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Caracas, 05 de abril de 2023.- Las versiones que intentan difundir desde el poder sobre una supuesta lucha contra la corrupción son por lo menos un mal teatro. Maduro y su círculo quieren convencer a los venezolanos de que ellos en 20 años estuvieron con los ojos vendados y nunca se percataron del enorme mar de corrupción y delito que se mese a su alrededor.
¿De verdad alguien puede creer semejante novela? ¿Maduro nunca supo que en los tribunales, en PDVSA y en las demás empresas del Estado había mafias enquistadas adueñándose del dinero público? Esto es una ofensa a la inteligencia nacional y al derecho que tiene el país a enterarse de lo que ha ocurrido con los recursos del Estado.
El país sabe a cabalidad que Maduro controla los órganos de justicia, que de allí no emana una sentencia sin antes tener el visto bueno desde Miraflores. Lo mismo ocurre en PDVSA, donde toda la directiva de la empresa es designada y avalada por Maduro y su círculo.
Pero dejando eso a un lado, es notorio que hay un sismo dentro de la dictadura. Son más de 40 funcionarios públicos detenidos por hechos de corrupción. Lo increíble es que los verdaderos padres del fenómeno no caen. Maduro y su entorno se mantienen intactos, un hecho que demuestra por un lado el carácter político de esta supuesta lucha; y por otro, la falta de independencia de los poderes públicos en Venezuela.
Lo que sí es cierto y no es nuevo es que Maduro dirige un conglomerado de mafias fracturas. En el interior de la dictadura desde hace tiempo se libra una disputa por el poder. Maduro no es un líder fuerte como simula ser, es el director de una orquesta en la que los intérpretes se debaten si suplantarlo o no.
Este nuevo episodio de lucha interna ha puesto en evidencia que esta dictadura está totalmente podrida y que Maduro se mantiene en el poder repartiendo las riquezas de Venezuela de un grupo a otro para evitar que lo desplacen. El régimen simula armonía y camaradería entre sus representantes, pero en el corazón de la dictadura reinan la desconfianza y la conspiración política.
Hay algo que ha llamado la atención de esta guerra de mafias por el poder y es precisamente que Maduro ha apelado a un nuevo ente para perseguir a sus partidarios. Maduro revive una llamada Policía contra la Corrupción para descabezar a sus adversarios internos.
Este cuerpo de carácter nacional fue creado por el dictador en 2014 y desde allí había estado totalmente dormido, teniendo algunas apariciones esporádicas. Según el decreto ejecutivo, la función de esta policía es “planificar y ejecutar las acciones preventivas, investigativas y operativas contra la corrupción a fin de prevenir, combatir, perseguir y castigar este delito”.
Nada más escueto que esa definición. La verdad es que es un brazo ejecutor de Maduro, que se activa y desactiva dependiendo de sus intereses. La maneja con total discrecionalidad y confidencialidad, tanto así que el propio decreto con el que se originó esta entidad establece que la identidad de sus miembros será secreta. Por si esto fuera poco, quien se encarga del reclutamiento de los funcionarios de este ente es el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), una institución creada por Maduro con asesoría cubana para el control y la vigilancia de la sociedad civil.
Ahora bien, una de las interrogantes de este proceso es por qué Maduro apela a esta policía y no a los cuerpos represivos convencionales de la dictadura como el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) o la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
La respuesta podría tener múltiples ramas. Seguramente, no controla la totalidad de la institución y, por tanto, tenía resistencia interna para su activación en este caso. Sin embargo, la razón de mayor peso pudo obedecer a que el DGCIM o el SEBIN se encuentran señalados dentro de las denuncias de crímenes de lesa humanidad que investiga la Corte Penal Internacional. Es así como Maduro busca restarle interés y enfriar estos cuerpos como una maniobra de estafa a la CPI.
Entonces, algo parece estar claro en todo este entramado: la lucha contra la corrupción es una fachada más de quienes están en el poder para pasarles factura a sus enemigos internos, pero también es una oportunidad para comenzar a diseñar nuevos aparatos de persecución y control político. Solo que, en esta ocasión, quienes sirven de experimento para probar el funcionamiento de estas máquinas de secuestro político no es la oposición, como ha sido durante 20 años, sino aquellos que en algún momento se degustaron el banquete de privilegios y poder con el propio Maduro.
Con lo ocurrido las últimas semanas, Venezuela perdió su capacidad de asombro. Se han esfumado, solo de la industria petrolera, cerca de 20.000 millones de dólares. Una cifra que indignaría a cualquier país, pero si se toma en cuenta que esto se suscitó en uno que presenta una severa crisis humanitaria es todavía más indignante.
20.000 millones que fueron a engrosar las cuentas y el modo vida de unos corruptos, que lo dilapidaron en vehículos de alta gama, mansiones y viajes exóticos por el mundo. Unos recursos que pudieron servir para atender a los enfermos que mueren en los hospitales por falta de insumo o a los niños que padecen desnutrición, terminaron en manos de unas mafias organizadas. Esto no tiene perdón de Dios. Y lo único que demuestra es que la corrupción y la dictadura han sido las causantes directas de la crisis venezolana.