Caracas, 26 de febrero de 2015.- Legisladores del partido oficialista de Venezuela tomaron medidas para remover a un diputado de la oposición de su cargo en lo que los adversarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro calificaron de una campaña cada vez mayor para silenciar las voces contrarias en este país tumultuoso.
Los aliados del presidente en la Asamblea Nacional, que es controlada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), intentaron expulsar permanentemente a Julio Borges, fundador del partido Primero Justicia, del cuerpo legislativo. Se prevé que la Corte Suprema, que muchos sostienen es controlada por la presidencia, apruebe la petición, como lo hizo en el caso de otro político de la oposición el año pasado.
Sin su puesto, Borges perdería su inmunidad parlamentaria y podría ser investigado por el gobierno, que lo acusa de participar de un complot para derrocarlo. Borges negó las acusaciones.
“Estamos confrontando un gobierno débil y altamente impopular que está recurriendo a la fuerza bruta y la represión para restarle atención a sus políticas fallidas”, señaló Borges en un mensaje. “Sin embargo, los venezolanos ya están al tanto del juego del gobierno. Ochenta por ciento quiere un cambio del existente modelo fallido”.
El suceso ocurre en momentos en que Maduro, que apenas tiene el respaldo de uno de cada cinco venezolanos conforme batalla con una economía que colapsa, ha implementado medidas cada vez más represivas.
La semana pasada, la policía arrestó a punta de pistola a Antonio Ledezma, el alcalde de la oposición de Caracas, por cargos de conspiración. Este mes, ejecutivos de una cadena de supermercados y una farmacia fueron detenidos acusados por el gobierno de acaparar productos y conspirar para crear desestabilización. Asimismo, Leopoldo López, quizás el íder más prominente de la oposición, fue transferido de su celda en la cárcel a una de aislamiento.
Además, el gobierno emitió un decreto que requiere que las personas que reciben beneficios estatales reporten cualquier presunta actividad contra el gobierno a las autoridades.
El gobierno de Venezuela no respondió a pedidos de comentarios.
Las medidas han provocado la protesta de líderes de la oposición y grupos de derechos humanos dentro del país y generado críticas en el exterior.
El martes, la Unión Europea emitió una declaración señalando que “el reciente arresto y detención de Antonio Ledezma es una fuente de alarma”, y pidió una investigación veloz e imparcial. El Departamento de Estado de Estados Unidos también criticó a Maduro por el arresto del alcalde. En España, incluso el líder de Podemos, un partido emergente de izquierda cuyos líderes asesoraron al gobierno de Venezuela, criticaron abiertamente la detención de Ledezma.
“Cada vez están violando más los derechos amparados en nuestra Constitución”, apuntó Rafael Uzcategui, director de Provea, un grupo de derechos humanos con sede en Caracas. “Maduro no tiene la capacidad política para dirigir al país, y cada día se está fiando más del ejército para lidiar con aquellos que no están de acuerdo con su proyecto político”.
Maduro prometió que reprimirá a los disidentes, a quienes acusó de conspirar en su contra.
“Ahora me voy a radicalizar con más fuerza contra la oligarquía parasitaria y especuladora”, dijo en televisión estatal la semana pasada. “Ustedes verán”.
El presidente y sus seguidores han culpado al gobierno de Barack Obama por presuntamente orquestar una campaña de desestabilización con pistoleros colombianos, aliados en la clase dirigente de Caracas y otros “contrarrevolucionarios”.
“La élite que gobierna los Estados Unidos ha tomado la decisión de concentrar todo su fuego, todo su poder, para acabar con la República Bolivariana de Venezuela”, dijo Maduro en su aparición del lunes. Las autoridades estadounidenses han dicho que el gobierno está buscando chivos expiatorios para desviar la atención de la profunda crisis económica de Venezuela.
Más allá de la represión contra los opositores políticos, grupos de periodistas dicen que sus miembros están sujetos a crecientes amenazas y han sido detenidos por tomar fotos de las largas filas que hacen los clientes en los supermercados.
Los analistas dicen que Maduro está batallando para mantener el poder a través de intimidación en anticipación a las elecciones legislativas en diciembre. La galopante inflación del país y la falta de alimentos, autopartes y medicina están alimentando el descontento.
La organización sin fines de lucro Fundepro, con sede en Caracas, que monitorea las detenciones, dijo que había un total de 96 prisioneros políticos encarcelados en este momento y 177 personas han sido arrestadas en protestas en lo que va del año. De los 77 alcaldes electos de la oposición en 2013, 33 están siendo investigados por el gobierno federal, según la Asociación de Alcaldes por Venezuela.
Los economistas privados dicen que la economía necesita reformas urgentemente. Las restricciones a las importaciones han llevado a una amplia escasez. Los controles de divisas han instigado una tasa de inflación cercana al 70% anual, la más alta del mundo.
El gobierno, sin embargo, culpa a empresas privadas por acaparar productos para desestabilizar al país, una acusación que los empresarios rechazan. Lo que nadie contradice es que la situación ha empeorado con celeridad.