Caracas, 11 de agosto de 2016.- Este miércoles, la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional recibió importantes denuncias por parte del diputado Julio Montoya (Unidad-Apure) con respecto a la asignación de dólares para la compra de alimentos de “importadoras fantasmas” que, según la investigación, los productos no terminaron de llegar al país o se vendieron con sobreprecio. Luego de escuchar la exposición del referido parlamentario se acordó iniciar de inmediato las investigaciones.
Las referidas acusaciones arrojan una presunta malversación de divisas que oscilan los 573 millones de dólares, entregados a 6 empresas importadoras de alimentos a tasa de dólar preferencial entre 2004 y 2012, además, no tienen sede propia, no poseen empleados y todas tienen una dirección física ubicada en el Parque Industrial de Guarenas, relacionadas directamente a Mario Libi Cristani, director principal de Banplus, denunció Montoya.
“La Importadora 4528 se encuentra sometida a una investigación criminal relacionado al uso indebido de las divisas que se le otorgaron; las sospechas empezaron cuando esta firma y las otras 5 tienen como sede la zona industrial de Guarenas y realizaban importaciones de carne, lácteos, pescado y aceite, recibiendo a tasa preferencial la suma de 297 millones de dólares, según Cadivi”, informó Montoya.
El diputado comunicó que la referida averiguación la vienen realizando desde su oficina parlamentaria, sumando datos también del movimiento pro gobierno Marea Socialista, entre otros que apoyaron en su momento al Ejecutivo, pero que también están investigando casos de corrupción.
Las empresas denunciadas por el parlamentario son: Inversiones Pro-image de Venezuela con 148.120.036 $, Distribuidora Pasto Granora 33.911.024 $, Importaciones Millecose 92.036.326 $, Industria y Procesadora de Cereales Improseca 2.573.804 $ y, Representaciones Orval con 2.271.080 $.
Según el diputado, el empresario Mario Libi Cristani también es propietario de varias comercializadoras de alimentos en Estados Unidos, inmobiliarias en Panamá y tiene una gestora de inversiones en España.
El presidente de la instancia, diputado Freddy Guevara (Unidad-Miranda), expresó que una estafa de esta naturaleza es imposible que suceda sin colaboración de altos funcionarios del Estado, aprobando dirigir las denuncias a la subcomisión número uno de la instancia legislativa para profundizar las investigaciones y elaborar un segundo informe para anexarlo al expediente 1651 que tiene que ver con el fraude cambiario.
“Esto tiene dos elementos bastantes repetitivos, el primero de ellos es el modus operandi con una de las mayores estructuras criminales en nuestro país que es la estafa y fraude cambiario, con empresas de maletín en Venezuela y en el exterior que, en complicidad con miembros del Gobierno tenían dólares asignados para generar ganancias propias con sobre precio o dejando de traer esa mercancía, embolsillándose el 100% de las divisas asignadas”, opinó Guevara.
En ese sentido, agregó que lo segundo que aparece en juego son dos figuras “que están como el pimentón”, los generales Carlos Osorio y Marcos Torres, vinculados en su momentos a la supervisión de estas instituciones responsables de aprobar los dólares preferenciales, recordando Guevara que a estos dos funcionarios ya la Asamblea Nacional les declaró responsabilidad política por diferentes razones, “protegidos por el presidente Nicolás Maduro, convirtiéndolo en responsable directo”.
Por su parte el diputado Ismael García (Unidad- Aragua) compartió las palabras de Guevara y emplazó a preparar un segundo informe con estas denuncias e investigaciones para entregar a la Fiscalía, añadiendo que “el problema de fondo de la escasez es la destrucción del aparato productivo y haberse apropiado de 27 mil millones de dólares que eran para la importación de insumos y alimentos”.
Otras denuncias
En otro orden de ideas, la Comisión recibió las denuncias de Pedro Joel Mendoza, presidente del Concejo Municipal del Municipio Iribarren, haciendo responsable al Concejal Alejandro Natera de cuatro casos de corrupción.
El primer caso trata de la presunta omisión de la presentación y aprobación del Presupuesto Público en los años 2014 y 2015 en la plenaria del Concejo Municipal de la referida localidad; la segunda denuncia son los supuestos gastos errados en ejecución de obras y falta de planificación en el ejercicio fiscal 2014, sin proyecto y sin autorización del Consejo de Planificación Pública del referido municipio.
La tercera denuncia trata sobre el presunto daño patrimonial a bienes del municipio Iribarren, por desvío de recursos y, el cuarto caso denunciado, es la falta de rendición de cuentas del presupuesto ejecutado durante los ejercicios fiscales 2014 y 2015.
La Comisión aprobó enviar los casos a la subcomisión número 4 y que se proceda a corroborar y profundizar las investigaciones, para luego darle el curso correspondiente a las denuncias.