Carrizal, 27 de agosto de 2015. Desde el pasado jueves, el presidente Nicolás Maduro decretó estado de excepción en la frontera colombo-venezolana, debido a un presunto ataque paramilitar en el que resultaron heridos tres miembros de la Fuerza Armada Nacional.
A raíz de esto, la Operación Liberación del Pueblo fue desplegada en los municipios del estado Táchira fronterizos con Colombia lo que permitió no solo la detención de presuntos sospechosos, sino que también dio inicio a la deportación masiva y obligada de familias colombianas residenciadas en la zona.
Este escenario para la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales del Concejo Municipal de Carrizal, Mariém Pabón, "constituye un acto de atropello a esas familias que debieron salir del territorio venezolano a través de ríos con sus enseres a cuestas, incluyendo a niños, y esto no puede recibir ningún tipo de respaldo".
Dijo que aunque la medida responde a un plan de seguridad, "no por ello se tiene licencia para arrasar casas, separar familias y deportar a estos hermanos colombianos, muchos de los cuales llegaron al país en medio del conflicto armado colombiano de los 80 y 90".
La edil justiciera sugirió que ambos estados consigan una solución por la vía diplomática y en términos saludables, y "no con políticas improvisadas y usando la violencia verbal, tal como lo ha venido haciendo el Gobierno de Maduro y sus dirigentes”.
“Consideramos que el desalojo debe realizarse bajo las garantías previstas en los instrumentos legales y ajustarse a las normas internacionales. De lo contrario, esto debe frenarse”.
Finalizó instando al Gobierno venezolano a "proteger el derecho a la vida, a la integridad física, al debido proceso y a la protección judicial, aun cuando rige un estado de excepción”.