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Caracas, 08 de junio de 2008.- Carlos Ocariz, candidato a la alcaldía del municipio Sucre por Primero Justicia, dijo que el presidente de la república debe destituir al Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Ramón Rodríguez Chacín y al director general de la Disip, Henry Rangel Silva, por haber sido los promotores de la ley de inteligencia y contrainteligencia que el gobierno acaba de retirar después de haber sido publicado en gaceta oficial.Desde una caminata por el barrio Carpintero de Petare, dijo que "Así como echaron para atrás el currículo educativo, el cobro del uso de la señal del estado a los canales privados y ahora esto, demuestra que la fuerza del pueblo está por encima de la arbitrariedad y han obligado al gobierno a parar sus intenciones. Sin embargo, no somos tontos y estamos al tanto que lo hacen como parte de una estrategia electoral de cara a las elecciones regionales para no perder votos y por eso es mejor que lean primero los decretos que firman."Ocariz considera que el gobierno nacional no planifica políticas públicas para mejorar la calidad de vida de los venezolanos, sino improvisa acciones que buscan limitar la libertad de expresión de los venezolanos. Así mismo, indicó que el director general de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), el general Henry Rangel Silva, "jugó posición adelantada", pues admitió que espiaban a los candidatos oficialistas y opositores, especialmente los del municipio Sucre."Nuestro expediente en a DISIP debe ser muy extenso, pues recorremos el municipio Sucre de cabo a rabo desde hace más de 8 años. Sin embargo, esos documentos como que no dicen el drama que a diario viven las comunidades y el clamor por más seguridad. Por eso el gobierno impuso en Petare un candidato importado que garantiza el continuismo del actual Alcalde de Sucre", dijo.Explicó que eso violentaba el derecho a la privacidad de los venezolanos garantizado por la Constitución Nacional. Ocariz propuso que en vez de usar los organismos de seguridad del estado para perseguir a los venezolanos, se ejecute un verdadero plan de coordinación policial entre esas instituciones para sumar esfuerzos contra la inseguridad.