens Modvig, relator para Venezuela, abrió fuegos en el 53° período de sesiones del organismo con el asunto que ha motivado mayor escrutinio internacional: la represión durante las protestas que comenzaron en febrero de 2014.
“Hay alegaciones de que durante los disturbios de febrero hubo más de 3.000 detenciones, y que estas personas fueron desnudadas, amenazadas de violación, no se les permitió tener acceso a un médico ni a un abogado, ni contactar con su familia, y otras alegaciones de tortura. ¿Qué salvaguardas se aplicaron para prevenir la tortura?”, preguntó.
“Se han denunciado muchas más de las 183 violaciones de los derechos humanos y 166 casos de malos tratos oficialmente registrados, ¿es así?, ¿cuántas?”, prosiguió Modvig, que preguntó específicamente por qué no está detenido el funcionario de la Guardia del Pueblo que golpeó a Marvinia Jiménez en Carabobo.
También se refirió a la actuación de grupos de civiles armados vinculados con el oficialismo contra los manifestantes: “¿Cuál es la posición del gobierno con respecto a los colectivos, grupos armados que actúan fuera de la ley oficial, pero que posiblemente estén en coordinación con los agentes de la ley y el orden. ¿Prevén el posible desmantelamiento de esas fuerzas?”.
El relator fue secundado por la experta Sapana Pradhan-Malla: “Algunas mujeres detenidas sufrieron acoso sexual, tuvieron que realizar sexo oral, algunas fueron violadas sexualmente, muchas fueron humilladas por ser mujeres y hubo inspecciones vaginales y anales”.
Pidió conocer las medidas tomadas por el Estado para juzgar a los responsables.
La experta Essadia Belmir se refirió a la militarización de la sociedad, especialmente en la seguridad ciudadana: “¿Están en un estado de excepción o de emergencia, que les imponga utilizar al Ejército y a las Milicias Bolivarianas para mantener la ley? ¿No basta la policía?”, expresó.