Caracas, 20 de octubre de 2014.-La noticia de la detención de seis agentes de la policía científica (Cicpc), sospechosos de ajusticiar a cinco personas, algunas integrantes del colectivo 5 de marzo, en un operativo en Caracas y otras muchas similares ocurridas en los últimos años han podido evitarse si las autoridades hubieran acatado las sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictó por El Caracazo, las desapariciones forzadas de Vargas de 1999 o el exterminio sufrido por la familia Barrios.
Así lo aseguró Francisco Quintana, director del Programa para Norteamérica, el Caribe y la Región Adina del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil); y quien lideró el equipo que consiguió que el juzgado internacional condenara al país por la muerte, a manos de policías de Aragua, de los hermanos Eduardo e Igmar Landaeta en 1996.
"El caso Landaeta evidencia una vez más cuáles son los problemas en materia de Derechos Humanos que deberían ser atendidos para romper ese círculo y evitar que este tipo de crímenes se sigan repitiendo", afirmó el jurista en entrevista telefónica desde Washington con El Universal, al tiempo que recordó que "Venezuela tiene 17 casos ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y siete de ellos tienen que ver con abusos policiales y uso excesivo de la fuerza, en algunos de ellos ha habido tortura y ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes de seguridad tanto militares como policiales".
Aunque reconoció que no tiene muchas expectativas de que las autoridades ejecuten el fallo, en el cual se ordena indemnizar a los familiares de las víctimas y castigar a quienes asesinaron a los jóvenes, a los que hicieron pasar por delincuentes, Quintana advirtió: "Cuando las medidas, los estándares o sentencias de órganos internacionales son cumplidas por los Estados, los índices de violaciones a los Derechos Humanos bajan (...) La agencia contra las drogas de la Naciones Unidas cataloga a Venezuela entre los cinco países con mayor índice de homicidios del mundo, allí hay un indicador de que algo está mal".
Igualmente anunció que exigirán que se cumpla la resolución. "Vamos a pedirle a la Corte que convoque audiencias sobre cumplimiento y se le envíen reportes cada tres o seis meses", dijo, al tiempo que informó que consignarán copia del dictamen ante los juzgados que conocen o conocieron el caso de los hermanos. ¿El motivo? "Los policías, fiscales y jueces podrán guiarse a través de la sentencia para garantizar un debido proceso".
Llaman a no jugar con fuego
En 2007 el Ministerio Público informó que investigaba más de 6 mil casos de presuntos ajusticiamientos y organizaciones de Derechos Humanos calculan que cada año se registran mil en el país. ¿Por qué la sociedad no ha reaccionado ante esta situación? Quintana lo atribuyó a que no está sensibilizada.
"En Colombia había un grave problema con los falsos positivos (campesinos asesinados por militares, quienes los hacían pasar luego por guerrilleros) y hoy la sociedad colombiana está indignada con esos casos, pero cuando empezamos a trabajar en ellos en 2005 era distinto porque la sociedad no sabía de qué se trataba", relató.
No obstante, el experto advirtió a quienes aplauden que un policía o militar asesine a una persona bajo el argumento de que es un delincuente sobre los riesgos que esto acarrea.
"La privación arbitraria de una vida no es una justificación en ningún escenario, incluido una guerra. En casos de guerra hay reglas que se deben respetar. Una muerte violenta debe ser investigada y solamente cuando una autoridad independiente determina que se respetaron los elementos de la proporcionalidad, racionalidad y humanismo la sociedad puede estar segura, pues de lo contrario todos están en riesgo de correr la misma suerte", alertó.
Por último, aunque saludó iniciativas como la reforma policial o la creación por parte del Ministerio Público de un grupo especial para investigar a policías sospechosos de cometer crímenes, el representante de Cejil cree que falta mucho por hacer y que parte de esa hoja de ruta la trazó la Corte IDH.
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