Caracas, 22 de julio de 2016.- Luego de la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que anula la sesión del jueves 14 de julio, incluida la aprobación del informe que anula el acto administrativo de selección, designación y nombramiento de magistrados del Poder Judicial, se ha levantado una polvareda jurídica sobre la interpretación de los actos realizados por el Parlamento venezolano.
El diputado Juan Miguel Matheus destacó que en la Asamblea Nacional “no hemos nada distinto a cumplir con nuestras potestades constitucionales y hemos propuesto un cauce concreto para restituir la institucionalidad del TSJ, y eso no supone ni revocatorios de actos ni destitución de magistrados”
Para el diputado, es necesario aclarar los términos de lo ocurrido con el informe y lo que dice el fallo del TSJ: Una destitución de magistrados ocurre cuando se juzga el ejercicio ético de la función judicial por parte de los magistrados, nosotros son hemos hecho eso. Una revocatoria de un acto ocurre cuando la Asamblea Nacional cambia su voluntad respecto a una cuestión que ha decidido, y nosotros no hemos revocado porque no hemos cambiado la voluntad.
“Esta Asamblea lo que está haciendo es revisando sus actos, pues recibimos de la gestión de Diosdado Cabello unos entuertos y sencillamente estamos como Legislativo revisando nuestros actos”, expresó el diputado.
Además, señaló que lo que se ha dicho “es que el acto de designación estaba viciado con unos vicios que son no subsanables y por ello se repone el procedimiento. Se declara la nulidad de ese acto y de sus efectos y se repone el procedimiento para volver a incoar la designación de los magistrados”.
Tanto es así que no es un asunto contra los magistrados en ejercicio, expresó el parlamentario, pues refirió que, por ejemplo, Calixto Ortega tendría derecho a presentar sus credenciales nuevamente, y el Comité de Postulaciones Judiciales será quien decida quienes serán los nuevos magistrados.
Poderes confundidos
El diputado y abogado constitucionalista detalló que “La sentencia dice algo muy grave porque no solo declara la nulidad de la existencia de la Comisión, de la sesión y de la aprobación del informe, sino que remite el propio fallo al Ministerio Público para que este incoe las averiguaciones pertinentes para ver si hay responsabilidades penales de la junta directiva y los integrantes de la Comisión”.
Los diputados de forma individual no somos responsables por los votos u opiniones de actuaciones parlamentarias, aseguró Matheus, quien recordó que existe la inmunidad parlamentaria y ningún diputado puede ser juzgado sin autorización de la Cámara, por tanto estamos muy tranquilos.
“Seguiremos adelante con lo que dice el informe, y sencillamente es una razón más para revocar al Nicolás Maduro porque él es el dueño del TSJ”, recalcó el parlamentario.
La implicación del MP son para posibles responsabilidades penales pero eso no nos preocupa, porque no existe tal cosa como un delito durante el ejercicio de la función parlamentaria, afirmó el diputado por Carabobo. “Cuando nosotros declaramos la nulidad del acto, estamos en el ámbito del derecho parlamentario, del derecho administrativo y constitucional, pero nunca en el ámbito del derecho penal, por lo que jurídicamente es imposible”.
AN sigue
Respecto a la posibilidad de una disolución del Parlamento, Matheus recordó que no existe ninguna posibilidad distinta a los tres votos de censura consecutivos contra un vicepresidente. En caso de que eso ocurra, el Presidente puede convocar unas nuevas elecciones.
“Eso no está planteado porque no ha habido votos de censura contra el vicepresidente, no nos han permitido votos de censura contra los ministros, con lo cual estamos frente a una lucha existencial del Gobierno que pretende atrincherarse dentro del TSJ para seguir defendiendo a Nicolás Maduro, y el pueblo con mucha sencillez le dice que el foco es el referendo”.